Federación Agraria Argentina señala con suma preocupación el atropello institucional y la abierta falta de vocación democrática con el que el gobierno bonaerense cerró el 2005, coronado por la actitud acrítica de la mayoría legislativa que hizo de simple levantamanos del Poder Ejecutivo para aplicar un incremento impositivo sin debate previo ni argumentos valederos, en contra aún de claros mensajes de la sociedad civil por cuyo mandato debe gobernar.

Tanto el Ministerio de Asuntos Agrarios, como el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Ismael Passaglia, y los distintos bloques legislativos tuvieron señales inequívocas de estar a punto de gobernar en contra del pueblo. No obstante, hicieron caso omiso.

Hubo numerosos intendentes de partidos y municipios del interior bonaerense que se expresaron en contra del aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, conscientes de que ello atentaba contra la médula de sus respectivas economías locales. Sobretodo, porque los productores pequeños y medianos son los primeros en sufrir el impacto de estos ajustes impositivos, sencillamente porque su escala no tiene el resto suficiente que sí tienen las grandes explotaciones para absorber estos lastres fiscales.

Hubo consenso de las entidades gremiales del agro para discrepar con la pretensión del gobierno de Felipe Solá.

Sin embargo, parece que el gobierno bonaerense no valora la expresión de los pueblos del interior y de las organizaciones que representan a los productores agropecuarios. Y aunque sí lo hiciera, al menos un debate de posturas hubiera sido la digna y normal confrontación de intereses en la vida democrática.

Pero no. El gobierno bonaerense no dialogó con las instituciones de la sociedad civil a su cargo. No dio debate, porque tampoco tuvo argumentos sustentables para explicar porqué en 28 partidos se incrementó este gravamen en un 120%. Tampoco lo quisieron hacer los levantamanos de la Legislatura.

El campo contó sólo con el cabal apoyo de las bancadas opositoras. Y nada más.

Error estratégico

No pueden alegar que se trató de una actualización. En el 2003 ya hubo un revalúo fiscal que derivó en aumentos de hasta el 80% del Inmobiliario Rural (IR).

Hoy, el reajuste del 120% de alícuota abarca a regiones donde persisten graves problemas climáticos. En el partido de Balcarce se pagaba en concepto de IR $18,22 por hectárea; ahora será $40,09/ha. Pehuajó pagaba $12,13/ha y ahora abonará $26,69/ha. En Trenque Lauquen se pagaba $10,01/ha y con este aumento se pagará $22,03/ha.

El promedio del incremento redondea un 80% en los 134 municipios de la provincia. Esto implica que el gobierno recaude por este concepto $575 millones; 261 millones más.

La vara que el fisco usó para subir el IR en general ha sido el precio de la soja. Como si la provincia de Buenos Aires tuviera la oleaginosa en todo su vasto territorio. Además de erróneo y perjudicial para quienes se dedican a otra actividad agropecuaria no sojera, el criterio es una falacia estrategia: desalienta la diversidad productiva. Es un pelotazo en contra para los que apostaron al maíz, al trigo o los que intentan recuperar la ganadería.

A tono con este incremento, vale denunciar la reducción de presupuesto de los ministerios de Asuntos Agrarios y de la Producción, y de la decisión de quitarles a los municipios un 15% de lo que venían recibiendo en concepto de coparticipación del Inmobiliario Rural.

Las cosas por su nombre. Los números de la administración bonaerense no cierran, y por eso nuevamente se ha echado mano al recurso menos imaginativo, más regresivo y recurrente: aumentar la presión impositiva en los sectores productivos.