La Nación 21-06-2022 - Cristian Mira Con la excusa del giro judicial que dio el concurso de Vicentin, que pasó a manos de la Corte Suprema de Santa Fe, el presidente Alberto Fernández volvió a poner sobre la escena la idea de crear una empresa estatal o paraestatal para el comercio de granos y los alimentos.

Según un experto del sector agroindustrial, si el Estado quisiera hacerse cargo de la cerealera debería “debería conseguir del conseguir del exterior no menos de 3500 millones de dólares para operar”. Pero en el caso de que los obtuviera, explicó el conocedor del negocio, se abriría una nueva ventana de riesgo, porque una empresa estatal que busque bajar los precios debería pagarles a los productores por sus granos a valores de mercado, pero tendría que vender por debajo de sus costos. Eso, señaló, implica que “se funda en un par de meses o financie su déficit con nuevos impuestos”. Una empresa estatal que diera pérdidas sería una rareza en un ecosistema que no se caracteriza, precisamente, por empresas que convivan con los números en rojo.

Hay otra bandera que agitan en el kirchnerismo duro y sus socios de la izquierda a raíz del concurso de Vicentin: que el comercio de granos está dominado por empresas extranjeras. Hay datos que contradicen esa presunción. En el ranking de los diez principales exportadores de granos y subproductos de 2021, elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hay tres empresas de origen nacional: Aceitera General Deheza, de la familia Urquía, Molinos Agro (del grupo Perez Companc), y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), un conglomerado de más de 140 cooperativas agropecuarias.

Conviven y compiten en el mismo universo que gigantes como las norteamericanas Cargill, Bunge y ADM, la china Cofco y la europea Louis Dreyfus. Pero podría haber muchas más empresas de origen nacional que hoy manejan volúmenes de acopio dignos de compañías internacionales que no han dado en el siguiente eslabón de la cadena (molineda y puertos propios) por los continuos vaivenes de la economía argentinas. Tanto las empresas exportadoras como las que se dedican al acopio no necesitaron la ayuda del Estado para crecer: al contrario, lo han hecho pese a la gestión del Estado.

En el caso de Vicentin, a los expertos del negocio les llama la atención el nuevo intento de injerencia del Gobierno. La cerealera “estaba a punto de ser adquirida por tres empresas [Viterra, ACA y Bunge] que iban a poner mucha plata para mantener empleos, producir, pagarles a los bancos y operar”, dijo una fuente del sector, que opinó: “los problemas judiciales de los dueños actuales no deben meterse en una operación de venta”.
Lácteos

A los observadores de la agroindustria, además, les llamó la atención la referencia de Alberto Fernández a la industria láctea. En la entrevista que concedió al diario Página12 dijo que “en Argentina haya una gran empresa láctea, que concentra muchísimo el mercado lácteo, es la consecuencia de que hubo una época en que se cerraron 27.000 tambos en Argentina. El resultado es la concentración”.

En el último balance presentado en la Bolsa de Comercio, Mastellone Hermanos, que controla la marca La Serenísima, informó que tuvo pérdidas por casi 1000 millones de pesos porque no podía trasladar al precio de sus productos los aumentos de costos que enfrentaba. Sin nombrarlos, se refería los controles de precios que fija el Gobierno. Y más allá de que hay tamberos que reclaman una mayor competencia en el mercado lácteo, el cierre de establecimientos se explica por otros motivos, como el control de las exportaciones, que deprimió los precios, o el mal estado de los caminos rurales. Cuando hay inundaciones, los tamberos deben hacer proezas para transportar la leche por los caminos anegados. En el déficit de infraestructura queda en evidencia el Estado ausente.

Es ese mismo Estado, que provoca inflación por la emisión monetaria y su déficit, el que se ofrece ahora como empresario eficiente para producir alimentos. El currículum no lo ayuda.
Cristian Mira