La Nación 06-01-2023 - Gabriela Origlia CÓRDOBA.- Este viernes habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación por el conflicto que desde hace un mes afecta al puerto de Rosario. La terminal está paralizada, según coinciden diferentes sectores empresarios, que estiman en 1500 contenedores los frenados. La conciliación obligatoria dictada por Trabajo vence a las 0 de este jueves, pero las partes acordaron seguir las negociaciones.

El problema es entre la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). “La industria no es parte de esto, sino rehén -dice Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) a LA NACION-. Nos preguntamos hasta dónde llega la posibilidad de una medida de fuerza; una cosa es la tensión entre las partes y otra la afectación y los daños a terceros”.

El conflicto viene desde el inicio de diciembre. Se originó por los despidos ordenados por la concesionaria de TPR que, además, descontó del salario días de huelga y subió de 6 a 8 horas la jornada laboral. En las reuniones mantenidas, la empresa reincorporó a algunos agentes, mejoró la oferta salarial y retrocedió con la prolongación de jornada. Hay cinco empleados sin reincorporar. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron a LA NACION que “hubo avances y se continuará negociando”.

El diario La Capital da cuenta de que uno de los empleados que figura en la lista de despedidos se encadenó hoy al portón de acceso a la terminal y amenazaba con prenderse fuego si la empresa no daba marcha atrás con las cesantías. La situación motivó un operativo especial en la zona.

Funes de Rioja insiste en que el conflicto está afectando “seriamente la producción”. La UIA estima en 1500 los contenedores frenados; más de 700 con carga industrial. “Una parte de eso impide que se reanude la cadena de valor de la industria automotriz, farmacéutica, de la alimentación -describe-. Por el tiempo que lleva, hay degradación de la mercadería y son fortunas las que se pierden por eso, por el pago de la estadía y también porque se para la producción”.

Otro aspecto que remarca es que, en algunos casos, se necesitará “volver a hacer la importación, para lo que no solo el proveedor debe estar disponible, sino que hay que superar también los trastornos que estamos teniendo para importar”.
Funes de Rioja dijo que la industria "quedó de rehén" del conflicto.
Funes de Rioja dijo que la industria "quedó de rehén" del conflicto.

César Aybar, secretario general del SUPA, plantea que en TPR hay “desidia y falta de inversión” que llevan a que las terminales portuarias que explota no estén en condiciones. “No puede seguirse tolerando, puesto que pone en peligro cierto al puerto de Rosario, a sus trabajadores y a la actividad que el sector presta”, indica.

“Se ha complicado todo -aporta Elsa Marinucci, desde Transmodal-. Se generan extra costos muy importantes que no se pueden absorber”.

Desde el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) indican que vienen realizando intimaciones a la concesionaria para que cumpla con las condiciones del contrato en lo que hace a inversiones y mantenimiento. A TPR -LA NACION intentó comunicarse, pero no tuvo respuesta- le quedan nueve años de concesión de los muelles estatales en Rosario. Emplea a 600 personas.

Juan Arloro, de la empresa de logística Almar Rosario, indicó a este medio que las importaciones y exportaciones están sin operar desde el inicio del conflicto, “lo que genera costos extras muy altos”. Por ejemplo, lo que llega desde afuera va a Zárate con “costos adicionales, en especial en transporte terrestre que aumentó 120% en un año. Un flete terrestre entre Zárate y Rosario cuesta más que desde el norte de Europa a Rosario”, grafica.

TPR es una sociedad integrada por el operador chileno Ultramar y por la argentina Vicentín; los chilenos ingresaron con el 30% del capital y los argentinos se hicieron cargo de la parte comercial. Hubo negociaciones para extender la concesión, pero en 2020 quedaron en la nada. Fuentes privadas indicaron que la inversión necesaria ronda los US$100 millones.

En la primera semana de diciembre, el Enapro desplazó de su directorio a TPR y la reemplazó por la concesionaria de los muelles VI y VII del puerto, la empresa Servicios Portuarios (Sepor).
Gabriela Origlia