Bichos de Campo 05-11-2021 - Matias Longoni La amplia comitiva que acompañó al presidente Alberto Fernández, incluyendo al ministro de Agricultura Julián Domínguez, emprendió regreso a la ciudad de Buenos Aires. Pero en Glasgow, la COP26 sigue su curso e ingresó en un terreno mucho más delicado: el de la negociación técnica. Detrás quedaron los grandes compromisos que la Argentina aceptó firmar para reducir 30% las emisiones de metano y para poner freno a la deforestación en 2030. Pero resta la letra chica, que es la que puede condicionar severamente en el futuro la vida de los productores argentinos, en especial los ganaderos, ubicados a miles de kilómetros de distancia.

“Que se queden tranquilos, que no habrá que sacrificar ni una cabeza de ganado”, transmitió a Bichos de Campo el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ariel Martínez, quien formó parte de la delegación argentina en Glasgow y que todavía permanece en esa ciudad escocesa, donde todos los países del mundo están tratando de acordar una agenda urgente para poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que recalientan el planeta y provocan un cambio climático peligroso para la humanidad.

La aclaración oficial resulta oportuna. Ni bien todos los presidentes llegaron a Glasgow, a principios de esta semana, la Argentina -junto a otro centenar de países- se mostró como firmante de los dos principales acuerdos que las potencias más desarrolladas querían imponer en esta cumbre climática. Uno de ellos lo firmaron casi todos, incluidos países díscolos como Rusia y China: pretende poner freno a la deforestación a partir de 2030. El otro pacto global, impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, se conoce como “Compromiso Metano” y resultó un poco más discutido, pues es “vinculante” y establece que las emisiones de ese gas deberán reducirse en un 30% en 2030.

La adhesión argentina a este pacto -que también asumió Brasil pero fue rechazado por otros países ganaderos como Australia y China- despertó algunos temores entre los productores. ¿Por qué? Porque se sabe que buena parte de las emisiones de metano son generadas por los rumiantes y por eso en la Argentina, del total de emisiones de metano, más del 60% son atribuibles a la ganadería según los criterios establecidos por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Si Argentina se comprometió a recortar un 30% e sus emisiones, ¿eso implicaría que habría que reducir otro tanto el stock de vacunos?

“En absoluto”, respondió el funcionario argentino, quien aclaró que ese 30% mencionado en el documento es el objetivo de reducción global (es decir, que el mundo debería llegar a cumplirlo en 2030) y que no debe ser aplicado literalmente en cada uno de los 105 países signatarios.

¿Qué significa eso? Que por ahora está acordada cuál es la meta objetivo (reducir las emisiones globales de metano en un 30% para 2030, desde los niveles de 2020), pero todavía debe discutirse la “métrica”, lo que significará definir cuál será el aporte efectivo que tendrá que hacer cada país y en qué sector de la economía se debería producir ese ajuste.

En ese sentido, el funcionario de la cartera agropecuaria destacó que el ganado es responsable de solo una parte de las emisiones de ese GEI y aclaró que en la Argentina otro casi 40% proviene de los residuos, la energía y otras actividades económicas. De hecho, al anunciar este pacto, Estados Unidos y Europa anticiparon que pondrían su propio esfuerzo en reducir las emisiones de metano de sus industrias petroleras.

“La reducción planteada del 30% en las emisiones de metano es global, y de ninguna manera nos obligará a bajar el número de cabezas. Este acuerdo no irá en contra de la seguridad alimentaria y nuestra consigna al firmarlo fue ‘ni un alimento menos’. Por el contrario, podemos producir más y hasta extender la cantidad de cabezas si comenzamos a trabajar en la eficiencia de nuestra ganadería”, enfatizó el subsecretario que acompañó a Domínguez hasta Glasgow.

En ese sentido, el funcionario consideró que ahora debe comenzar un proceso arduo de trabajo tal como se definió en el documento que el Ministerio de Agricultura firmó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Mesa de Enlace y Aapresid unos pocos días antes de la cumbre climática. Allí, básicamente se establecía que “la agricultura no es el problema sino parte de la solución” para reducir las emisiones.

