Si bien la Provincia aún no fue notificada por la Corte sobre la demanda de un particular pampeano por el caudal de ese río, el mandatario provincial se reunió con funcionarios de Irrigación y otras áreas afines para coordinar las acciones a seguir.

El Gobernador Francisco Pérez encabezó esta mañana una reunión para coordinar el equipo de trabajo que defenderá los intereses de la Provincia en el conflicto por el río Atuel.

En el encuentro participaron funcionarios del Departamento General de Irrigación (DGI), los Ministerios de Infraestructura y Secretaría Legal y Técnica, junto con miembros de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, y sirvió para definir los pasos a seguir respecto a la demanda que un particular pampeano presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Mendoza por el caudal de ese río.

Si bien la Provincia aún no fue notificada sobre la resolución del máximo tribunal nacional (lo que podría ocurrir esta semana), y recién en ese momento comenzarán a correr los 60 días hábiles que tiene el Ejecutivo para contestar los requerimientos de la Corte, el mandatario provincial ya instruyó a su equipo.

El organismo judicial nacional pedirá información sobre el convenio que suscribieron en 2008 ambas provincias. En este caso, la posición del Gobierno será que el convenio mencionado no ha sido ratificado por la Legislatura, y que por ende no tiene ningún tipo de vigencia.

El Ejecutivo incluirá entre sus respuestas el amplio plan de obras que realizó Irrigación para la optimización del uso del agua y la crisis hídrica que afecta a Mendoza desde hace cinco años.

La demanda

El abogado pampeano Miguel Palazzani interpuso una demanda en el máximo tribunal contra la Provincia de Mendoza por el caudal del Río Atuel. Si bien el letrado presentó un amparo ambiental con medida cautelar, la Corte Suprema rechazó ambos pedidos y abrió un proceso ordinario.

El organismo judicial desestimó el amparo que pedía que Mendoza cesara en las actividades que generan disminución del caudal del Río Atuel Inferior. Pero además dejó sin efecto la medida cautelar que exigía que la Provincia garantice un mínimo caudal fluvial en ese río, por considerarla prematura.

Una vez que la Provincia de Mendoza sea notificada, el Ejecutivo tendrá 60 días hábiles para contestar.