La Nación 12-07-2021 - Gabriela Origlia CORDOBA.- Tras el debate y la incertidumbre que abrió la decisión del gobierno nacional de reestatizar la hidrovía -canal por donde pasa el 80% de las exportaciones-, la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables le ordenó a la empresa concesionaria no sobredragar el Paraná. La decisión es la primera que se conoce desde la publicación del decreto de reestatización; el lunes próximo habría una reunión para analizar si esa conducta se debe mantener pese a la bajante histórica del río.

La decisión -comunicada fehacientemente a Hidrovía SA- se fundamenta en cuestiones ambientales que planteó el Ministerio de Medio Ambiente a Puertos.

Hace una semana LA NACION publicó que se estaba sobredragando para evitar problemas al tránsito de buques ya que la acumulación de sedimentos obliga a cargar menos peso o a usar vías alternativas. No es la primera vez que la concesionaria lo hace en esta gestión y nunca había sido advertida.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que deberá mantener los diseños de obra oportunamente aprobados en cuanto a las profundidades alcanzadas, los veriles y los anchos de solera, cualquier modificación que se determinare en los mismos enervará la pérdida de derecho a percibir la tarifa, con más las sanciones previstas”, dice el texto firmado por Sofía Vannelli, directora de Control Técnico de Concesiones de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables.

Desde Jan de Nul, el socio belga de la concesionaria, confirmaron a este medio los datos y también que es la primera vez que les piden dejar de hacer el sobredragado. Ayer, la Bolsa de Comercio de Rosario difundió un trabajo realizado por Javier Treboux, Tomás Rodríguez Zurro, Julio Calzada y Pablo Ybañez que advierte que la bajante del río Paraná representaría un costo extra cercano a los US$315 millones en seis meses para el complejo agroindustrial exportador y los productores agropecuarios argentinos.

El sobre dragado alcanza unos dos pies adicionales de profundidad para compensar el bajo nivel del agua y no complicar el tránsito fluvial. La Subsecretaría de Puertos pide a la concesionaria, también, saber si se hicieron estudios del impacto ambiental que tiene esa decisión. Según fuentes empresarias, las tareas de este tipo nunca se facturaron.

Por contrato, la empresa está obligada a garantizar los 34 pies de calado de despacho durante el 90% del tiempo a partir de una altura del río de 2,47 metros en el hidrómetro de Rosario. Por la bajante ya no alcanza ese nivel.

Varios especialistas coincidieron ante este diario que es “imposible” determinar por la dinámica climática cuánto tiempo se puede frenar el sobredragado sin que haya consecuencias importantes para el tránsito.

Respecto de los mayores costos que la bajante del río genera, los autores del estudio definen que hay un alza de los relacionados con la necesidad de ajustar el volumen de carga en determinados tipos de buques en el Gran Rosario, lo que denominan “falso flete” que sumaría US$184,2 millones; unos US$41,8 millones más porque hay embarcaciones que deben completar la carga en otros puertos como Bahía Blanca o Quequén y unos US$50,1 millones más por el menor tonelaje que puede cargarse en los trenes de barcazas que bajan por los ríos Paraná y Paraguay al Gran Rosario desde Paraguay, Bolivia y puertos locales (mercadería de origen extranjero que trasborda en el Gran Rosario).

Estimaron en US$19,7 millones las pérdidas que sufre el complejo agroindustrial local por menores precios de exportación por los problemas logísticos y de transporte, y US$10 millones adicionales por la actividad industrial del complejo oleaginoso del Gran Rosario producto de la ralentización del ritmo de embarques.
Gabriela Origlia