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(www.neomundo.com.ar / Especial por Por Juan Manuel Repetto / SLT/FAUBA) La expansión de la frontera agrícola aceleró la deforestación en la ecorregión del Chaco semiárido, que representa la segunda cobertura boscosa más grande y continua de Sudamérica después del Amazonas, hasta alcanzar un record poco feliz: la mayor tasa de desaparición de bosques nativos de todo el mundo.

En este contexto, un estudio elaborado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierte sobre los desmontes y la aplicación de la Ley de Bosques en Santiago del Estero, la provincia argentina con mayor superficie perteneciente al Chaco semiárido y una de las más perjudicadas por este proceso.

"Durante el período 2000/2012 la tasa de transformación de bosques nativos por cultivos en Santiago del Estero fue mayor a la producida en la ecorregión entera, en Sudamérica e incluso en el mundo", advierte el informe publicado en la página de divulgación científica Sobre la Tierra, en base al trabajo elaborado por Gonzalo Camba, técnico del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la FAUBA, quién investigó el caso en su tesis para recibirse de Licenciado en Ciencias Ambientales.

En total, se calcula que en Santiago del Estero se desmontaron 4 millones de hectáreas en las últimas décadas. Los números son alarmantes: Entre 2000 y 2012, esta provincia presentó una tasa de transformación de cobertura vegetal natural por cultivos y pasturas 13 veces superior a la de los bosques tropicales, 39 veces superior a la de los subtropicales y 45 veces superior a la de los bosques templados de todo el mundo.

"La importante proporción de territorio que representa Santiago del Estero dentro del Chaco semiárido, sus características socioeconómicas, los conflictos territoriales existentes y las particularidades de su legislación en lo que refiere a la conservación de sus bosques, hacen necesario un análisis exhaustivo de los procesos de deforestación y su relación con la Ley de Bosques, particularmente sobre su cumplimiento", detalla el trabajo de la FAUBA, dirigido por el investigador José Paruelo en base a sistemas de información geográfica (SIG).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Sudamérica se perdieron unas 40 millones de hectáreas de bosques nativos durante la primera década del siglo XXI. Los cambios en la región ocurrieron principalmente sobre El Cerrado (Brasil), la selva de Chiquitanos (Bolivia) y el Gran Chaco Americano (que comparten Argentina, Bolivia y Paraguay) y fueron equivalentes al 76% de los desmontes que se produjeron en todo el planeta.

Lo cierto es que hacia 2012 cerca del 20% de la superficie del Gran Chaco Americano se transformó para dar lugar a la agricultura. Según el estudio de Camba, de aquí en adelante se espera que este proceso se intensifique, poniendo en jaque la estabilidad de los ecosistemas y afectando la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales la sociedad obtiene beneficios clave para su bienestar.

Se estima que con tasas similares a las actuales, tomará entre 30 y 100 años para que se invierta el paisaje. O sea, que los cultivos reemplacen por completo las coberturas naturales, compuesta por bosques y pastizales. Por esta razón, desde la FAUBA piden aumentar los esfuerzos en la aplicación de la Ley de Bosques.

En 2007 se sancionó la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (Ley Nacional N° 26.331), a partir de cual le tocaba a cada provincia elaborar su propio ordenamiento territorial, caracterizando sus bosques nativos en zonas de alto, mediano y bajo valor de conservación.

Según los investigadores de la FAUBA, la categorización de bosques elaborada por las provincias del noroeste argentino habría resultado inconsistente, debido a que la información ambiental utilizada fue pobre y escasa. Además, las provincias del NOA interpretaron de forma diferente los criterios de sustentabilidad y zonificaron sus bosques de manera dispar. Por ejemplo, se asignaron categorías distintas a bosques a ambos lados de los límites provinciales, teniendo en cuenta sólo los aspectos políticos y no los ambientales o ecológicos.

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