Iprofesional 23-02-2022 - Patricio Eleisegui El proceso de licitación para el dragado de la vía navegable Paraguay-Paraná sigue en tiempos de definiciones y la controversia dice presente en la compulsa. En este caso, a través de los pergaminos presentados por uno de los oferentes. Y que redundó en un dictamen negativo de la Administración General de Puertos (AGP), que consideró "inadmisible" a la propuesta por diversos aspectos cuanto menos polémicos.

La figura de Gabriel Romero, uno de los "arrepentidos" en la causa de los cuadernos –reconoció haber pagado coimas para quedarse con contratos de obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández–, volvió a quedar en el ojo de la tormenta a raíz de las características de la UTE –Unión Transitoria de Empresas– conformada por su controlada EMEPA SA y la danesa Rhode Nielsen.

AGP impugnó la propuesta de este binomio por cuestiones técnicas, además de indicar que la alianza "no han presentado información contable consolidada". En su oferta, EMEPA excluyó la posibilidad de brindar servicios con las dragas de su socio. Por el contrario, dio cuenta de un potencial futuro contrato de provisión de prestaciones a través de Marítima Maruba, empresa local que su vez contrataría las embarcaciones a otras firmas fuera de la Argentina.

Tercerización de una tercerización.

En torno a Marítima Maruba también sobrevuela el escándalo: el 30 por ciento de su capital es propiedad del SOMU –el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos–, porcentaje adquirido durante los años de liderazgo de Omar "Caballo" Suárez, preso en 2016 tras recibir acusaciones de encabezar una asociación ilícita.

El ingreso del SOMU es inseparable de la causa que colocó a Suárez tras las rejas. Así, en diciembre de 2019 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al sindicalista y a Juan Manuel Ondarcuhu, miembro de Marítima Maruba, por presunto lavado de activos. Tanto Ondarcuhu como el ex titular del SOMU recibieron, además, un embargo del orden de los 200 millones de pesos.

En ese momento, el magistrado dijo haber corroborado maniobras entre estos actores "compatibles con el tipo penal del lavado de activos de origen espurio".

"Entre 2011 y 2013, utilizándose diversas empresas que respondían a los términos de un esquema societario estructurado a esos fines, se pusieron en marcha dos operatorias de compraventa a través de las cuales un porcentaje accionario del grupo Maruba, controlado por la familia Rodríguez, quedó en manos de Suárez por medio de la empresa Mercantes SA, creada a tal efecto por dos de sus consortes, Juan Manuel Medina y Jorge Antonio Suárez", precisó Canicoba Corral.

En ese mismo cierre de 2019, el magistrado señaló que el paquete de Maruba "dos años después retornó a la órbita de poder de Juan Manuel Ondarcuhu, a través de las firmas Inversiones Ondarprin y Lazola Inversiones y, por ende, a la de la familia Rodríguez".

Siempre según el juez, "Suárez, desde su rol de Secretario General del SOMU y como jefe y organizador de la asociación ilícita" investigada en otra causa, "utilizó el 24 de noviembre de 2011 la suma de $4.224.800 (...) cuyo origen no es otro que el producido de las actividades delictivas en las que se halló involucrado".
Omar
Omar "Caballo" Suárez recibió acusaciones de encabezar una asociación ilícita.

Canicoba Corral sostuvo que dicho monto se usó para "la adquisición -a través de la empresa Mercantes SA- del 20 por ciento de las acciones del Grupo Maruba (compuesto por Marítima Maruba SA, Compañía Argentina de Remolques de Empuje SA, Empresa de Navegación Maruba SA, Alpha Shipping SA y Servicios Multistore SA), logrando de ese modo incorporarse a ese conglomerado empresarial".

El magistrado remarcó que la plata para esas operaciones "devino de actividades delictivas" atribuidas a Suárez y otros miembros del mencionado SOMU.

Semejantes antecedentes se hicieron sentir en el veredicto reciente de AGP y el revés obtenido por EMEPA SA y Rhode Nielsen. Añaden polémica y obligan a repensar la naturaleza de algunos de los actores que buscan hacerse con el negocio multimillonario que auspicia la vía navegable Paraguay-Paraná.
Un protagonista de la causa "Cuadernos"

En agosto de 2018, Gabriel Romero reconoció haber pagado una coima de 600.000 dólares en 2010 para prorrogar la concesión en la hidrovía –participaba por entonces en el negocio– hasta 2021 con el decreto 113/2010.

Ante el juez Claudio Bonadío, el empresario dijo que abonó esa suma al ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, por aquellos años la auténtica mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Romero reconoció el pago de
En 2018, Romero reconoció el pago de coimas para seguir en el negocio de la hidrovía.

En la actualidad, EMEPA SA tiene a su cargo el balizamiento de la vía navegable mediante un régimen de contratos cortos -90 días-, pero aspira al negocio mayor y por eso compite en esta instancia abierta.
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Si bien al proceso de licitación aún le queda un trecho para darse por concluido, lo cierto es que la participación de estas y otras compañías con antecedentes polémicos comienza a teñir de nubarrones una definición por demás de trascendente para el aparato agroexportador argentino.