Clarín 20-12-2021 - Mauricio Bártoli El escenario agroindustrial argentino se va configurando con nuevos matices, luego de las elecciones. Y, con “un poco más de paciencia” y sensibilidad social, puede verse con lógica de “medio vaso lleno”.

Está claro, que quede claro de entrada, que la producción agropecuaria es la actividad que más aporta a la economía argentina: en impuestos para contener el déficit fiscal y la pobreza lacerante, en dólares para “contener el tipo de cambio” y el poder adquisitivo de productos importados, entre otros aportes sustanciales todavía no debidamente reconocidos desde quienes opinan -o simulan creer, por interés- que “los alimentos salen de la heladera”.

Con todo, desde un punto de vista político hay señales de que la derrota electoral que el Gobierno intenta diluir “ha servido para algo...” El primer gran síntoma, siempre mirando las cosas con optimismo, es que pese a las declaraciones “pour la galerie”, para su tribuna oficialista, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no ha tenido la última palabra en el gran tema del año: el cepo a la carne. Y el congelamiento del precio del pan y la harina dispuesto en las últimas horas no tendría más efecto que calmar los ánimos navideños...

A la frase de Cristina Kirchner sobre los “conglomerados cárnicos”, como causantes de la inflación en todo el mundo, conviene tomarla como parte de sus habituales acusaciones para buscar culpables. Pero el Gobierno ahora negocia...

La restricción vigente sólo para los “cortes populares “ es claramente un subsidio cruzado de la cadena productiva de ganados y carnes a los consumidores, pero es la concesión a la que estuvieron dispuestos los dirigentes de la Mesa de Enlace desde hace meses y finalmente es la prenda de cambio para dejar fluir los otros embarques.

Los exportadores y supermercadistas que aceptaron triplicar los volúmenes´de cortes rebajados para las Fiestas también entienden que es un aporte manejable en tanto haya libertad de comercio en el resto del rubro.

Hubo dos medidas principales esta semana. El miércoles, los decretos 851 y 852 redujeron los derechos de exportación para más de 160 posiciones arancelarias de economías regionales agroindustriales, en algunos casos a cero, con foco en productos “ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados”.

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se destacó que fue “fruto un largo proceso de articulación con el Poder Ejecutivo”. Y, por caso, desde la Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo (CAMPI), su secretario, Sergio Casas, ponderó que los ayudará a seguir compitiendo en los más de 110 países a lo que llegan con este producto, uno de los que Argentina es líder en el ranking mundial.

Hasta ahí todos contentos. Pero este viernes hubo otro decreto, el 276, que volvió a alejar posiciones entre el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y la Mesa de Enlace. El funcionario dijo que “es una resolución que la cadena considera necesaria para dar previsibilidad y confianza. Marca reglas claras preestablecidas en común, según consta en las actas correspondientes. Se fijan cifras de 41,6 millones de toneladas de maíz y 12,5 millones de toneladas de trigo destinadas a los mercados internacionales, de manera que no comprometan el abastecimiento al mercado interno”.

Pero las réplicas surgieron enseguida. La Sociedad Rural Argentina rechaza la resolución que crea un “volumen de equilibrio” en el mercado de granos y un Consejo Consultivo, “del cual decidiremos si vamos a participar” expresó Nicolás Pino, presidente de la entidad.

Y agregó: “Esta cuotificación para el trigo y el maíz, dañan al país y nos hacen mal a todos. Las intervenciones basadas en un arbitrario saldo exportable, generan una sobreoferta artificial y deprimen las cotizaciones No se fomenta la producción del país poniendo limites que distorsionan su crecimiento, generan ineficiencias y transferencias de recursos”.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap, también rechazó “otra intervención del mercado, que vuelve al viejo y fracasado sistema de cupos con los cuales se vuelve a garantizar a determinados sectores que puedan comprarle al productor al precio que quieran, porque no va a haber pujas en el mercado. Se pierde transparencia en perjuicio de los productores y no ayuda en nada a los caminos de entendimiento que en principio se estaban buscando”.

Coninagro aceptó estas restricciones como “extraordinarias y temporarias, para superar la coyuntura”, aunque resaltaron la “convicción por el libre acceso a los mercados y la no intervención de los mismos”.

El CAA aclaró que las Mesas de Trigo y Maíz no pertenecen a ese nucleamiento: "fueron creadas e integradas por los sectores de cada cadena para tratar los temas de coyuntura que las afectan. El Consejo trabaja en la formulación de políticas de largo plazo fomentando mas producción y agregado de valor", dijeron.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ratificaron la perspectiva negativa, considerando que “la incertidumbre es un dogma argentino, que afecta “las libertades no solo de mercado, sino también productivas del país”. Citaron al prócer Juan Bautista Alberdi, “Intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir el peso de la autoridad es la mejor forma de hacerla estimable” escribió el inspirador de la Constitución de 1853.

En la entidad liderada por Jorge Chemes creen que la resolución 276 va a contramano, y concluyeron con pesimismo: “Pasaron más de 200 años desde que Alberdi escribió esas palabras y parece que como sociedad no hemos aprendido nada”.