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La historia del capitán que motivó el paro de Frías
La Asociación Argentina de Capitanes llevó adelante este miércoles un paro de 24 horas en todos los puertos marítimos que se cumplió con cierto nivel de acatamiento y acompañado de las malas condiciones climáticas como en Mar del Plata.

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Revista Puerto 01-04-2022 - Roberto Garrone La Asociación Argentina de Capitanes llevó adelante este miércoles un paro de 24 horas en todos los puertos marítimos que se cumplió con cierto nivel de acatamiento y acompañado de las malas condiciones climáticas como en Mar del Plata.

La medida de fuerza obedeció a la suspensión de 120 días que aplicó Prefectura Naval Argentina a un oficial de puente quien se negó a ser abordado por un guardacostas en agosto del año pasado en el marco de una inspección extraordinaria que realizó Prefectura y alcanzó a varios buques de la flota pesquera que capturaba langostino en aguas nacionales.

La sanción de Prefectura, comunicada el pasado 22 de marzo, fue repudiada por Frías a través de un comunicado en que consideraron “arbitrario e irrazonable accionar del Prefecto Nacional Naval” a quien acusaron de “abuso del monopolio de la fuerza pública”.

Si bien el documento emitido por Capitanes no contiene especificaciones del caso, REVISTA PUERTO pudo acceder a documentos para completar la historia que se inició a las 11:30 del 2 de agosto del año pasado cuando el tangonero Suemar fue abordado por el guardacostas Azopardo mientras navegaba en el 43º Sur y 62º Oeste, “con el único objeto de que la Prefectura pretenda con ello demostrar presencia en el Mar Argentino”, según expuso Frías.

Según quedó reflejado en la cédula de notificación, Prefectura abordó al barco para realizar una inspección destinada a verificar las condiciones de seguridad. Pero amparándose en cuestiones sanitarias, Sergio Adrián Díaz, piloto de pesca y capitán del buque, se negó a que el pesquero fuera abordado.

Prefectura dio intervención al juez Gustavo Lleral, quien abrió una causa contra Díaz por resistencia o desobediencia a funcionario público.

Al regresar el buque a puerto, la fuerza procedió a realizar la inspección extraordinaria que como resultado arrojó “29 deficiencias”. Al buque le fue retirado el Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación y se instruyó un sumario administrativo en el que Díaz se abstuvo de declarar.

Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de Prefectura rechazaron el descargo que presentó el oficial al considerar que, en el marco de la pandemia, la actividad de la Prefectura ha sido considerada esencial para continuar con sus actividades específicas y obligaciones legales, tareas como las inspecciones extraordinarias para las que está facultada.

“El piloto de pesca Sergio Adrián Díaz ha inobservado lo establecido en el artículo 133 de la Ley de la Navegación al no cumplir con la orden proveniente del Guardacostas PNA GC-25 Azopardo de permitir el embarco de una dotación de visita…”, refiere la cédula a la que tuvo acceso este medio.

Díaz, que registraba antecedentes profesionales, fue sancionado por el Artículo 599.0101 del REGINAVE al resultar comprendido en el supuesto de “…violación de las leyes”, y se le impuso una sanción de 120 días de suspensión de acuerdo con lo indicado en el sexto considerando, punto 2.

Desde la Asociación de Capitanes, lejos de reconocer que el abordaje es una de las facultades de la Prefectura, refieren que los mismos se realizan “sin motivo ni justificación… rompiendo con ello las antedichas burbujas sanitarias, cuando es de conocimiento que los buques son inspeccionados en forma previa al despacho del buque para la navegación.

Frías avanzó con duros conceptos contra el Prefecto Nacional Mario Farinón, de quien refirió que “demostrando en forma flagrante las arbitrariedades a las que los capitanes de pesca nos vemos sometidos por parte de la Prefectura, ha decidido aplicar una sanción que pretende ser ‘ejemplificadora’ privando a un trabajador del ejercicio de su profesión durante cuatro meses generándole con ello un enorme perjuicio moral y material” y criticó que la fuerza se vale de un sistema sancionatorio donde es juez y parte “sin ningún tipo de control administrativo”.

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