La Nación 28-03-2022 - Cristian Mira La pelea de la coalición oficialista le está sumando más incertidumbre al contexto político y económico global, conmocionado por la guerra en Ucrania. Mientras el secretario de Agricultura, Julián Domínguez, expresó su compromiso de no aumentar los derechos de exportación al trigo, al maíz, al girasol y a la soja (aunque avaló la suba a los subproductos), el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, insistió en la necesidad de incrementarlos. Y fue más allá: lanzó frases provocativas hacia la producción agropecuaria. “Quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza”, dijo el funcionario de pura cepa kirchnerista. Y subió la apuesta: “El sector agropecuario primario nunca tuvo un proyecto de país; de la generación del 80 solo queda el Teatro Colón. Este país necesita de la industria”.

Curiosamente, ese mismo día, quien se supone que es su jefe, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, rescató el papel del campo para el país. “El campo es tan importante como la industria”, dijo y consideró una “discusión obsoleta” realizar esa disyuntiva, según consignó la agencia de noticias estatal Télam.

Con esas declaraciones cualquiera diría que Feletti es el mejor organizador del tractorazo que productores autoconvocados están impulsando realizar sobre la ciudad de Buenos Aires para que la situación del agro sea mejor entendida en los centros urbanos. Acaso el secretario de Comercio Interior esté construyendo un enemigo en común que unifique a la coalición oficialista, enfrentada tras el cuerdo por la renegociación de la deuda externa con el FMI. Revivir la épica de la 125 les puede servir para desviar la atención sobre el origen del aumento del índice de precios al consumidor, que en febrero pasado fue de 4,7% con el principal impacto en el rubro alimentos y bebidas, que tuvo un alza de 7,5%.

En la dirigencia rural, hubo varios que no pisaron el palito frente a las provocaciones. “No me sorprende, cuando te quedás sin argumentos en la discusión empezás a descalificar y ofender. No tenemos que engancharnos en esto ni salir de nuestro lugar del respeto, con altura, porque tenemos argumentos de sobra”, dijo Roberto Palomo, integrante de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

Los argumentos a los que aludió Palomo son la elevada presión impositiva, la brecha cambiaria y la intervención del Gobierno en los mercados. No se trata de una “puja por la renta” como habitualmente quieren hacer creer los voceros cercanos al pensamiento oficial es una discusión más profunda. Ruralistas y productores sostienen que la riqueza que se genera en el interior tiene que volver donde se originó y no caer en manos de un Estado que usa esos fondos para mantener una clientela cautiva, en vez de asegurar las funciones básicas de salud, educación y seguridad.

En otros términos, es lo que intenta lograr el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que le propuso al Gobierno un programa de estabilidad fiscal y financiera por diez años para aumentar las exportaciones del país de US$65.000 millones a US$100.000 millones y generar 700.000 puestos de trabajo en el sector privado.

Con la suba de retenciones a la harina y al aceite de soja, más al biodiésel, y la imposición de fideicomisos al pan, a la harina y a los fideos, el propio Gobierno, que apoyó esa iniciativa al enviarla al Congreso como proyecto de ley, dinamita los puentes que se busca construir desde la cadena. Al mismo tiempo, rechaza las contrapropuestas que la agroindustria presentó para morigerar el impacto de la suba del precio del trigo por la guerra en Ucrania. En vez de otorgar subsidios directos a las personas que los necesitan, vía la Tarjeta Alimentar, el Gobierno se dispone a abrir una nueva caja para el Estado.

El desafío de Feletti al ministro Domínguez tiene otra dimensión. Insiste con subir las retenciones al trigo cuando falta menos de un mes para la siembra de la campaña 22/23. El propio ministro de Agricultura buscó darle una señal al sector al anunciar la apertura del registro para exportar hasta ocho millones de toneladas del próximo ciclo. En un contexto de suba de costos de fertilizantes y fitosanitarios, además de las restricciones para importar, se pone en riesgo la próxima campaña del cereal. Es exactamente al revés de lo que se analiza en el exterior: cómo reemplazar la caída de producción de Rusia y Ucrania.