FUERTE MALESTAR EN ROJAS POR EL AUMENTO DEL INMOBILIARIO RURAL

Rechazamos el aumento de la alícuota del Impuesto Inmobiliario Rural de un 80 % promedio y de hasta el 120 % en 28 de 134 municipios.

Cuestionamos, por falta de seriedad, realismo y estudio, la zonificación propuesta para la regionalización del aumento de la alícuota del impuesto inmobiliario rural. Hay lugares donde existen graves problemas climáticos (en algunos casos desde hace muchos años) y se encuentran dentro las zonas incluidas en el aumento del 120 % de la alícuota del inmobiliario.

Recordamos a los funcionarios -de mala memoria- que en el 2003 se formalizó un aumento general de las valuaciones fiscales rurales que se tradujo en aumentos en el impuesto inmobiliario de hasta el 80 % respecto del 2002.

Nos oponemos el aumento del impuesto porque -entre otras cosas- a los que más perjudica es a los pequeños y medianos productores, dado que no se incluiría el tamaño y las posibilidades contributivas de las explotaciones para su aplicación. Esto acentuaría la regresividad del sistema. El aumento sería en forma lineal siguiendo los importes de la última facturación.

Denunciamos la falta de compromiso de parte de los funcionarios provinciales para que el próximo año no avancen sobre un aumento del revaluó, lo cuál se sumaría al aumento de la alícuota. Además tendría efectos sobre otros tributos que paga el productor.

Expresamos que es una mala señal para una política “publica” de desarrollo la reducción del presupuesto para el Ministerio de Asuntos Agrarios del 6,5 % y para el Ministerio de la producción del 12 %.

Declaramos un gran contrasentido -agravando todo lo anterior- que se prevea cambiar el destino de la recaudación del impuesto inmobiliario rural quitándole una porción a los municipios, aumentando del 50 % al 65 % el porcentaje que se quedará la provincia del mismo. Además, ni antes ni ahora se permiten a las entidades a que participen del control de los dineros que reciben los municipios para obras de caminos rurales y obras hidráulicas, salvo honrosas excepciones.

Nos oponemos al vaciamiento del fondo compensador de mantenimiento y obras viales que se forma con el 25 % de lo recaudado del impuesto en cuestión, el cual se reduce al 12, 5 %.

Manifestamos nuestro total rechazo a las facultades extraordinarias que se le pretenden otorgar a la Dirección Provincial de Rentas. Es arbitrario e inconstitucional que esta Dirección se pueda quedar con la totalidad de los ingresos de los productores (vía embargos de distintas cuentas de los productores con deudas ante el fisco). De aprobarse nos preguntamos: ¿De qué va a vivir un pequeño productor?; ¿Con qué pagara los gastos e insumos de su explotación?.

La voracidad fiscal sobre el sector agropecuario no tiene límites. Se superponen tributaciones municipales, provinciales, y nacionales: impuesto al cheque; retenciones. ganancias; tasa municipales y guías (que prometen ser mayores para el próximo año, dado que se las coparticipa menos de la recaudación del impuesto en cuestión); aumento del impuesto inmobiliario rural.

Cuando se toman estas medidas sin consulta y sin distinguir los diferentes actores y situaciones que hay en el campo, hay que tener en cuenta cuál es el contexto de esta medida.

Nosotros venimos diciendo que no todo el campo es lo mismo. Hoy el sistema productivo argentino tiende a la gran escala, al uso de altas tecnologías, a una mayor productividad, que para ser rentables en la producción de commodities se necesita bajar costos. Pero los que están en condiciones de bajar costos son los grandes empresarios del sector. Esta medida va en la dirección de presionar aún más sobre la vulnerabilidad del pequeño y mediano productor.

Por todo esto y ante el claro rechazo de todos los sectores directamente involucrados, solicitamos que se revea esta medida y que se convoquen a las entidades de las producción a discutir las mismas, apelando a las convicciones democráticas y al dialogo que es indispensable para el futuro de nuestro País.