La Nación 25-06-2021 - Francisco Jueguen La decisión del Gobierno de limitar las exportaciones de carne vacuna provocará una merma de ingresos de US$1200 millones al año. Esa estimación fue realizada por la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario (FADA), que calculó el impacto que tendría colocar en el exterior solo el 58% de lo que la Argentina exportó en 2020. Por otra parte, la Mesa de Enlace les pidió una audiencia a ocho gobernadores de provincias ganaderas para que le reclamen al gobierno nacional el fin del cepo.

“No es un gol. Es una atajada”, dicen cerca de Martín Guzmán para describir el paraguas acordado con el Club deparísconelúnicoobjetivodeevitar un default a fines del mes que viene.

En el Ministerio de Economía saben que el parche no es una solución definitiva, pese a que lo consideran un resolución satisfactoria de la “diplomacia financiera” para evitar la cesación de pagos. El tono del statement del Club de París de ayer a agencias internacionales dejó claro que no se celebra nada. Más que saludar el “entendimiento” , remarca el “compromiso” argentino de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “lo antes posible” y con una fecha límite: fines de marzo de 2022. Subraya además la promesa de Guzmán, de ahora en más, de no privilegiar a algunos acreedores (China) y saltear a aquellos a los que el país debe dinero dentro del Club de París. Allí aparecen fundamentalmente Alemania y Japón.

“Rarísimo que nadie le pregunte, siendo que era conferencia de prensa y el tema a tratar era el refinanciamiento de una deuda”, criticó en su cuenta de Twitter Alfonso Prat-gay sobre los costos del acuerdo anunciado que tiene como eje el pago parcial de US$430 millones como adelanto de capital en dos cuotas: una el 31 de julio y otra en 2022.

El exministro de Hacienda no tiene por qué saberlo, pero el Ministerio de Economía convocó a esa conferencia de prensa presencial –el Palacio de Hacienda está cerrado para los acreditados desde el año pasado por pandemia– a las 14.38. El encuentro sería a las 15. Con poca presencia, arrancó 16.15. Ese nuevo horario fue confirmado a las 16.10. En el Gobierno confirmaron a la

que la tasa que devengará (y nacion acumulará) la deuda remanente con el Club de París será del 9% anual, por encima del 3,5% de la deuda que se tomó en 2018 con el FMI, pero por debajo de lo que hoy debería pagar la Argentina en los mercados voluntarios pese al “éxito” de la reestructuración de la deuda privada en dólares cerrada el año pasado. No hay punitorios porque no hubo default, ya habían señalado en Economía.

Es una tasa razonable. Para el mundo no. Para la Argentina, puede ser. Una empresa energética local de gran relevancia colocó deuda al 9,125% recientemente. El crédito a las compañías es siempre más barato que el que se le ofrece a un país. Pero la Argentina no es un país cualquiera: acumula en su larga historia nueve cesaciones de pago.

En Economía, sin embargo, aclaran que ese “no es el costo del acuerdo”, sino más bien “la continuación natural del esquema” que ya existía previamente. Esa tasa de 9% se comenzó a pagar tras el pago mínimo de US$1700 millones al Club de París en mayo de 2019 que hizo Mauricio Macri en medio del cimbronazo cambiario. Agregan además que, tras un acuerdo con el FMI, “renegociarán toda la deuda”. Un año después, Alberto Fernández tuvo la opción de saldar esa deuda o de terminar de pagarla. En mayo de 2020 hizo uso de la opción que tenía por contrato y prorrogó el pago.

La deuda original con el Club de París era de US$4955 millones. El país dejó de pagarla tras la crisis de 2001. En 2014, Axel Kicillof fue el encargado de renegociarla. La tasa era entonces de 7% y el actual gobernador logró rebajarla con un esquema step up que arrancaba en 3% anual y subía (4,5%, 7,5%). Sin embargo, se lo cuestionó porque aceptó US$1102 millones de intereses y US$3633 millones de punitorios. La deuda creció a US$9600 millones.

El pasivo con el Club de París tiene un componente parecido al que tienen las tarjetas de crédito: una amortización objetivo y un pago mínimo. Si se pagaba el mínimo, la diferencia con el pago objetivo se acumulaba al final del plazo (esa deuda tenía un costo más alto). Entre 2016 y 2019, haciendo uso de pagos mínimos, se pagaron US$5500 millones. En 2019, Macri debía decidir si pagar todo ese saldo acumulado o financiarse dos años más al 9%. Se financió.

En 2020, con Alberto Fernández en el poder y en medio de la reestructuración con los acreedores privados (negociación que se privilegió frente a los organismos internacionales) y sin un marco con el FMI, se usó la opción extender los plazos un año con la misma tasa.

Así se llegó a la actual situación. Si el Gobierno no hubiera aceptado hacer un pago a cuenta, y se hubiera declarado el default, la penalidad implicaba aplicar retroactivos a los intereses desde 2014 al 9%. La deuda hubiera volado.