Revista Puerto 13-10-2022 - Karina Fernández Desde la Dirección de Parques Naturales, dependiente del Ministerio de Ambiente, se convocó a las empresas pesqueras a participar de un taller virtual con miras a discutir el plan de manejo para el Área Marina Protegida Banco Burdwood, designada por ley en 2013. La falta de precisión en la redacción del plan de gestión que establece la categorización del AMP ha generado preocupación entre las empresas que explotan merluza negra en esa zona dado que se ha especulado con impedir la actividad. También han mostrado preocupación las autoridades provinciales que, a pesar de estar afectadas directamente, no han sido convocadas. Sobre la falta de evaluaciones de impacto socioeconómico, de datos científicos del ecosistema y sobre lo que consideran una incomprensible estrategia de ocupación soberana, hablamos con los representantes del sector empresario Tomás Gerpe y Mauro Zamboni, como así también con la ministra de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego para conocer sus puntos de vista.

En el país contamos con dos Áreas Marinas Protegidas, Banco de Burdwood y Yaganes-Namuncurá; solo la primera cuenta un plan de gestión a partir del cual se estableció la zonificación, determinando en qué zonas no se pude realizar actividades de ningún tipo y en cuáles se puede, indicando puntualmente estas últimas.

Para Tomás Gerpe, exsubsecretario de Pesca de la Nación que hoy se desenvuelve en el sector privado en la empresa Estremar, existe un error de base, dado que se estratificó el AMP sin contar con valores de referencia que permitieran saber “desde dónde se partía y a dónde se quiere llegar para poder establecer un plan de manejo y cumplir con los objetivos desde el punto de vista ecosistémico”.

Mauro Zamboni, apoderado legal de Argenova, señala que han sido ellos quienes solicitaron

a Parques Nacionales la confección de un plan de manejo que atendiera particularmente la actividad pesquera sobre la merluza negra, pero advierte que quedaron muy preocupados por la posibilidad que sopesa el Ministerio de Ambiente de prohibir la pesca en el AMP.

El lunes 3 de octubre se tuvo una primera reunión en la que los tenedores de cuota de merluza negra plantearon sus inquietudes, ya se ha pautado para el lunes 17 un segundo encuentro y es probable que antes de esa fecha las empresas y las funcionarias de Ambiente realicen una reunión para tratar de clarificar límites impuestos en el plan de gestión del AMP: “Hay una gran confusión. En la zona estricta no se puede hacer nada, ni investigación, pero en el parque marítimo se establece que no se puede hacer ninguna actividad salvo turismo, sin embargo, luego dice que con un plan de manejo puede haber pesca. Hay una contradicción que debe aclararse”, señala Tomás Gerpe.

Tanto el representante de Estremar como Zamboni se han mostrado preocupados por la falta de convocatoria a las autoridades provinciales y han solicitado a la Dirección de AMP que para para la próxima reunión se participe a los funcionarios de Santa Cruz y Tierra del Fuego, dado que la decisión que se tome impactará directamente sobre la economía provincial, afectando a miles de trabajadores. “Nosotros tenemos planta en tierra, varias unidades productivas y pretendemos en el corto plazo darle valor agregado a la merluza negra, con lo cual para nosotros es fundamental seguir pescando”, indicó el representante de Argenova.

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, lamentó que no se les haya convocado: “No tenemos una participación activa en la discusión y análisis ni desde lo ambienta ni desde lo productivo, estas decisiones son muy importantes como para no integrar de forma fehaciente y profunda a todos los actores”.

La Ministra se apura a aclarar que tiene una postura a favor de la protección del ambiente, pero considera que, “es necesario discutirlo porque no se trata solo de preservar, sino de saber cuál será el abordaje productivo. Es necesario contar con datos concretos y científicos sobre la problemática del área y recién ahí tomar una decisión”.

“Son decisiones neurálgicas en una provincia con consecuencias importantes, porque nosotros recibimos regalías por la merluza negra y la pesca tiene un perfil social con generación de puestos de trabajo en nuestro territorio. Es preocupante para nosotros la falta de convocatoria porque nos encontramos con decisiones que nos afectan que se toman en Buenos Aires”, señala la funcionaria y confirma que no han recibido ningún tipo de estudio ambiental ni de impacto socioeconómico, por lo que realizaron una petición formal para comenzar a discutirlo.

A la falta de información de base para establecer parámetros y de estudios socioeconómicos, se suman otro tipo de falencias que desde el sector empresario consideran importante subsanar, como las diferencias en la carta náutica. “La que está usando hidrografía naval no es de uso para navegación y tiene una incongruencia con la isobata de 200 metros. Es una herramienta fundamental para los capitanes, muchas veces nos encontramos con que determinada longitud y latitud marca una profundidad de 1000 metros, mientras en la carta náutica marca 200 metros”, informa Zamboni.

El empresario destaca el apoyo que han recibido de la Dirección de Control y Fiscalización de Control Pesquero de la Nación ante las autoridades del Ministerio de Ambiente y sabe que cuenta con el aval de los informes técnicos del INIDEP que dan cuenta de un manejo adecuado del recurso. Respaldados por normativa nacional e internacional que se aplica sobre la merluza negra, considera que prohibir la pesca implica no tener una política de ocupación soberana coherente.

“Debería ser una prioridad geopolítica no instalar AMP en zonas donde se nos prive de pescar a nosotros y que a la vez beneficien a países limítrofes y quienes pescan en jurisdicciones no reconocidas jurídicamente. Cada barco nacional que pesca en esa zona está ejerciendo soberanía argentina, la soberanía primaria la ejerce un barco”, señala Zamboni.

En el mismo sentido, puntualizó Tomás Gerpe: “Al oeste de Yaganes captura de longline de palangreros chilenos, al este del banco Burwood palangreros británicos, al norte arrastreros españoles o joint ventures de las Islas Malvinas y fuera de la Zona Económica Exclusiva tenemos palangreros extranjeros, nosotros solo podemos pescar en el espacio que queda entre las dos AMP. No se ha visto holísticamente la situación, me parece que estamos engordando el pescado para los extranjeros”.

Para el exsubsecretario, “en Argentina los estamentos del Estado están en posiciones contrapuestas, no hay una política única, en nuestra gestión también pasó. Si logramos alinearnos como parece que puede suceder, eso debe quedar manifestado en un plan de manejo”.

El tema está planteado, es necesario que la Dirección de AMP, dependiente de la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Medio Ambiente, no solo convoque a la totalidad de los actores involucrados para dar cumplimiento a las normas constitucionales, sino que además debe contar con información de base antes de imponer medidas que pueden afectar dramáticamente a la economía de una provincia, a miles de trabajadores, a las empresas y a nuestro rol soberano en aguas australes. Es imprescindible que se entienda a la pesca como parte de una política estratégica de desarrollo, con el plus de generar además una ocupación de espacios que desde otros órganos del Estado se reclama. Pesca, Ambiente y Cancillería deberían en algún momento trabajar en el desarrollo de una política de Estado.

“Es incomprensible, parece que la pesca es la única actividad que genera un impacto sobre el ambiente, aparece la exploración offshore y el Ministerio de Ambiente no tiene cuestionamientos, parece que falta coherencia o unificación de criterios. Podemos construir todos juntos, por eso es importante que nos escuchen, que participen las provincias y que participen los capitanes de pesca porque tienen mucho para aportar desde la experiencia, nadie conoce más esas zonas que ellos”, concluye Tomás Gerpe.

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