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Jorge Solmi: “Están avanzando con un modelo de agricultura sin agricultores, en las últimas décadas. También se está haciendo agricultura sin tierra, lo demuestra la hidroponia. Pero no puede hacerse agricultura sin semillas, no hay forma”. “La situación es cómo nos damos una normativa que nos permita pensar de acá a veinte años. Para los pequeños y medianos productores es importantísimo este tema. Desde la Federación Agraria no nos quedamos sólo en el reclamo. Desde 2014 que tenemos presentada una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que aún no se ha resuelto. Como entidad gremial, elaboramos uno de los nueve proyectos que hay en el Congreso Nacional para tener una nueva ley”. Ricardo Garzia: “Pedimos que haya diferenciación en el uso propio gratuito, con excepción para productores que superan una escala de tonelaje. Es indispensable también que se incluya en el texto la declaración de orden público, la inderogabilidad e invalidez de cláusulas contrarias. Creemos que un sistema de encadenamiento contractual ilegal ha forzado a toda la cadena comercial a pagar un canon de producción por insumo que solamente participa en el 9 por ciento del costo de la hectárea. Con respecto a la excepción para el fitomejorador, se debe mantener como en la ley actual. Adonde exista patente, debe haber derecho al uso propio. Con la compra de la semilla debe quedar claro que se agotan los derechos de propiedad intelectual. También hablamos de licencias obligatorias, para obtentores y titulares de patentes, como forma de defendernos del proceso de concentración del mercado de semillas”. “Como reflexión final, comparto una cita del Papa Francisco, quien dijo que ‘cuando el capital se convierte en ídolo, arruina a la sociedad y destruye al hombre, a quien convierte en su esclavo’. En este sentido, desde la Federación Agraria Argentina creemos que es central que la Ley de Semillas contenga a los productores. Aquí se habló de productividad, de cantidad de hectáreas, pero yo les puedo contar que la cantidad de semilleros era cinco veces más y la cantidad de productores era el doble. Por eso nos preguntamos, todo esto para quiénes es. Y si hablamos de un marco jurídico de inversiones para la Argentina, por otro lado, no podemos como Estado siendo funcionales a los que están contraviniendo hoy hasta el propio marco jurídico vigente en la Nación”.