Revista Puerto 21-07-2021 - Roberto Garrone La semana pasada en el marco de la reunión del Consejo Consultivo que funciona bajo la órbita del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata hubo una conferencia sobre “Producción, Desafíos y Oportunidades para el sector Pesquero”.

La charla estuvo a cargo de Marita González, especialista en relaciones Internacionales, Licenciada en Ciencia Política (UBA), Doctora en Sociología (UCA), Profesora Titular de Sociología del CBC y Adjunta de las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Como representante de la CGT en el Mercosur, la investigadora se refirió a las negociaciones con la Unión Europea que terminaron en el preacuerdo firmado el 28 de junio de 2019. La asesora de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT trabaja en analizar el contenido de un acuerdo impulsado por la Comunidad Económica a partir de los cambios generados por la crisis de los países centrales en 2008 y la contraofensiva de la región europea como estrategia frente al cambio en la política exterior estadounidense.

“Como CGT hemos hecho un seguimiento de toda esta negociación y las incidencias que tiene el acuerdo en los países miembros del bloque. Hemos estado en los debates con los negociadores, pero fue un trabajo muy difícil puesto que toda la negociación fue opaca, oscura”, dice la investigadora en diálogo por zoom con REVISTA PUERTO.

“Reclamamos en su momento transparencia, aunque nunca la hubo, sobre todo desde 2016 en adelante. No hubo transparencia de ninguno de los dos bloques. El secretismo fue la característica central desde 2016 a 2019”, dice González.

El acuerdo se había reactivado a partir de 2010 para tener herramientas por el impacto que podían tener las consecuencias de la crisis económica de los países centrales. “Uno esperaba que los acuerdos fueran más equilibrados. Que hubiera capítulos especiales y diferenciados, donde la parte más fuerte se conviene a apoyar y promover a los sectores débiles. Por esa causa las negociaciones del comercio entre ambos bloques entre 2010 y 2015 se vieron obstaculizadas. Desde este lado se observaba que no había interés de Europa por entender de estas asimetrías entre ambos bloques.

REVISTA PUERTO: ¿Después se produjeron cambios de gobierno en los principales socios del Mercosur que terminaron fomentando el preacuerdo?

MARITA GONZÁLEZ: Claro, en realidad siempre hubo una especulación de que cuando cambiara el signo político las negociaciones podrían avanzar. No solo por el ascenso de Mauricio Macri en el gobierno argentino, sino también el golpe blando, el golpe parlamentario en Brasil, con la salida de Dilma y la llegada de Temer y luego con Bolsonaro, ya se había construido esa alianza de la nueva derecha en América del Sur que es bastante entreguista y su liberalismo en ambos países hizo un diagnóstico sobre el sistema internacional que más se adecua a la década de los 90 que a la época actual.

RP: ¿Qué impacto tiene el acuerdo para el sector pesquero?

MG: En realidad es un preacuerdo, al que le falta la fase de revisión legal y luego pasa al Parlamento Europeo. Antes se lo debe comparar con el acuerdo legal porque siempre hay cambios. El escenario político ha cambiado en nuestro país, aunque hay voluntad política de rubricarlo en Uruguay, Paraguay y Brasil. Hay una cláusula de 2019 que si uno de los países lo firma y entra en vigencia, los demás parlamentos tendrían que suscribirlo. Hay una controversia sobre la convención mundial de los derechos sobre los mares, de Naciones Unidas. Dependerá de cómo queda en la revisión legal. Si desaparece lo de la convención del mar se respetaría la posición ofensiva de Unión Europea sobre que los recursos son propiedad de los barcos de la bandera que lo capturen y eso es perjudicial para el sector pesquero argentino. Puede haber aceptación de la figura rectora de la convención del mar y en ese caso se habría saldado a favor del Mercosur. Que acepten los preceptos de la Convención mantendría zona de exclusión, mares continentales, etcétera, pero se mantendría el problema por la triangulación de la que participan empresas españolas en aguas internacionales y cuyos productos ingresan con aranceles cero como pescadas en aguas propias. La segunda cuestión tiene que ver con la libre navegación, y afectaría los ríos y la cuestión fluvial, fundamentalmente la hidrovía. Por eso consideramos que ha sido un acuerdo muy lesivo. Argentina tiene toda una historia, incluso de conflictos, para acordar la libre navegación de sus ríos. El acuerdo de por sí, en su totalidad, es lesivo a los intereses del Mercosur.

RP: ¿Cuánto se toma conocimiento de la versión final del acuerdo?

MG: Hasta que no tengamos los textos con la revisión final, eso terminará definiendo muchas cosas para los sectores industriales en general y para la industria pesquera en particular. La revisión legal está terminando y se eleva luego a la Comisión Europea y de ahí a todas las partes. La revisión tardó más de dos años… Todos estamos expectantes porque la UE tiene una historia que entre lo que se firmó como preacuerdo y lo que resulta como documento final hay un 20 por ciento de cosas que no se habían negociado. Esa es la primera trampa legal que hacen.

González es también investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y representa a la CGT en el Programa de Trabajo Decente de Argentina en la OIT, una iniciativa que se desarrolló entre 2008 y 2011 para promocionar el empleo digno.

RP: ¿Está al tanto de la situación laboral en Mar del Plata, donde en el sector del reproceso de pescado hay trabajadores precarizados?

MG: Sí, el tema de estibadores y fileteadores es bastante histórico y la precarización laboral es una de las cosas que distinguen al sector como a tantos otros. Creo sí, que hay que decir que las condiciones de trabajo dignas no se establecen solo desde el Estado. Debe haber una fuerte acción sindical de las bases y también los dirigentes por la promoción del trabajo decente. El trabajador quiere ganarse el mango y no necesariamente entiende que tiene derecho a exigir mejores condiciones laborales.

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