| Control de agroquímicos: la ordenanza de Cañuelas podría extenderse a toda la Provincia |
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En los próximos dos meses el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, podría firmar un decreto para prohibir la aplicación de agroquímicos en todos los municipios de la provincia, siguiendo los lineamientos generales de la ordenanza convalidada en Cañuelas en junio de 2010. Así lo anticipó el ministro de Asuntos Agrarios y candidato a diputado Nacional, Gustavo Arrieta, durante una entrevista que mantuvo en el programa de radio “Sobre la tierra” de la Facultad de Agronomía de la UBA (Radio UBA).
"Es un decreto de avanzada y contempla muchísimo el cuidado ambiental y los intereses de la producción agroecológica", sostuvo Arrieta, quien además confirmó que en el decreto se mantendría uno de los puntos más resistidos de la ordenanza cañuelense: la prohibición de fumigar en un radio de 2 kilómetros alrededor de poblaciones. “Si no existe ningún tipo de modificaciones, la decisión política del gobernador es avanzar en el mismo sentido”, dijo. Y agregó: “Se busca que el sujeto rural, que por ahí tiene una extensión de campo más grande, entienda que es condición irremplazable que todos tengamos un mayor grado de conciencia, que ponga en equilibrio el interés económico con el sanitario, el medio ambiente, la calidad de vida de nuestra gente”, añadió.
Esta semana El Ciudadano se comunicó con el ministro para solicitar los detalles de la futura norma. Si bien se comprometió a responder a través de su jefe de Gabinete, el veterinario Juan Angel Cruz, al cierre de esta edición los datos no fueron suministrados.
Mientras tanto, las declaraciones de Arrieta ya levantaron polvareda entre las entidades vinculadas a la producción.
“No estamos en contra de la regulación y el control; al contrario, estamos totalmente a favor de una regulación, pero pedimos que se haga de una manera técnica, no ideologizada ni política” disparó el presidente de la Sociedad Rural de Cañuelas, Pablo Bustillo, quien no dudó en afirmar que si la Provincia copia la ordenanza local “se van a equivocar y van a generar mucho malestar en los pueblos productivos, porque van a provocar más problemas que soluciones”.
En opinión de Bustillo, la ordenanza cañuelense “mete a todos los agroquímicos en una misma bolsa, cuando no es lo mismo un herbicida que un insecticida o un fertilizante. Es un tema técnico que requiere una discusión técnica. El gran cuco es el glifosato de Monsanto. Todos se centran en eso y entonces la discusión de ideologiza y pierde el rumbo. Hay productos que pueden ser mucho más tóxicos, como las líneas para jardinería, que se venden en cualquier supermercado sin ningún tipo de control”.
En el mismo sentido se manifestó Alberto Giuliano, el presidente del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos, entidad que nuclea a unos 40 profesionales de la región. “La cuestión central es el tipo de producto que se utiliza y cómo se aplica. En la localidad de Godoy, Provincia de Santa Fe, hicieron una ordenanza mucho más práctica que la de Cañuelas, porque todos los actores del tema intervinieron en su elaboración. Incluso se estableció que antes de una aplicación debe concurrir un profesional para determinar si existen las condiciones adecuadas para fumigar. De esa manea se evita el daño que provoca la exoderiva por viento u otras condiciones. Además, se realizaron capacitaciones para que la fumigación se realice con un tamaño de gota adecuado impidiendo que el producto sea arrastrado por el viento fuera del lote sobre el que se pretende aplicarlo”.
EL DEBATE DE LOS 2 MIL METROS
La ordenanza aprobada en Cañuelas en 2010 establece una franja de 2 mil metros alrededor de las poblaciones y cursos de agua, dentro de la cual no se puede aplicar herbicidas. Ese es uno de los puntos más resistidos por los productores, ya que excluye una gran cantidad de hectáreas cultivables.
“La ordenanza no guarda ningún sustento técnico, ningún estudio que me diga que está bien. Establecer 2 mil metros de exclusión es caprichoso. Lo importante es cómo se aplica un herbicida o qué tipo de agroquímico se va a utilizar, porque yo puedo estar aplicando mal a 2 mil metros y estoy haciendo más daño que aplicándolo a 50 metros y bien. Además, que alguien me explique de qué va a vivir una persona que hoy tiene una chacra productiva dentro de los 2 mil metros”, indicó Giuliano.
Bustillo puso el ejemplo de una normativa similar aplicada en la Provincia de Entre Ríos. “Los productores que estaban cerca de los pueblos ya no pudieron fumigar más, entonces tuvieron que empezar a criar vacas, pero como se las robaban, optaron por vender la tierra. El problema es que al estar alcanzadas por estas normas, las tierras pierden valor y nadie las quiere comprar. La gente que tenía un capital ya no lo tiene y tampoco puede producir”. En consecuencia, el ruralista abogó por una discusión técnica que involucre a organismos serios, como el INTA y a los consejos profesionales.
Paradójicamente, en los últimos meses la ONG Asamblea por la Vida Cañuelas viene protestando porque el subsecretario de Medio Ambiente, Horacio Asprea, no aplica la ordenanza de 2010 en el territorio local. El argumento del funcionario es que el texto de la normativa es demasiado rígido para poder cumplirlo de manera efectiva.
EL DOBLE DISCURSO
El titular del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos, Alberto Giuliano, explicó que en Lobos se logró firmar un acuerdo entre la Sociedad Rural, la cámara que nuclea a los fabricantes de agroquímicos, la Provincia y la Municipalidad para hacer una disposición responsable de los bidones y envases provenientes de la aplicación de agroquímicos.
“Después de un triple lavado el productor entrega esos envases que se guardan en un silo especial con suelo impermeabilizado. De allí son retirados por una empresa especializada autorizada por la OPDS (el organismo ambiental de la Provincia). Con esto quisimos lograr una correcta disposición del plástico y evitar que se reciclara para hacer juguetes”, sostuvo Giuliano.
El problema es que los bidones se acumulan durante meses. “Le tenemos que pedir por favor a la OPDS que la empresa los venga a retirar”, lamentó Giuliano. |
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