Bichos de Campo 08-03-2022 - Nicolas Razzetti El relato oficial asegura que el fideicomiso cerealero es una herramienta fundamental para mantener a raya el precio en góndola del paquete de harina de trigo y de los fideos secos.

El año pasado hubo un primer ensayo al respecto a implementar un fideicomiso aceitero y, según esa lógica, esa premisa se debió haber cumplido. Pero los números muestran que eso no resultó así.

El fideicomiso aceitero, que recibió aportes de las exportaciones de soja, girasol y de harina y pellets de soja y girasol, supuestamente estaba destinado a recaudar en 2021 una suma de 190 millones de dólares para subsidiar los aceites de soja, girasol y sus mezclas comercializados en el mercado interno.

Pero Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, indicó a Bichos de Campo que “el año pasado terminamos aportando más de 190 millones de dólares porque la Secretaría de Comercio Interior no aplicó la fórmula de ajuste mensual (acordada), lamentablemente, y nos dieron un 26%” de ajuste en el precio mayorista de los aceites vegetales destinados al mercado interno.

Sin embargo, la inflación del aceite de girasol, medida por el propio Indec, fue en 2021 del 63%, al pasar de 181,9 a 296,6 pesos la botella de 1,5 litros entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2020. Eso implica que esos 37 puntos de diferencia, que tuvo que absorber el sector agroindustrial, se lo terminó quedando el comercio y, obviamente, no llegó al consumidor.

En función de esa mala experiencia, la industria aceitera propuso este año dar por finalizada esa herramienta, pero no fueron escuchados por los funcionarios del gobierno nacional, quienes decidieron renovarla en 2022 para juntar otra “vaquita” de 190 millones de dólares (o quizás más si el precio mayorista de los aceites sigue siendo “pisado” por Comercio Interior).

En cuanto al impacto del fideicomiso, que funciona como una suerte de “retención encubierta”, Idígoras dijo que el mecanismo se traslación de la distorsión comercial al precio del trigo o maíz que reciben los productores no es directo porque depende de muchos factores.

“Hoy por ejemplo en el maíz no se descuenta el 12% de retenciones por el problema de la bajante del Río Paraná y la necesidad de cargar en los puertos del sur bonaerense, entonces se paga con un premio”, graficó el representante de la industria oleaginosa.

“Propusimos que se trabaje sobre el subsidio a los sectores favorecidos con la tarjeta Alimentar, pero eso fue rechazado porque nos dijeron (en el gobierno) que esa era política asistencialista y no anti-inflacionaria. Propusimos que bajen el IVA, pero nos dijeron que no porque en el acuerdo con el FMI no puede haber reducción de ingresos fiscales. Les dijimos que este año iba a aumentar la recaudación de los derechos de exportación por la suba de los precios de los granos y que usen eso para armar un fondo anticíclico, pero nos dijeron que tenían que usar el dinero para comprar gas importado; siempre hubo una negativa”, relató Idígoras.

En cuanto a la urgencia que manifestaron representantes del sector molinero por originar trigo, Idígoras explicó que existen 7,5 millones de toneladas de la última cosecha del cereal en manos de los productores,

“La molinería deberá trabajar más fuerte con productores, acopios y con corredores. Se nota que hay dificultades comerciales. Hubo reuniones con el Matba Rofex para ver cómo podían tomar contratos de futuros y suplir los problemas que hoy tienen, que no deberían pasar, porque con esas herramientas puede asegurarse el suministro hasta con año de anticipación”, explicó.