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Foro legal y técnico sobre fitosanitarios
28-10-2016
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Información enviada por: CIAPC

Más de un centenar de ingenieros agrónomos participaron del primer Foro de Intercambio y Actualización para Asesores Fitosanitarios, que se llevó a cabo el 27 de octubre pasado en la Sociedad Rural de Villa María, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bajo el lema "Agroquímicos: desafíos para el ejercicio profesional responsable", el eje estuvo puesto en la actuación de los asesores fitosanitarios. La demanda social requiere un fuerte compromiso de los ingenieros agrónomos en este campo de acción que se sostiene con el cumplimiento de la Ley 9164 (de productos químicos y biológicos de uso agropecuario) y las ordenanzas municipales correspondientes. La jornada comenzó con la disertación del Lic. en Ética Teológica Gabriel Melo de la Universidad Católica de Córdoba, que se refirió a la simetría entre la vida profesional y la vida personal en términos de comportamientos éticos. "Nuestra vida profesional y nuestros ámbitos de decisiones personales no pueden estar disociados. Mantener una simetría es utilizar el mismo criterio de decisión en un ámbito que en el otro, lo que no significa resolver de la misma manera en todos los espacios, pero sí que los principios para nuestro accionar sean los mismos", puntualizó. La ética es un valor que ordena las acciones de las personas y determina hábitos, "es el juicio que hacemos sobre nuestro actuar. Obrar correctamente va a ser cada vez más un requerimiento empresarial porque brinda beneficios, no solo económicos. Ejercer buenas prácticas éticas comienza a ser una exigencia", señaló el Lic. Melo. El Ing. Agr. Mario Romero, de la Comisión de Honorarios del Colegio, explicó los fundamentos de creación del CIAPC que dan un marco legal para el ejercicio de la profesión. Destacó las actividades del Colegio en el control y mejoramiento de las condiciones del ejercicio profesional a través de la promoción de leyes o tareas registradas, resguardando a los colegas ante eventuales conflictos, por un lado; y optimizando los honorarios profesionales, por otro. En representación de la Comisión de Agroquímicos del CIAPC, el Ing. Agr. Matías Aparicio brindó un panorama de lo que implica ser, en la actualidad, asesor fitosanitario: "Como asesores somos responsables de lo que prescribimos. La Ley 9164 cambió el paradigma y continúa haciéndolo. Ya no es el productor quien decide la prescripción sino que es el ingeniero agrónomo, y tenemos que poder tomar la decisión más adecuada considerando sociedad, ambiente y producción." Destacó además la importancia del diagnóstico como primera medida, que necesariamente implica la visita al campo. El Ing. Agr. Guillermo March expuso sobre el 2,4D y sus características de volatilización y deriva que fueron el fundamento de su reciente prohibición en toda la provincia. Durante su presentación hizo una serie de recomendaciones para optimar las aplicaciones y uso de fitosanitarios, entre ellas: usar productos de baja volatilidad para evitar la deriva; variar en los productos a aplicar y no insistir siempre con lo mismo. "Cuando se hace una aplicación hay que contemplar a los demás cultivos que están y se pueden afectar", indicó March. La actuación profesional sigue siendo el aspecto más importante en materia de fitosanitarios. En este sentido, el Ing. Agr. Guillermo March puntualizó: "La efectividad de las nuevas tecnologías depende de que las usemos correctamente y que no cometamos los mismos errores." En este mismo sentido presentó su disertación el Ing. Agr. Ulises Gerardo, quien coincidió con Guillermo March en que el 2,4D y dicamba son productos complicados por su alta volatilidad. Explicó también de qué manera se puede mejorar la deriva física. El Dr. Carlos Arrigoni, asesor legal del Colegio de Ingenieros Agrónomos, presentó uno de los temas más debatidos del encuentro: las instancias de responsabilidad civil y penal en relación a la prescripción de agroquímicos. Una importante consideración a la hora de confeccionar la receta fitosanitaria es la legislación vigente en el lugar. Si hay ordenanza municipal o comunal, es la que hay que tener en cuenta. Si no hubiera, las condiciones son las expresadas en la ley provincial. Admitió que después de diez años de funcionamiento, la Ley 9164 requiere de una revisión y actualización, conforme a determinados cuestionamientos que han surgido de su aplicación. "No obstante, si hoy se cumple lo que dice la ley provincial o la ordenanza municipal correspondiente, no hay inconvenientes de tipo legal", aclaró. En relación al ejercicio profesional de los asesores fitosanitarios, el Dr. Arrigoni fue contundente a la hora de recomendar: "Vayan al campo, diagnostiquen, no receten a ciegas. Los asesores técnicos de expendios que recetan a ciegas están jugando a la ruleta rusa. El empresario puede querer vender pero ustedes deben preservar la profesión. No seamos temerosos, los temores y miedos vienen de la ignorancia, y ustedes son profesionales capacitados para hacer lo que hacen." El Ing. Agr. Daniel Cavallín, presidente del CIAPC, describió un complejo escenario relativo al uso de los fitosanitarios: "Éste es un tema conflictivo por donde se lo mire. Desde el punto de vista social, generador de grandes conflictos que abrió brechas entre sectores que históricamente convivieron en paz. Desde el punto de vista ambiental, aún hoy no están definidos muchos aspectos referidos a la toxicidad, la residualidad, los efectos en humanos, etc. Desde lo legal hay organismos como el SENASA que deben ponerse al hombro tareas como el registro de productos para determinados cultivos como el caso del maní, la papa o el garbanzo. Desde el punto de vista agronómico, estamos teniendo serios problemas en lograr determinados controles (no solo en malezas, sino en insectos, hongos, etc.) que otrora eran sumamente sencillos, generando también problemas en lo económico. Desde el punto de vista profesional, estamos con dudas que se derivan precisamente de vacíos o malos entendidos que se desprenden de lo legal." También hizo alusión a la declaración de interés público de la carrera Ingeniería Agronómica, que implica responsabilidades y desafíos al momento de ejercer la profesión: "Esta declaración se basa en que dentro de nuestras actividades reservadas está la conservación de los recursos naturales y la protección de la calidad de los alimentos. Dos cuestiones íntimamente ligadas a la prescripción profesional de agroquímicos y que, por lo tanto, requieren de nuestra máxima formación, para que cada vez que vayamos a realizar tal tarea profesional sea con la mayor seguridad posible de que no estamos incumpliendo con ninguno de esos conceptos por los cuales somos de interés público." Para culminar, y refiriéndose a la gran cantidad de actividades que hoy -por ley- requieren de la presencia de un ingeniero agrónomo, manifestó: "Está en nosotros, en nuestra lucha, que hoy se pongan en marcha, a través de la exigencia y la fiscalización de los poderes públicos, todas estas leyes que no solo van a dar trabajo a muchísimos ingenieros agrónomos sino que también le va a dar sentido a nuestra profesión calificada de interés público, que es proteger los recursos naturales y la calidad de los alimentos."

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