Revista Puerto 17-08-2022 - Karina Fernández “¿Tiene la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) algún interés para proteger algunas islas del Archipiélago de Malvinas? Veremos, pero, siempre hay que tener mucho cuidado, porque a veces, atrás de aparentes cuidados medioambientales, se esconden estrategias geopolíticas ajenas al interés nacional, que se mimetizan en los ámbitos de poder para definir las políticas marítimas, pesqueras y soberanas del país”. Así comienza el artículo del doctor César Lerena en el que devela que la ONG es propietaria de un grupo de islas en Malvinas que fueron donadas en 2001 por su propietario británico.

“Nadie sabía -hasta hoy- por qué una Diputada, originaria del interior profundo, del salitre, el algodonal, devenida en ambientalista, presentaba un proyecto destinado a proteger algo en el piso de alta mar que, ni los investigadores alcanzaban a definir con precisión, rechazando -la Diputada- con cierta iracundia, todos los argumentos científicos, medioambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron a su infundado proyecto”, señala en referencia a una de las autoras del proyecto de Ley AMP Agujero Azul, Graciela Camaño. Máximo Kirchner es otro de los autores.

Dice Lerena: “Llamaba, más aún la atención, que la Cancillería y, más específicamente, la Secretaría de Malvinas, acompañara un proyecto enclavado en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. El proyecto también contó con el apoyo explícito del Subsecretario de Pesca.

Lerena se pregunta si una diputada de la Nación “puede hacer suyo un proyecto gestado y promovido por una Fundación extranjera y, el secretario de Malvinas, puede desconocer que se trata de la Wildlife Conservation Society, vinculada con el gobierno británico. En igual sentido se pregunta si, los legisladores, los funcionarios, entre los que se puede contar al Subsecretario de Pesca y todos los asesores, “trabajan a ciegas, ignoran o participan de un entramado externo que bajo la apariencia de cuidar el ambiente debilita la soberanía argentina.

“La Fundación WCS cuenta con el apoyo de Oceans 5; organización que, sus primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos (sic) incluyendo entre sus socios y miembros a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que, ya en 2017, los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas -entre otros territorios de ultramar- asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros”, explica el profesor.

Entre las irregularidades que presenta el proyecto, está la de no haber sido evaluado y aprobado por las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto de la Cámara de Diputados, a pesar de involucrar un medio marino, en aguas internacionales.

Otra irregularidad la constituye el hecho de haber modificado la AMP original delimitada por 12 mil kilómetros cuadrados dentro de nuestra ZEE a una de 164 mil kilómetros cuadrados involucrando aguas internacionales donde no tenemos dominio sobre la columna de agua y en algunas zonas tampoco sobre el fondo marino. Por lo tanto, no impediría que buques asiáticos, especialmente chinos y barcos que pescan en Malvinas y luego se desplazan a estas aguas internacionales, sigan pescando como lo han hecho hasta ahora.

Lerena pone el foco también en la imposibilidad de controlar esta extensa área, que dice requería unos 15 millones de dólares anuales, “que por falta de medios las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata”.

Señala que, si de proteger los recursos marinos se tratara, la Subsecretaría de Pesca, el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP cuentan con sobrados elementos legales para prohibir la pesca de arrastre sin necesidad de crear una AMP. Tampoco entiende que sea necesario para declarar Monumento Histórico el lugar donde fue hallado el ARA San Juan, siendo este, según la diputada Camaño, el principal motivo de la creación de esta AMP.

También remarca que Argentina ya estaría cumpliendo con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de kilómetros cuadrados alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina.

“Todo es gravísimo. Pero es absolutamente peor, porque Wildlife Conservation Society es propietaria de varias Islas en el Archipiélago de Malvinas y, claro, ahora podemos entender el interés de WCS por el Agujero Azul, que pasaría a conformar el “cinturón azul” de protección británica de Malvinas”, denuncia Lerena.

“Gracias a un generoso regalo de Michael y Judith Steinhardt, la Wildlife Conservation Society es propietaria de las islas Grand Jason y Steeple Jason desde 2001. Además de miles de parejas anidantes de albatros de ceja negra, las islas son el hogar de otras aves (…) WCS administra estas islas como reservas naturales privadas, y está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante», cita Lerena un artículo de la ONG publicado en 2017.

Las islas Steeple Jason y Grand Jason están ubicadas al noroeste de la Isla Gran Malvina y a 400 kilómetros de la Patagonia, son un grupo de islas de la Provincia de Tierra del Fuego y fueron compradas en 1990 por Michael Steinhardt, que en 2001 las donó a Wildlife Conservation Society (WCS).

La representante de WCS en Argentina es Valeria Falabella, quien presentó en 2014 el informe técnico del Ministerio de Ambiente sobre identificación de potenciales áreas marinas protegidas y en 2018, ya como coordinadora general por WCS, realizó un informe sobre la implementación de estas áreas, en el que modificó el tamaño de la AMP Agujero Azul. Estos informes son el sustento del proyecto presentado por Camaño, quien ha elogiado en todos los ámbitos la total colaboración de Falabella.

“En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS”, señala Lerena y concluye en que resulta “un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Sudoccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional”.

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