La Nación 08-06-2021 - Francisco Jueguen “Te van a cagar a tiros”, le dijeron a Edmund Furlong, productor agropecuario. Lo amenazaron porque cuestionó la aparición de una factura trucha en el ente estatal que se encarga del aprovechamiento del agua en el valle bonaerense del río Colorado. Ese documento parecía justificar una salida de fondos cuyo destino no estaba claro. Después de eso, se presentaron denuncias, hubo allanamientos de la Justicia y renuncias de directivos. Cuando todo parecía aclararse, desembarcó La Cámpora y comenzó una guerra por esa caja entre los representantes de los productores y la militancia.

Esta es una historia que podría replicarse en muchos pueblos chicos: aportes de los privados para mejorar la zona a una caja pública sospechada de corrupción gracias al bajo control y a la apetencia de fondos para la política.

Hoy, el conflicto promete escalar con más denuncias por malversación de fondos contra el nuevo administrador del ente del agua que maneja el Frente de Todos. Los productores lo denunciaron penalmente y prometen tomar medidas si no explica una falta de, al menos, $20 millones en el presupuesto. Cifra que podría ser mayor, sobre todo luego de lo que dejó la poca transparencia de la anterior administración con las facturas del ente.

Tras el escándalo de las facturas en agosto pasado, no se quedaron ahí con Furlong. Lo amenazaron con usurparle el campo con militantes y también con ensuciar a sus hijos

“metiéndoles drogas”. El productor de semillas de alfalfa y ganadería en el establecimiento San Ignacio, en el kilómetro 799 de la ruta 3, siguió haciendo preguntas todo este tiempo. No estaba solo. Con él, el Consorcio Hidráulico (CH) –la entidad privada que representa a los 1400 productores regantes de Villarino y Carmen de Patagones– presionó para que el ente estatal explicara cómo se gastaba el dinero que aportan en un 80% los productores de la zona, de la que sale la mayor cosecha de cebolla del país y que hoy vive una crisis hídrica profunda.

En octubre, la dirección de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense Río Colorado (Corfo) –el ente público que regula las aguas en esa región– debió renunciar por las irregularidades en las facturas, y en diciembre Corfo fue allanada por la UFIJ N° 10 de Bahía Blanca, que conduce el fiscal Gustavo Zorzano.

Pero la crisis institucional derivó en crisis política: según los productores rurales, La Cámpora desembarcó ahora en Corfo y hoy no solo se niega a explicar las “diferencias” que aparecen en la caja con un presupuesto de más de $220 millones, sino que además tiene como objetivo, dicen, desfinanciar el CH y deshilachar el control sobre las cuentas de Corfo “para hacer uso de los fondos de los productores e impulsar la militancia en la zona”. Además, denuncian que amedrenta, con multas, a quienes preguntan. Furlong fue el primero.

Todo arrancó con la crisis de 2001. El entonces gobernador Felipe Solá decidió cerrar la Corfo. Ante el pedido de los regantes, dio marcha atrás y permitió la autogestión, con fondos privados de la zona, para mejorar el uso del agua. En 2004 se creó el CH. Con la mejora de la economía, los aportes fueron creciendo y los productores pagaron un parque de máquinas nuevas, arreglos en los cuatro canales del río Colorado que abastecen la zona y camionetas para la logística. El dinero de los productores siempre fue manejado por el ente público, pero con control de los privados, que tenían un consejo consultivo dentro del mismo ente.

“Se me hizo una infracción acusándome

El administrador oficial dice que el presupuesto del ente “es aprobado por ley”

de exceso de extracción de agua del río, fui notificado un día sábado a las 15. El lunes siguiente había elecciones de directores del CH. Claramente es un amedrentamiento para mí o cualquier otro director. El objetivo es conseguir que nadie quiera participar en el CH en el futuro”, contó a la nacion Furlong. “Quieren reducirlo a un ente similar a una cooperadora escolar, sin personal técnico capacitado, y quedarse con los fondos que tenemos ahorrados. El regante este año va a aportar US$700.000”, dijo sobre el presente que vive el CH.

