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RCA pide la cuota de langostino comprometida para el Cabo Vírgenes
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el vicegobernador Ricardo Sastre fueron los garantes del convenio que la provincia firmó en agosto del año pasado con la empresa Red Chamber asignándole 250 toneladas de cuota social de langostino, para pes ...
 

 
Revista Puerto 13-07-2022 - Nelson Saldivia El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el vicegobernador Ricardo Sastre fueron los garantes del convenio que la provincia firmó en agosto del año pasado con la empresa Red Chamber asignándole 250 toneladas de cuota social de langostino, para pescar en aguas nacionales, que permitió la incorporación de 65 nuevos trabajadores a la planta de procesamiento de Puerto Madryn.

Ese compromiso suscripto por las máximas autoridades políticas de la provincia fue incumplido por la Secretaría de Pesca que conduce Gabriel Aguilar al no renovarse tal asignación de la reserva de la cuota social que dispone Chubut, y tal convenio estipulaba que esa concesión permitía la incorporación de 65 nuevos trabajadores a la planta de procesamiento que la firma tiene en la ciudad de Puerto Madryn. Caída la asignación de las 250 toneladas de cuota social harían peligrar la estabilidad laboral de estos 65 empleados adicionales que sumó RCA a los más de 470 trabajadores efectivos que tiene la planta pesquera.

La empresa Red Chamber, a través de su apoderado, intimó a la Secretaría de Pesca a fin de «dar efectivo cumplimiento del convenio firmado junto al Gobernador y Vicegobernador de Chubut el 5 de agosto de 2021» del que también fue parte el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.

«Como fuera debidamente acreditado ante el organismo laboral provincial, así como también ante Pesca, la empresa ya ha incorporado a las 65 personas, ex trabajadores de Alpesca, con los efectos laborales fijado por la Ley 527», constituyendo relaciones laborales por tiempo indeterminado, tal como preveía el convenio en las cláusulas tercera y cuarta.

«Sin embargo, y según fuera informado por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera a cargo del doctor Julián Suárez, el organismo pesquero provincial a su cargo no ha informado sobre la asignación que la Provincia hizo al BP Cabo Vírgenes de langostino para ser capturado y procesado en nuestra planta», señala la nota que RCA le envió a Aguilar.

En este marco, advierten que «dicho incumplimiento de información a la dependencia nacional no solo importa no adecuarse a las pautas de conducta fijadas en el citado convenio, sino un incumplimiento de despacho a pesca del mencionado buque», indica la firma que tiene a su cargo los bienes de la ex Alpesca.

“La Provincia, a través de la Secretaría de Pesca, otorgará a la empresa 250 toneladas de langostino de su reserva provincial de cuota social, para ser capturadas durante la temporada de pesca en aguas nacionales durante el período 2021, y en los años siguientes de acuerdo a su disponibilidad cuyo procesamiento también deberá serlo en la planta de Puerto Madryn, en su carácter de locataria de los bienes de la ex Alpesca. Las toneladas de cuota social otorgadas, estarán sujetas al coeficiente de modificación establecido en el Artículo 10 de la Resolución CFP 7/2018 y/o quien la reemplace en el futuro y a los mismos fines y efecto”. Así reza la cláusula tercera del acuerdo que firmó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con la empresa Red Chamber Argentina, la cual incorporó a 65 ex trabajadores de Alpesca respetándoseles la antigüedad que tenían en aquella firma.

Desde RCA sostienen que el convenio estipulaba además del año 2021, “los años siguientes de acuerdo a disponibilidad”, por lo que mientras esté vigente ese acuerdo se debía continuar haciendo la asignación de cuota social comprometida, y entienden que en este caso, la Secretaría de Pesca derrumbó unilateralmente un acuerdo firmado por el propio Arcioni y Sastre.

La reclamación además de la vía administrativa incluiría la faz judicial, ya que se analizaba una denuncia penal contra el titular de la cartera por considerarse que se configuraría la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

En tanto, se espera una salida política porque la caída de 65 puestos de trabajo pone en peligro la paz social en un momento de máxima tensión por la crisis económica que atraviesa el país, al que Chubut no es ajeno.
puerto
 

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