En este sentido, los objetivos del gobierno -o al menos de su ala más productivista encarnada ahora por Domínguez-, pasan por desplegar una agresiva agenda en los próximos meses para definir una “métrica” cumplible en materia de compromisos de reducción del aporte nacional de metano al planeta, donde este gas colabora con 17% de las emisiones totales y, una vez en la atmósfera, se elimina en tiempos bastante más cortos que el carbono (se habla de una diferencia de 10 años contra casi un siglo de permanencia).

Martínez citó en esa agenda buena parte de las medidas que la propia cadena de ganados y carnes pregona, especialmente a partir del trabajo del investigador del Conicet Ernesto Viglizzo. Entre otros puntos eso implicaría:

Ganar eficiencia en el manejo de rodeo para reducir a una mínima expresión las vacas improductivas que hoy producen tanto metano como las que están en producción. En el mismo sentido, y para producir más carne, se debería elevar el peso promedio de faena.
Convencer al resto de los países que la ganadería argentina -al ser de base pastoril- captura tanto o más carbono del metano que emiten sus bovinos (en carbono equivalente). Para esto Martínez piensa que hay que cerrar filas con Brasil, Uruguay y otros países ganaderos.
Comenzar a incorporar tecnologías (como ingredientes alimentarios) que puedan ayudar a reducir la cantidad de metano que emiten las vacas argentinas, pero sin reducir el stock.
Discutir con otros sectores económicos (en especial con la industria petrolera o la de gestión de residuos) cómo serán los aportes nacionales al compromiso metano.

-¿Y qué sucedía si la Argentina se negaba a firmar ese acuerdo, como hizo Australia?- preguntamos en un tramo de la conversación.

Martínez explicó que de entrada los países en vías de desarrollo -como la Argentina- se encontraron en la COP26 con una posición muy agresiva por parte de las naciones desarrolladas, que querían cerrar la cumbre de Glasgow con compromisos estrictos para evitar que la temperatura planetaria llegue a subir los 2°C tan temidos durante este siglo. Un condimento fue que, luego de varios años en los que Donald Trump minimizara este problema, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mostró en Glasgow como el más entusiasta de los ambientalistas.

La delegación argentina, según esta descripción, se empecinó en aclarar que la responsabilidad nacional para haber llegado a este escenario era mínima, pues el país solo emite 0,7% del total de GEI, según los últimos inventarios. Pero a la vez había que mostrar voluntad de ser parte de la cruzada mundial para resolverlo. “Por eso en el documento que la Agricultura firmó con las entidades rurales se priorizó la adaptación al nuevo escenario de cambio climático, pues sin haber sido culpables, igual nos lastima”, explicó el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura.

Según esa visión, más allá de quién pateó la pelota y rompió el vidrio, todos jugamos el partido y existen “responsabilidades comunes, aunque tengamos que hacer esfuerzos diferenciales para resolver el problema”.

Otra verdad de Perogrullo es que por su delicada situación económica la Argentina no está como para sacar los pies del plato de ninguna de estas negociaciones y mucho menos para hacerse la canchera. “Estar afuera te corre del marco del financiamiento y no vas a estar entre los países que va a recibir inversiones”, reconoció el funcionario, que recordó que en el marco del Acuerdo de París el artículo 6 habla concretamente del compromiso de las naciones desarrolladas para financiar proyectos que permitan al resto de los países mitigar el impacto del cambio climático y adaptar sus sectores productivos a las nuevas realidades.

Martínez, que por ahora permanece en Glasgow junto a un grupo técnico de funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, comentó que ahora se está negociando sobre un tercer acuerdo global impulsado por la Unión Europea para intentar que en un futuro se imponga la obligatoriedad de certificar que los alimentos no provengan de tierras que hayan sido deforestadas, de modo de detener el “cambio de uso del suelo” que también provoca emisiones de GEI. La novedad es que se pretende que estos condicionamientos asuman la forma de reglas comerciales.

Esa nueva ofensiva mantiene ocupados a los delegados argentinos. Y es la mejor evidencia de que las grandes potencias esta vez han intentado avanzar con la agenda climática de modo mucho más intenso que en otras ocasiones.