Revista Puerto 25-01-2022 - Karina Fernández Las plataformas de petróleo están casi agotadas en todo el mundo y la plataforma marítima sudoccidental está prácticamente inexplorada; es lógico que exista interés de las petroleras. También es comprensible que Argentina acepte explotarlas, ante la ausencia de alternativas reales para suplantar en el corto plazo el consumo mundial de combustibles fósiles. Lo que no puede comprenderse con la misma facilidad es que el Estado argentino haya decidido atentar contra sí mismo, permitiendo que las petroleras ingresen con exploraciones sísmicas sin respetar los protocolos de mínima que cumplen en otros países del mundo.

La pesca, el sector que más afectado podría verse por la exploración offshore, no se opone y tiene lógica, ya que sin combustible poco podrían hacer sus buques; pero reclama que la exploración no se realice bajo cualquier condición. Su participación ha sido reducida, mucho más de lo que debería, porque la propia Subsecretaría de Pesca y el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se han mantenido prácticamente al margen. Algo que no ocurre en los países donde se realiza una explotación responsable.

La decisión de buscar petróleo ya fue tomada, los compromisos fueron asumidos y ahora lo único que resta es hacerlo como se hace en cualquier país serio del mundo. No se trata de requerimientos disparatados, imposibles de cumplir, sino de los mismos que las petroleras cumplen en otros lugares, como por ejemplo el Mar de Bering.

Resulta incomprensible que desde hace cuatro años el Estado argentino esté trabajando en su propio perjuicio. Cuando entre 2017 y 2018 se aprobaron unas 50 concesiones de exploración offshore (de las que participa la nacional YPF), tanto el Ministerio de Ambiente como el de Energía y hasta la Subsecretaría de Pesca, han permitido que las petroleras se manejen por fuera de los protocolos internacionales.

Pareciera que existe temor a quedar mal con las empresas, temor a que se sientan presionadas y se vayan. Esta visión puede resultar infantil para quien encuentra en la corrupción toda explicación, pero ante la falta de toda prueba, solo se puede apuntar a la propia torpeza de los funcionarios públicos.

Las petroleras van donde hay petróleo y no ha sido hasta ahora la exigencia de estudios de impacto ambiental reales y determinación de épocas y zonas lo que ha generado conflictos en ningún país. De hecho, es así como se manejan en todo el mundo moderno. Incluso, hasta nosotros mismos hemos tenido prueba de ello.

Hace apenas unos años, en nuestro país las petroleras se mostraron dispuestas a financiar sin inconveniente, como lo hacen en otros lugares, una, dos, tres campañas de impacto ambiental. El INIDEP en 2017 llegó a cotizarle a la petrolera Panamerican un proyecto para medir el impacto ambiental de una prospección sísmica particular en aguas de Santa Cruz; el costo era de 3 millones de dólares por todo concepto.

Nunca se opusieron, para los volúmenes de dinero que manejan en la industria, esa cifra está dentro de los costos; para ellos tener la producción parada por una huelga o una protesta ambientalista es lo que realmente representa una enorme pérdida económica, no un par de campañas.

Ese proyecto no se llegó a ejecutar porque la provincia de Santa Cruz terminó prohibiendo la explotación offshore en sus aguas. A fines de 2018 se terminaron de adjudicar las áreas de exploración, pero el gobierno ya no era el mismo, ni tampoco la forma de proceder. Inexplicablemente se comenzaron a celebrar contratos sin las exigencias requeridas en el mundo civilizado.

El equipo de hidroacústica del INIDEP que había desarrollado aquel proyecto de estudio ambiental comenzó a ser relegado del tema y en el instituto se limitaron a realizar el mapa de sensibilidad ambiental -herramienta básica y fundamental para la asignación de áreas y épocas de exploración sísmica-, pero dejó de tomar intervención en cuestiones tan importantes como la evaluación de impacto ambiental.

El propio director de investigación del instituto aseguró en estas páginas que no estaban en condiciones. En el mundo académico la imposibilidad del INIDEP de evaluar el impacto ambiental sobre los peces, que han manifestado las autoridades del instituto, es tomado con sorna. Es prácticamente su función más específica evaluar el comportamiento de las especies ante los cambios por pesca o en el ambiente (ver “No tenemos recursos para evaluar los efectos de las exploraciones sísmicas”).

