La Verdad - 15-11-2021 - JOSÉ LUIS AMADO Cuando el presidente Alberto Fernández realizó la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, se comprometió a enviar un proyecto para el fomento de inversiones en la agroindustria. Ocho meses después, desde Casa rosada llegó la carpeta al Congreso.

El proyecto original que en su momento le presentó el Consejo Agroindustrial Argentino era mucho más ambicioso. Ese proyecto preveía que en 10 años las exportaciones del sector alcancen los 100.000 millones de dólares y generen 700.000 puestos de trabajo, pero “algo es algo”, dicen desde esa institución.

Lo cierto es que, el envío por parte del gobierno al tratamiento parlamentario de esta ley, llegó en un momento complejo. Ayer se conocieron dos noticias preocupantes. La primera indica que Argentina hoy tiene 7 millones de desocupados y la segunda es que Uruguay acaba de superar a nuestro país, y por lo tanto quedamos terceros, en exportaciones de carne a China. Un mercado voraz que va a ser muy difícil de recuperar, con las consecuencias de menores ingresos de divisas y achicamiento del stock ganadero, entre otras consecuencias.

El proyecto de ley
Según se describe, una vez aprobada la ley, regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 y donde el Poder Ejecutivo podrá extender el mencionado plazo por un término de hasta cinco años.

Entre otras cosas, se crea el «Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible» para «incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático».

Precisa que se apunta a incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de producción nacional, estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos, e incrementar la productividad de la ganadería vacuna.

Según se detalla, los inscriptos en un registro de la ley «podrán convertir en un certificado de crédito fiscal intransferible hasta un importe equivalente al que resulte de aplicar la alícuota a la que se refiere el inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

El proyecto dice también que en lo correspondiente al programa «Incrementar la Productividad de la Ganadería Vacuna», que la Autoridad de Aplicación establecerá cuáles serán los gastos y erogaciones en genética y sanidad factibles de ser convertidos en un certificado de crédito fiscal y el mecanismo de valoración de este sobre la base del grado de cumplimiento de los objetivos del Programa.

«El mencionado certificado podrá ser utilizado por el término de 24 meses contados desde su emisión para la cancelación del impuesto a las ganancias a pagar del período fiscal de que se trate o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor como así tampoco a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional», sostiene.

Este plazo podrá prorrogarse por doce meses, por causas justificadas según lo que establezca la Autoridad de Aplicación, agrega.

Finalmente destacar que el Consejo Agroindustrial Argentino celebró la elevación de este proyecto, pero que no soluciona los problemas que hoy enfrenta el sector, como por ejemplo la elevada presión impositiva a través de las denominadas Retenciones. Además, señalaron que defenderán en el Congreso la propuesta, para que sea aprobada rápidamente. Por su parte, los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace cuestionaron al proyecto, ya que consideraron que se deberían contemplar otros aspectos como la baja de las Retenciones y hasta su eliminación definitiva