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Daniel Scioli envio a la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de Presupuesto provincial 2015 y su ley impositiva, que regirán el próximo año electoral. El texto diseñado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, contempla gastos por $ 246 mil millones (36% más respecto de 2014), un crecimiento de los fondos tributarios de origen provincial del 33%, amortizaciones de deuda por $ 21 mil millones y una solicitud de autorización para endeudamiento público por $ 19 mil millones. Este último rubro creció el 34% respecto del pedido de endeudamiento impulsado por Scioli para este año, y que se topó en parte con el revés de la Argentina en Estados Unidos en la puja con los holdouts, con el consiguiente freno a la colocación de un bono bonaerense por u$s 500 millones en el exterior. Ese incremento refleja además el alza del tipo de cambio oficial -del 6,33 de 2014 al 9,45 para 2015- y la necesidad de la provincia de enfrentar el año que viene el vencimiento de un bono por $ 1.050 millones. La norma tributaria, por su parte, determina un aumento del 30% en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural que permitirá recaudar fondos extra por $ 3 mil millones, aunque descontadas las transferencias a municipios y otras afectaciones les quedarán a las arcas provinciales entre $ 1.200 millones y $ 1.500 millones. No habrá, en rigor, cambio de alícuotas, sino retoques en el coeficiente de corrección en el caso del Rural, y del valor fiscal -se actualizará el 10,5%- y del coeficiente de corrección en el caso del Urbano. A fuerza de la reacción del agro y de la oposición, el año pasado no prosperó el intento de Scioli de cosechar para 2014 una suba del 18% en ambos inmobiliarios para financiar gastos en seguridad. El incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural ya generó un foco de tensión con el agro, que tildó a la medida de "inaceptable" en un comunicado emanado en las últimas horas desde la Comisión de Enlace de las entidades agropecuarias de Buenos Aires (SRA-CARBAP-Coninagro-FAA). En paralelo, en el proyecto de ley se define una corrección en el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (se modifica el concepto de exención existente, pasando de facturación a valuación patrimonial, por tratarse de un impuesto patrimonial intergeneracional). También se propone una suba de la alícuota de taxi aéreo al 3,5%, una disminución de las alícuotas de Ingresos Brutos al transporte escolar (se las iguala a transporte de pasajeros) y la eliminación de la exención de Ingresos Brutos a la compra de combustibles por parte de aeronaves y embarcaciones. Además no serán tocadas las escalas del Impuesto a los Automotores, y se impulsa una instancia previa a la etapa judicial para deudores "pequeños" de impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor). Se trata de un régimen especial de facilidades para "evitar la profundización de acciones coactivas de recupero de deuda en unidades económicas familiares, en pymes y/o comercios".