Revista Puerto 16-11-2022 - Roberto Garrone Dolores Moya asumió hace poco más de un año como directora Nacional de Fiscalización y Cumplimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), tras la muerte del dirigente Mario Cafiero.

Asegura estar al tanto del movimiento cooperativo en la industria pesquera de Mar del Plata, de lo bueno y de lo malo. “No hay que esquivar el debate”, dice sentada en una silla de plástico en los jardines del Hogar Unzué, donde llegó para entregar matriculas a distintas cooperativas, incluso a una de pescadores artesanales.

“Uno de los problemas más grandes que tiene el cooperativismo es que lo que se da a conocer, lo que se hace famoso es lo que está mal. y eso hace que no se cuide la genuinidad del sector”, señala a la sombra de un árbol, mate y termo en mano.

REVISTA PUERTO: Pasa que muchos usan el cooperativismo en la pesca como pantalla para precarizar trabajadores. Y con las que funcionan como tales el Estado tampoco las reconoció como legales prestadoras de servicios y el sindicato tampoco las reconoce.

DOLORES MOYA: Empezamos a avanzar en este esquema, no solo de lo que creemos sino de lo normativo. Sabemos que falta normativa adaptada. La Ley de Cooperativas el año que viene cumple cincuenta años y está pensada en la prestación de servicios públicos. Ha sido una deuda histórica la regulación de la ley de cooperativas de trabajo. Tenemos un proyecto elaborado a partir de todos estos años que venimos caminando junto al sector. Es necesaria una ley que contemple al trabajador asociado, que lo contemple no solamente en términos filosóficos sino también en términos de sujeto de derechos y tributarios, cuál es la carga, quién tiene la obligación de garantizar los derechos. Abordar la realidad del cooperativismo de trabajo implica un debate que necesita leyes específicas.

RP: Habla de cosas pendientes y es claro que también sigue estando pendiente un mayor control y fiscalización sobre las que funcionan fuera de las leyes y representan una competencia desleal para quien tiene trabajadores registrados.

DM: Creo que hay un avance hacia la genuinidad, que no es sencillo. Es un proceso complejo donde se requiere de una articulación con otros organismos como la AFIP que pueden tener un rol activo en el control. Estamos dando herramientas para que las cooperativas puedan ordenarse y acceder a su matrícula en treinta días. Eso ha llevado a miles de trabajadores que se han asociado, regularizado de manera plena. Lo que nosotros tenemos que laburar es en la fiscalización. Hay que avanzar con fiscalizaciones más fuertes, no de nosotros que tenemos que ver con los libros, principios y valores, sino con el resto de los organismos.

RP: ¿Cuántos fiscalizadores dispone actualmente el INAES?

DM: Hoy son veinticuatro en todo el país. Son pocos, lo sabemos, pero por eso lo que hicimos fue digitalizar el sector. Comenzamos a construir una matriz del riesgo y una fiscalización inteligente. De manera digital, porque no hay otra manera. Hay que cruzar datos duros, genuinos. Esto antes no existía. Además, convocamos a una moratoria de documentación. A veces las cooperativas con principios y valores más activos son aquellas a las que les cuesta cumplir. Los más ordenados muchas veces no cumplen con los valores y misiones.

RP: Con el plan de facilidades que han impulsado para generar la matricula, ¿advierten un crecimiento de las cooperativas de trabajo en Mar del Plata?

DM: Enormemente. En todo el país y en Mar del Plata también. Ya no hay excusas para no estar debidamente formalizados. Creemos que la matrícula es un derecho y así lo garantizamos. En este tiempo hemos entregado más de dos mil matriculas a nivel nacional. Toda esa constitución ya está generando datos de alerta hoy. Antes, si una persona constituía cuatro o cinco cooperativas y era el mismo presidente, nadie lo sabía. Hoy esa información ya está volcada en un sistema informático que tiene una matriz de riesgo, ya hay cruzamiento de alerta y se puede fiscalizar in situ y avanzar en el retiro de autorización para funcionar, más las acciones jurídicas e impositivas que quepan por malversar la figura cooperativa.
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