Bichos de Campo 15-06-2022 - Matias Longoni La diputada provincial bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui tuvo su minuto de gloria mediática cuando en diciembre de 2021 decidió pasarse de la bancada de Juntos por el Cambio (a la que se había sumado en 2019, cuando asumió como integrante del Partido Fe) al oficialista Frente de Todos. Ahora, unos meses después, su nombre se verá envuelto en otra polémica: Acaba de presentar un proyecto de ley para que el Estado -en este caso el provincial- vuelva a participar activamente en el comercio de granos, una cosa que no sucede desde que Carlos Menem y Domingo Cavallo disolvieron la ex Junta Nacional de Granos (JNG) en 1992.

En concreto, la legisladora oriunda de Necochea propone que la Legislatura bonaerense convierta en ley una proyecto de su autoría en el que crearía una sociedad del Estado Provincial denominada Elevador Quequén SA”, para que administre una de las tres terminales de carga que tiene ese puerto de ultramar del sur bonaerense. La intervención estatal sería tanto en la descarga de camiones y trenes con granos que lleguen al lugar como a la carga de los buques que exporten dicha mercadería. Para ello se valdría de las instalaciones del viejo elevador que manejaba la JNG y que desde la concesión -treinta años atrás- está manejado por un consorcio de empresas agroexportadoras llamado Terminal Quequén SA.

“Resulta público y notorio que se encuentra próximo a vencer el contrato de concesión del elevador que perteneció a la ex JNG y que fue dado en concesión en el año 1992 a la sociedad Terminal Quequén S.A. por 30 años. El indicado elevador fue transferido por el Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires por ley 24.093, pasando de ésta al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) por ley 14922”, recordó la diputada provincial en los fundamentos de su proyecto, que fue presentado en las últimas horas.

Se desconoce todavía que grado de aceptación podría tener esta iniciativa por parte del gobierno de Axel Kicillof. Pero su irrupción en escena se produce justo cuando hay un rebrote del debate dentro del oficialismo respecto de la necesidad de que el Estado cuenta con empresas testigo en el comercio de granos, ya sea de la mano de YPF Agro o insistiendo con una expropiación de la aceitera Vicentin, como la que resultó fallido en 2020.

En Quequén, uno de los dos puertos habilitados para la carga de granos con que cuenta la provincia junto con el de Bahía Blanca, funcionan tres empresas dedicadas a ese negocio: Sitio Cero (construido más recientemente y operado por CHS, Cofco y Nari); la terminal cooperativa de ACA y la pretendida Terminal Quequén SA, que maneja las instalaciones más antiguas. En este último caso los socios del grupo son varios pesos pesados de la agroexportación.

“La indicada sociedad se encuentra integrada, en su mayoría accionaria, por empresas multinacionales de cereales con casa matriz en el exterior, entre los que se encuentran Glencore SA (ahora Viterra), Cofco SA, Bunge SA y las empresas locales Curcija SA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea, Sociedad Rural”, enumeró la propia legisladora que propone crear una empresa estatal para manejar ese elevador.

Según el proyecto, esa sociedad de capital estatal debería distribuir sus beneficios entre organizaciones de la ciudad: 25% al Hospital Municipal José Irurzum de Quequén, 25% al Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea, 25% para nuevas inversiones a los fines de mejorar la productividad del elevador y 25% para reparación de vías terrestres de acceso Quequén y Necochea afectadas por el paso de los camiones en su tránsito hacia el elevador y/o reparaciones de la polución que produce su actividad”.

Este es el proyecto de ley completo:



Como argumento para no renovar la concesión, Sánchez Jáuregui recuerda que el holding inició en 2001 un “juicio de consignación judicial de pago del canon ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y que por esa razón ni el Estado Nacional, ni el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén están percibiendo ni un peso por el uso del elevador.

“Así las cosas, cabe aclarar que la indicada sociedad ha realizado muy acotadas inversiones en el mismo, en relación a los beneficios económicos obtenidos a
lo largo de sus treinta años de explotación; a tal punto que, sin perjuicio de ser el único elevador en ese puerto de tener dos sitios de atraque”, acotó la legisladora provincial que alguna vez militó junto al líder sindical de los peones rurales Gerónimo Venegas, también nacido en Necochéa.

La diputada que alguna vez se “boroccotizó” cambiando de bando en la política, recordó que de cara a renovar la concesión el grupo Terminal Quequén SA ha presentado proyector de inversión, luego de treinta años de no hacer grandes gastos, y acusó además a los empresarios de estar “haciendo importante lobby en el directorio del Consorcio de Gestión)” para obtener el beneficio.

En esa región bonaerense, los primeros proyectos para la construcción de un elevador de granos se remontan a 1925 con propuestas del ingeniero Juan Carlos Erramuspe. Luego, entre 1930 y 1933 el Ministerio de Agricultura puso en marcha los primeros proyectos orientados a formar la Red Nacional de Elevadores de Granos, como bases de lo que después sería la JNG.

En el caso de Quequén, el proyecto comenzaría en noviembre de 1937 y la culminación de los trabajos demandaría hasta 1940. Sin embargo, la crítica situación comercial registrada durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) pospuso su finalización e inauguración hasta el 27 de febrero de 1945. En aquel momento tenía 47,800 toneladas de capacidad de almacenamiento.

En 2021 el puerto Quequén, en el conjunto de las terminales, había batido todos los récords de carga, pero esta año los volúmenes embarcados habían vuelto a crecer cerca del 20%, sumando 3.357.936 toneladas en el primer cuatrimestre.

Lejos de un debate por una posible nacionalización, hace unas semanas y junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Gerrera, el gobernador Kicillof anunció una serie de obras en el puerto bonaerense. “A partir del récord alcanzado durante 2021 en materia de volumen operado para el comercio exterior, los puertos bonaerenses han dado cuenta de su enorme potencial y, al mismo tiempo, de la falta de inversión que los ha llevado a presentar fuertes deficiencias operativas”, sostuvo Kicillof en ese momento. “La evidencia corroboró aquello que planteamos desde el primer momento acerca de que el sistema portuario de nuestra Provincia merece una transformación”, agregó.