TN 21-06-2022 - Mauricio Bártoli El directorio de Vicentin refutó la intención del presidente Alberto Fernández para que la agroexportadora se pueda convertir en “una empresa testigo que ordene el mercado de granos”. Consideró que cualquier alternativa al concurso judicial es “una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

En ese sentido Indicaron que, en su mejor momento, la empresa fundada en Avellaneda, Santa Fe, alcanzó un máximo de 15% del mercado de granosargentino, por lo cual “no es ni puede” cumplir el rol que el Presidente sugirió porque no tiene volumen para eso.

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La respuesta del directorio de Vicentin se expresó este lunes en un comunicado, no sólo como réplica a los dichos del mandatario sino también en alusión al avocamiento (pedido de expediente) realizado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que detuvo los plazos del proceso concursal en el cual se esperaban definiciones en las próximas semanas.

En ese marco, desde Vicentin dijeron que confían “en las instituciones”, para “comenzar los pagos lo antes posible”.
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El Presidente dijo que no es posible “esta lógica de expropiar empresas de cualquier modo porque después se paga lo que no corresponde”, pero contempló un “cram down”, en alusión al escenario eventual en el que sin acuerdo sobre la propuesta de la empresa deudora, otros pueden sugerir nuevos caminos para la operatoria de la empresa.

Al respecto, el presidente del bloque oficialista de diputados nacionales, Germán Martínez (Frente de Todos-Santa Fe), tomó la posta de lo expresado por Fernández y dijo en declaraciones radiales que “Vicentin es una empresa importante y a través del Banco Nación se podría participar”.

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En su réplica a la postura oficialista, el directorio de la empresa consideró que quienes plantean opciones de ese tipo –sin mención directa al jefe de Estado –no explican cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1500 puestos de trabajo directos.
Vicentin rechazó la idea de Alberto Fernández para que sea una empresa testigo que ordene el mercado

El Gobierno apunta a controlar la liquidación de divisas ante la escasez de dólares e invoca las cuestiones alimenticias como factor sensible ante la población en un contexto de alta inflación, porque no cuenta con respaldo constitucional ni poder legislativo para aumentar las retenciones, aunque algunos referentes del Frente de Todos creen que de esa manera podrían “desacoplar” aún más los precios internacionales de lo que se pagan los granos en el mercado argentino.

En realidad, los precios ya están desacoplados, debido a que por los derechos de exportación y la brecha cambiaria, los productores locales reciben un tercio del valor en dólares que se les paga a los agricultores de otros países, como los vecinos Uruguay, Brasil y Paraguay, entre otros.

En ese contexto, desde el oficialismo insisten en tomar el control de la la estructura y activos de Vicentin para impulsar una mayor liquidación de granos, una necesidad que este fin de semana expresó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
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A su vez, los directivos de la empresa que en diciembre de 2019 entró en default ante 1600 acreedores por US$ 1350 millones, asumieron que “la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe implicaría la suspensión de los plazos del proceso en instancias decisivas para la salida ordenada del trámite concursal. Con todo, ratificaron su “confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial-” y aseguraron que aguardan “con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores”.

Aseguran que “hasta la fecha, el proceso concursal ha discurrido, más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado.

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Sobre la propuesta de pago, destacaron que “a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1000 acreedores- tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de “Existencia de Acuerdo”; y es “creíble, sustentable y autosuficiente. Es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”.

Dijeron que mantienen la expectativa de poder terminar en el tiempo previsto “la reorganización final de la Sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible”, confiados en que eso “permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.