Durante su discurso en la Sesión Plenaria de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en La Habana, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner llamó a “intensificar las políticas de desarrollo con agregado de valor” y destacó: “Nuestra región cuenta con recursos naturales sin precedentes, una alta capacidad de producción en alimentos, excediendo, en este último caso, las necesidades a cubrir de nuestras propias poblaciones, y sin embargo subyace el tema de la desigualdad”.

En ese marco, destacó para Latinoamérica “el poder que tenemos como mercado de 600 millones de habitantes”, e instó a que nuestras materias primas tengan valor agregado, “porque si no vamos a estar construyendo una segunda dependencia, más profunda y estructural, y menos perceptible pero más definitiva, como lo es la dependencia tecnológica”, dijo la presidenta.

Conocemos estos conceptos, porque hace tiempo que desde la Federación Agraria Argentina bregamos por agregar valor en origen, esta ha sido una de nuestras banderas irrenunciables. Pero justamente por eso podemos decir, con conocimento de causa, que ante un auditorio compuesto por periodistas y mandatarios de numerosos países, nuestra presidenta dio un nuevo paso en su “construcción del relato”. Porque en la práctica, tras once años de gobiernos kirchneristas, las políticas y decisiones oficiales han ido en contraposición a lo expresado por Cristina Fernández de Kirchner en Cuba.

Cuando habla de “no caer en una dependencia tecnológica”, bien podría transmitirle ese mensaje a los funcionarios de su gobierno, que están prestos a enviar al Congreso de la Nación el proyecto de ley que les permitirá a las empresas cobrar canon por la utilización de las semillas cosechadas para la siembra por los productores, modificando el actual derecho al uso propio que tienen los agricultores, y dejándolos a merced multinacionales del sector, como Monsanto.

Si fuera cierta la voluntad de agregar valor en origen, hubiera impulsado cambios en el esquema hiperconcentrado de la comercialización de granos en el país, dominado por multinacionales exportadoras a los que ha vuelto a transferir en estas horas más ganancias por vía de la devaluación.

O hubiera en esta última década -que el oficialismo insiste en llamar “ganada” y desde la Federación Agraria decimos que ha sido “desperdiciada”- implementado políticas de segmentación, en lugar de permitir el avance de los pooles de siembre sobre los pequeños y medianos productores agropecuarios. ¿Alguien duda en este contexto que los silos bolsa están en manos de estas grandes empresas y no de los chacareros, que ya liquidamos toda nuestra cosecha, para pagar compromisos?

Nuestra presidenta mencionó que la Argentina tiene una “alta capacidad de producción en alimentos, que excede las necesidades de nuestras poblaciones”. Pero no explicó por qué, con la política agropecuaria implementada de 2003 a la fecha, el país ha caído en volúmenes de producción de trigo, se ha estancado en la elaboración de carne y leche, o los pequeños productores de las economías regionales están en situación terminal. Lo único que ha crecido con el actual modelo es el monocultivo sojero a gran escala, que es –por cierto- el que menor valor agregado de valor en origen y empleo genera.

En los últimos años, hemos solicitado numerosas audiencias y espacios institucionales, para poder hablar con las autoridades sobre todos estos temas. Pero lamentablemente, el gobierno ha elegido no dialogar con los pequeños y medianos productores que representa hace más de cien años la Federación Agraria Argentina.

Si tuviéramos ámbitos para plantear nuestras demandas, nos gustaría volver a proponer a la presidenta de la Nación, por ejemplo, que haya una segmentación de las retenciones. Entendemos que una parte de lo recaudado por derechos de exportación podría ser utilizado para promover el desarrollo, para generar planes que realmente agreguen valor en origen, más allá de los discursos. Los pequeños y medianos productores, en forma individual o asociativa y/o cooperativa, podrían ser protagonistas de esta política, en los pueblos del interior, mediante la generación de más de cien mil puestos de trabajo, en forma inmediata.

Cuando por el contrario, el “valor agregado” está como ahora en mano de las multinacionales, de fideicomisos financieros o grandes empresas dedicados a la integración vertical de la cadena, no genera desarrollo inclusivo, ni garantiza una mayor distribución de la riqueza. Por el contrario, genera concentración de la actividad en pocas manos.

Si utilizáramos y volcáramos una pequeña parte de las retenciones, hacia pequeños y medianos productores, dispuestos a generar valor agregado en origen, transformando sus granos en carne o leche, diversificando su producción, aumentando la mano de obra laboral a utilizar, industrializando su producción primaria en forma asociativa o cooperativa, la Argentina podría generar mayor crecimiento, pero con desarrollo inclusivo. Desde la Federación Agraria nos hemos cansado de pedir que haya “una producción, con más productores”.

Además creemos fundamental crear un fondo proveniente de las retenciones de productos regionales, que se vuelque en forma directa a los productores de esas economías extrapampeanas, garantizando la producción, un margen razonable de rentabilidad para el mismo y asegurando el fortalecimiento del mercado interno.

Por todo esto, señora presidenta, volvemos reiterar algo que hemos dicho en numerosos ámbitos: “Podemos ser parte de la solución, antes que un enemigo a vencer”.