Clarín 04-10-2021 - Mauricio Bártoli El directorio de la agroexportadora Vicentin presentó una propuesta para pagarle a sus acreedores con una quita del 70% respecto del cálculo de la deuda en dólares: implicaría desembolsar solo US$485 millones de los US$1573 reclamados originalmente.

Ofrecen entregar US$20.000 a cada uno de los 1.700 acreedores, en un “pronto pago” estimado para mediados del año que viene, teniendo en cuenta que sería 6 meses después de la homologación del eventual acuerdo. Aseguraron que esa erogación general cubriría el pago previsto para 1.100 productores agropecuarios, los que tendrían acreencias inferiores a US$4 millones. Luego, a partir de 2024, se pagaría el resto en 13 cuotas anuales, al resto de los acreedores.

Los lineamientos de la propuesta se presentaron este viernes, en tres reuniones sucesivas, ante acreedores financieros, funcionarios judiciales y una decena de los acreedores granarios más representativos. Todos quedaron en analizarla y se abrió un período de intercambio de preguntas.
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Una de las claves que sostiene la propuesta es que avanza el acuerdo para ceder el 90% de las acciones de la Vicentin SAIC a un consorcio de tres agroexportadoras: la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro SA y Viterra Argentina. Representantes de estas tres firmas participaron de las reuniones con los acreedores, en señal de respaldo.

A cambio del control de la nueva Vicentin, el consorcio, denominado en las negociaciones como “Interesados estratégicos", aportarían un capital de trabajo de US$300 millones para garantizar la continuidad operativa de la compañía, desde pagara los sueldos hasta saldar las deudas en los próximos 15 años.

Los directores de Vicentin remarcaron que “el respaldo de confianza que implica la operación de los activos de Vicentin por los mencionados interesados estratégicos permitirá garantizar un flujo para hacer frente a las cuotas concursales comprometidas”.

El caso Vicentin tuvo alta repercusión, especialmente en junio de 2020, cuando el Gobierno nacional intentó intervenir y expropiar la empresa. En agosto, el presidente Alberto Fernández, emitió un segundo decreto, con el cual se alejó de esa idea, pero algunos funcionarios mantuvieron la idea de controlar a la que todavía sigue siendo una de las principales cerealeras del país.

Otro de los datos salientes de la propuesta para reestructurar a esta empresa es que los pagos se plantean a valor dólar – según la cotización oficial-, a pesar de que el juez del concurso judicial, Fabián Lorenzini, verificó a valores en pesos buena parte de las acreencias, en general las de los productores que entregaron granos.

Por ello, Omar Scarel y Estanislao Bougain, dos de los directores de la agroexportadora, argumentan que “en términos relativos, esta propuesta supone el pago de casi el 50% de la deuda verificada en pesos, que fue la moneda en que se verificaron los créditos”. También bajo la consideración de que la ley establece el pago en pesos, subrayan que al dolarizarse las acreencias de todos los productores agropecuarios, se los pone en igualdad de condiciones con los acreedores financieros.

Un grupo de bancos internacionales encabezado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), entre otras entidades que se referencian como los principales acreedores privados, reclaman una deuda por US$ 530 millones. Además, al Banco Nación se le adeudan US$ 300 millones.

Por ahora no se presentó nada de esto en el expediente judicial, porque ahora la clave es que los acreedores acepten esta propuesta que el directorio de Vicentin calificó como “lineamientos”, aunque desestimó la posibilidad de mejoras en la oferta. “Estamos dando lo que hay. Llegamos a estos números en base al flujo real de los activos de la empresa, que estimamos que luego de una adecuada reestructuración podría pagar deudas de aproximadamente US$ 33 millones por año”, afirmó Bougain.

El plazo final para llegar un acuerdo antes de que se declare la quiebra es el 16 de diciembre. Antes de esa fecha, el directorio de Vicentin buscará la adhesión de los acreedores, financieros y granarios, con el argumento de que es la alternativa “menos mala”.

Sostienen que “esta propuesta es sustentable a partir de una empresa que se encuentra operativa, con sus activos intactos, con salarios, cargas sociales e impuestos al día, lo que permite evitar un escenario de quiebra que no favorecería a ninguno de los actores comprometidos en esta instancia y que -además- pondría en serio riesgo las fuentes de trabajo que hasta aquí se han podido preservar íntegramente”.

Para que se valide un acuerdo en el marco del concurso se requiere reunir la adhesión del 51% de los acreedores (lo que hace imprescindible el apoyo de los productores, que representan la mayoría en este aspecto) y 66% de la deuda verificada (donde tallan los bancos). Por eso, ninguno de los grupos puede avalar la propuesta en soledad.

El desafío del directorio Vicentin y sus “interesados estratégicos” es convencer a los acreedores de que antes de llegar a una destrucción de valor generalizada es preferible revitalizar las operaciones de la “nueva Vicentin”, en manos del consorcio de tres agroexportadoras y con los históricos dueños desplazados de la conducción. Tienen poco más de dos meses para lograrlo.