Clarín 07-06-2022 - Mauricio Bártoli El presidente de la aceitera Vicentin, Omar Scarel, fue detenido este lunes en la ciudad santafesina de Avellaneda, por orden del fiscal santafesino Sebastián Narvaja, que hizo lugar a una denuncia por "supuesto incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad".

Lo llamativo es que el hecho por el que se lo acusa no se consumó... Se refiere a la eventual venta de acciones de la empresa Renova, en la que Vicentin está asociado con Viterra, una mutinacional que forma parte del consorcio de Interesados Estratégicos, que se quedarían con la compañía.

En ese marco, el supuesto incumplimiento no sólo no se efectivizó sino que forma parte de la propuesta de Vicentin para pagarles a sus acreedores; que fue ampliamente difundida, públicamente, y en forma transparente, e incluso ha sido avalada por el Juez del concurso, Fabián Lorenzini.

En el sistema penal santafesino, los fiscales pueden disponer la detención de un imputado y en el término de 72 horas debe realizarse una audiencia ante el juez, que en definitiva es quien debe resolver si convierte esa medida en prisión preventiva.

Por ello, en las próximas horas Scarel será trasladado a Rosario, donde el miércoles se realizaría la audiencia de imputación. La detención fue efectuada en Avellaneda, una ciudad ubicada a unos 330 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. y a 500 km de Rosario.

Tras efectuarse la detención del ejecutivo, la compañía emitió un comunicado en el que la calificó de "absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida". Aseguran que "no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad", y esperan "que se rectifique de manera inmediata este proceder".

Y subrayan que tanto Scarel como todos los miembros del Directorio de la empresa "han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia".

Al argumentar que la detención no tiene ningún tipo de justificación, desde Vicentín expresaron que el aducido incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad es "absolutamente falso, ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones".

Asimismo, expusieron que "todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas".

El comunicado de la compañía plantea la sospecha de que se busca entorpecer el concurso judicial para saldar la deuda de US$1.350 millones, que ya cuenta con el aval de más 800 productores afectados.

En ese sentido, les "llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras".

La propuesta formal incluida en el expediente implica pagos en dólares de hasta US$30.000 para cada uno de los acreedores, lo cual salda las deudas a 791 productores, acopios y cooperativas.
Tras su detención, Scarel será trasladado a Rosario. Foto: Juan José García/Imagen de archivo.

Tras su detención, Scarel será trasladado a Rosario. Foto: Juan José García/Imagen de archivo.

De prosperar el concurso judicial, los accionistas de Vicentin venderían el 33,33% de las acciones que aún conservan en la empresa Renova (en sociedad con Viterra) y los U$S 300 millones que se obtendrán por esa transacción se destinará al pago de los acreedores.

Además, los actuales accionistas de Vicentin se desprenderán del 95% de sus acciones que pasaran a los acreedores, quienes capitalizarán el resto de sus acreencias en acciones conformadas en un fideicomiso hasta que se consolide el pago final, estimado en U$S 180 millones.

El plazo del período concursal quedaría establecido en 12 años y una vez concluido dicho plazo y establecido los pagos finales correspondientes, estas acciones pasarían prioritariamente a los Inversores Estratégicos: Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Bunge Argentina.

En ese contexto, además del operativo de detención del empresario, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de Puerto Norte de esa ciudad.