Gabriela Ciccone, presidenta del CH, explicó que la producción de cebolla, trigo bajo riego, maíz y girasol depende del agua para regar que llega de las nevadas y se acumula en el Dique Paso de Piedra. “La situación hídrica es crítica. Es el segundo año más grave de la historia”, afirmó, y precisó que, en años normales, se riegan 140.000 hectáreas. El año pasado fueron solo 80.000.

Los productores privados pagan dos facturas (una a Corfo y otra al CH) para comprar máquinas y hacer inversiones para aprovechar al máximo el agua. El presupuesto, que fue de $225 millones en 2020, es manejado por Corfo. Ante la presión del CH para conocer el destino de los fondos, la gestión del Frente para la Victoria en Corfo “comenzó a desfinanciarlos” y amedrentarlos, denunciaron. “Llegaron los tipos de La Cámpora para quedarse con todo y estamos en una terrible crisis institucional. Al CH lo están desfinanciando y se quieren quedar con los fondos para las maquinarias”, dijo a este medio Ciccone. La semana pasada, la Corfo cambió cerraduras y dejó sin oficinas al CH.

El administrador general de Corfo, Ramiro Vergara, no desmiente ser militante del Frente para la Victoria ni integrante de La Cámpora. “La identidad política no es algo que tenga que poner en debate”, dijo. El ingeniero especializado en recursos hídricos niega las acusaciones vinculadas a los objetivos de su gestión. “Corfo es un ente autárquico provincial que tiene un presupuesto aprobado por ley, todo lo que se recauda es a través de un sistema de facturas y esa recaudación va a parar a la CUT, cuenta única del Tesoro de la provincia. Desde allí se aprueban partidas contra las imputaciones previstas en el presupuesto, por ejemplo sueldos, combustible, repuestos, entre otros. No existe caja”, afirmó.

“Esto lo dice un grupo de personas que participan desde hace muchos años junto con la gestión anterior, denunciada”, cuestionó, pese a que esa gestión fue denunciada por los productores en el CH, y habló de “pérdida de privilegios” para algunos.

Vergara será denunciado hoy por la CH “por violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, retención indebida de documentos y encubrimiento”, según verificó la nacion. La denuncia será presentada en Bahía Blanca.

“Hay una diferencia entre lo que le comunicaban al productor, que quedó en las actas del consejo consultivo (la pata de CH en Corfo), lo que en realidad presupuestaban en la provincia y lo que recaudaban. Subejecutaron, en plena crisis hídrica, el presupuesto. Esto se lo llevan a una caja política. Al no darnos las facturas, no podemos controlar hasta dónde llega esto. Sabemos que, por lo menos, fueron $20 millones, pero pudo ser mucho más”, señaló Martín Iseppi, abogado bahiense del CH, quien, junto con el expresidente de la entidad Luciano Príncipe, empuja la investigación sobre el uso de fondos de Corfo.

“Hubo una subejecución presupuestaria que tuvo que ver con más de dos meses del ente sin cargo ni firma de gerente administrativo”, explicó Vergara, ante la consulta de la nacion. “Las restricciones por Covid también afectaron. El gasto que no pudo efectivizarse en el anterior período forma parte de negociaciones para poder volcarlo a este período a través de obras y servicios para la zona de riego”, señaló.

El escándalo explotó con un mail anónimo. “Redacto este correo por la indignación que siento como regante de la zona, por ver cómo desde una institución como Corfo se están produciendo semejantes actos de corrupción, facturas truchas que desfilan para ser pagadas”, comienza el correo que llegó a la dirección del CH el 3 de agosto de 2020.

El mail adjunta la factura de una mujer a la que se le pagaba un servicio por haber hecho el arreglo de un puente. La mujer trabajaba de fotógrafa y, según el mail, era la mujer de un empleado administrativo de Corfo. “Hay mucho más”, cierra el correo, aludiendo a una cooperativa de trabajo (Ave Fénix).

En diciembre, el fiscal Zorzano allanó Corfo. Según en la UFIJ 10 de Bahía Blanca, están investigando una administración fraudulenta de la gestión anterior a la de Vergara, que era conducida por León Somenson, que no quiso hablar con este medio. En la fiscalía afirmaron que se hacen peritajes contables e informáticos de documentos, celulares y computadoras. Por ahora no hay indagados y falta tomar testimoniales.