Revista Puerto 10-11-2022 - Karina Fernández La Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados está trabajando desde hace dos años en la futura ley de trazabilidad para los productos de la pesca. Durante ese proceso fueron convocadas ONGs pero no el sector pesquero, al que recién se lo participó el mes pasado, una vez que el texto borrador estaba concluido. De todas formas, los empresarios agradecieron que se los haya convocado antes de elevarlo a la Cámara, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, como en el caso de las Áreas Marinas Protegidas. En esa primera reunión las cámaras y los gremios marítimos presentaron sus críticas a los proyectos y el martes pasado se recibió a funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y SENASA para tomar conocimiento del sistema de certificación de trazabilidad que ya existe, que se ha digitalizado y se ha incorporado unificado en la normativa pesquera. Los diputados aseguran que la información será incorporada para evitar los problemas burocráticos y legales que puede generar la duplicación de normas.

El pasado 20 de octubre la Comisión de Intereses Marítimo recibió a representantes de gremios marítimos y de las cámaras empresarias para que hicieran críticas y aportes a los proyectos de ley sobre trazabilidad en el sector pesquero

Los representantes gremiales se mostraron conformes con las propuestas de los diputados coincidiendo en que el acceso a la información de capturas y decomisos les permitirá tener un mayor control. Juan Navarro, secretario de Pesca del SOMU, señaló que permitirá transparentar al sector fresquero costero, “que muchas veces no declara las capturas”, puntualizó. Haciendo a la vez una diferenciación con las empresas exportadoras que, dijo, no tienen ningún problema con la trazabilidad y vienen aplicándola desde hace años, por lo que consideró sería importante simplificar el sistema para no aumentar la carga burocrática.

Precisamente esa fue la principal y unánime crítica del sector empresario a los proyectos de ley sometidos a debate. “Tenemos que concentrar en un solo mecanismo los trámites de certificación de trazabilidad”, pidió Darío Sócrate, represente de CAPA, haciendo referencia a la recientemente publicada Disposición 26 que regula al sector en esta materia.

“Desde el año 2008 existe el certificado de captura legal en la pesca argentina” señaló Ayelén Fortunato, representante de ALFA-CAPEAR; y se quejó de que, debido a la falta de coordinación entre los diferentes estamentos del Estado, deben cargar hasta cinco veces los mismos documentos en cada operación. “Que Argentina sea el primer país con certificado de captura legal digital no es solo obra de quienes ocupan cargos hoy en Pesca sino de todo el sector”, señaló.

La crítica técnica a los proyectos estuvo a cargo de Otto Wöhler en representación de CAPECA pero unificando el pensamiento de las demás cámaras. En primer lugar, hizo referencia a la existencia de un sistema nacional que persigue el mismo fin que se busca alcanzar con esta ley.

“La trazabilidad es una consecuencia de una fiscalización previa que termina materializándose en la devolución de un documento por parte del Estado, que es el certificado de captura legal”, dijo haciendo referencia a lo que ya existe, pero además indicó Wöhler que “este feedback no se encuentra en los proyectos presentados”.

También se refirió a la doble imposición de sanciones en las que se podría derivar, como así también a la aplicación de la condición de reincidente. Finalmente apuntó a la necesidad de que se logre coordinación entre los distintos organismos del Estado para conseguir un sistema federal y único. Los diputados prometieron incorporar esta información para realizar correcciones en los proyectos y tomar conocimiento de los mecanismos adoptados por el Ejecutivo.

El martes pasado la Comisión volvió a reunirse, esta vez para escuchar a Julián Álvarez en representación de la Subsecretaría de Pesca, que sintetizó el recorrido realizado en materia de trazabilidad por esta cartera.

“Contando con una base federal de datos (el SIFIPA), y teniendo un certificado de acreditación de captura legal digital, lógicamente ya avanzamos sustancialmente en la materialización de la trazabilidad pesquera en nuestro país”, señaló Suárez.

Respecto de la nueva Disposición 26 que homologó el sistema federal de información pesquera, sistematizando la trazabilidad de los productos pesqueros, subrayó que “propone conocer, fehacientemente, desde la captura, el procesamiento, el almacenamiento y la posterior comercialización en el mercado interno como así en el internacional, la trazabilidad de los productos y los subproductos para la venta”. Precisó que la obligatoriedad de cumplimiento cobrará vigencia el 25 de diciembre, y la Subsecretaría, órgano fiscalizador y regulador, contemplará a toda la cadena de valor, la cual debe estar incluida en el Registro de la Pesca, creado por la Ley Federal de Pesca”.

El funcionario adelantó que los técnicos informáticos de su área ya trabajan en la capacitación de sus pares de SENASA y Aduanas Provinciales y Nacionales para la puesta en marcha de esta herramienta. Por su parte, Alejandro Fernández, referente del SENASA, ratificó la existencia de un trabajo conjunto y señaló que ya cuentan con datos de elaboración, que tiene su propio sistema de certificación y de permisos de tránsito, “datos fundamentales para aportar al Sistema de Unificación de Pesca que tenemos previsto”.

Concluyendo la reunión, el diputado Carlos Selva, autor de uno de los proyectos aseguró que “esta ley no burocratiza más la temática, y por eso le pusimos Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca, justamente, en torno al esfuerzo mancomunado de la Subsecretaría, de SENASA, de los distintos actores de la cadena, para unificarse en base a la reglamentación que disponga el Ejecutivo, y bajo una ley marco que permita el ordenamiento del sector”.

Concluidas las convocatorias, la diputada Zuvic dijo que se está teniendo “una mirada estratégica respecto de nuestros recursos, fundamentalmente, de la plataforma marítima argentina, que es esencial para el país” y anticipó que “el día 17 de noviembre, posiblemente, nos reuniremos para sacar dictamen; porque vamos a llevar esto al recinto, y va a ser ley”.

Lo que más destacaron los diputados en las conclusiones fue que esta será una ley antigrieta, porque todos trabajaron de forma conjunta y están de acuerdo en el objetivo perseguido: “Estoy orgullosa del trabajo de los diputados, porque, efectivamente, acá no hay cuestiones partidarias; está por delante el interés nacional”, dijo en coincidencia con los diputados de la oposición la presidenta de la Comisión, Mariana Zuvic.
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