Página 12 10-06-2021 - Laura Vales Con una feria frente al Congreso, pescadores artesanales organizados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular ofrecieron 12 toneladas de pescado fresco a 100 pesos el kilo, del productor al consumidor .Corvina, besugo, pescadilla, sábalo, patí, dorado y boga fueron vendidos a estos precios promocionales, para hacer visible las posibilidades de desarrollo de un sector que hoy está capturado para el beneficio de un grupo de exportadores.

Los productores denunciaron que los frigoríficos les pagan entre 20 y 50 pesos el kilo de pescado, que llega a los supermercados ocho veces más caro, con precios atados a sus valores internacionales.

La noticia del Pescadazo se venía difundiendo por las redes hace ya unos días y en la plaza del Congreso desde temprano se formaron largas colas para comprar. Los pescadores llegaron con camiones frigoríficos desde Rosario, Helvecia, Concordia, Ensenada, Punta Indio y Mar de Plata.

“Estamos en un momento crítico con las ventas. Queremos mostrarle a la gente que tenemos buena mercadería”, dijo José Ramírez, uno de los voceros de la actividad. Como ejemplo, puso el caso del sábalo: contó que los frigoríficos están pagándoles “20 pesos por cada kilo” de ese pescado, que luego exportan a Brasil y Bolivia a a 600 pesos”.

David Uriburi, de los pescadores artesanales de Santa Fe, agregó que en su provincia “hay 5 o 6 frigoríficos” que concentran exportaciones “por 18 mil toneladas anuales. Es un enorme volumen de alimentos que no se consume dentro del país. Al mismo tiempo, a nosotros, como pescadores artesanales, nos han dejado sin derechos. El pescador artesanal no existe para ninguna empresa, para ningún acopiador. Es tratado como una persona que anda por ahí juntando pescados y los entrega, es algo muy perverso”.

Los pescadores de la UTEP buscan que avancen las negociaciones de una mesa de diálogo con el gobierno nacional, al que le están pidiendo políticas de apoyo para poder comercializar su producción en el mercado interno.

También está elaborando un proyecto de ley para llevar al Congreso Nacional.

La gente se movilizó desde barrios de toda la Ciudad para poder comprar, y esperaron pese a que el día estuvo frío y de a ratos lluvioso. "Es barato. No consigo el kilo a menos de $500", dijo uno de los vecinos en la cola, que a las 9 y media de la mañana ya tenía dos cuadras y media de largo. La mayoría de los que esperaban tenían la ilusión de poder llevarse, por lo menos, tres o cuatro kilos de mercadería.

Esteban Castro, el titular de la UTEP, y Gildo Onorato, secretario gremial de la organización, estuvieron en la plaza. Onorato explicó que además del problema de la cadena de comercialización, es decir de los bajos precios que acopiadores y frigoríficos pagan a los productores, los pescadores artesanales hoy carecen de permisos para trabajar. "A los compañeros y compañeras cuando están pescando los corre la prefectura, les decomisan la mercadería, muchas veces le secuestra la lancha, eso porque es una actividad que no tienen ningún resguardo institucional".

"Ahora, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, se está armando un proceso de registración para que tengan, por lo menos, un reconocimiento desde el estado como trabajadores del sector. Luego nos faltan incentivos productivos y apoyos para fortalecer cadenas de comercialización".

La UTEP viene trabajando hace tres años en agrupar a los pescadores artesanales. En este camino, el Pescadazo fue también una apuesta gremial para convocar a más productores a sumarse. Hoy los organizados son unos 1200 productores del sector, con realidades diversas: hay cooperativas (por ejemplo, las que pusieron los camiones frigoríficos para llegar al Congreso) y también grupos familiares sin recursos. Estas familias necesitan, incluso, recibir algún tipo de ingreso para su subsistencia.

Entre los pescadores artesanales hay así situaciones muy heterogéneas, aunque todos los que llevaron su producción al Congreso son trabajadores de la economía popular, trabajadores que inventaron su propio trabajo. En este sentido, demandan del Estado el reconocimiento de derechos laborales aún no contemplados por la legislación. También políticas económicas, es decir que promuevan su capacidad productivo, el acceso al crédito y la posibilidad de acceder a circuitos de comercialización .
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