La falta de recursos humanos y económicos fue la justificación para dejar en manos de los ministerios de Ambiente y de Energía o peor aún, de las consultoras privadas, esa tarea. La situación del INIDEP entre 2018 y 2022 no es peor que la que tenía en 2017, lo que parece haber, sí, es un cambio de dirección, de objetivo y de prioridades.

La Subsecretaría de Pesca, de la que depende el instituto, también ocupó un rol secundario, de mero recopilador de información. La situación legal desde el punto de vista de las responsabilidades tampoco ha variado entre la gestión anterior y la actual, la ley con muchos errores fue sancionada en 2014, por lo tanto, más que a una cuestión de jerarquías, el cambio pareció responder a un cambio de política, en el que la consigna para todas las carteras del gobierno pareció ser: “A las petroleras no se les pide nada”.

Hoy se cuenta con el mapa de sensibilidad ambiental (o información de base) que permite al Estado Nacional indicar en qué momento se pueden realizar exploraciones sísmicas en determinadas zonas, para no afectar a los peces. Pero deberán revisar todos los contratos ya firmados porque se hicieron antes de que ese mapa estuviera terminado. Algo que por el momento no está confirmado que suceda.

Sin haber tomado siquiera esa medida básica, el 30 de diciembre se aprobó la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata y hoy las petroleras podrían comenzar con las tareas de sísmica cuando quisieran; si no lo hacen es porque ante los problemas generados, no tienen margen para reprogramar la actividad del buque sísmico. Esto dará un poco más de tiempo para tratar de imponer un orden a este desaguisado. Pero mal podría conformarse la sociedad argentina y especialmente el sector pesquero con la simple incorporación del mapa de sensibilidad ambiental.

Ningún país serio aceptaría como informe de impacto ambiental un “copie y pegue” de bibliografía de otras áreas del mundo, que no se trate de sus propios recursos, los que serán sometidos a exploración sísmica. Es que además no existen en el mundo académico contradicciones en este sentido: desde hace más de 30 años, todos coinciden en que hay un protocolo para la explotación offshore responsable.

Todas las petroleras, en el mundo maduro y serio, hacen su propuesta y el Estado les permite explorar bajo determinadas reglas, que son el ABC de la explotación sustentable: la época del año en la que puede haber actividad sísmica con un mapa similar al que nosotros ya tenemos y se exige la presentación de un estudio de impacto ambiental con sus correspondientes campañas para evaluar la situación previa y las posteriores.

La campaña previa es fundamental porque los organismos en el mar están sujetos a cambios ambientales y ahora más que nunca, si justo sucede que un cambio ambiental afecta a los recursos en distribución o abundancia y en el medio hubo una sísmica, los científicos no tendrán cómo acreditar que el efecto o cambio se produjo por una cuestión ambiental y no por la sísmica. Las petroleras suelen ser las más interesadas en que esas campañas se hagan, para que luego no les reclamen cosas que no les corresponden.

Resulta difícil encontrar una explicación a las decisiones que viene tomando el gobierno en materia de exploración offshore. Algunos la encuentran en la inmadurez de nuestro joven país y en la torpeza de los dirigentes. Otros buscarán justificaciones en razones espurias. Lo mejor para disipar cualquier duda, en cualquiera de los sentidos antes mencionados es hacer las cosas bien y esto no es más que hacer exactamente lo mismo que otras naciones desarrolladas.

El sector pesquero acaba de tomar vista del expediente que justificó la firma del contrato que permitió la exploración offshore en una zona y época que no respeta el mapa de sensibilidad ambiental y no tiene un informe de impacto ambiental bajo los parámetros internacionales. La imposibilidad concreta de las petroleras de comenzar ahora con las exploraciones por cuestiones logísticas, abre una ventana para revertir todo lo que se ha hecho de forma irresponsable y comenzar a transitar la convivencia entre la pesca y la explotación petrolera de la mejor forma posible.
puerto