La Nación 18-05-2021 - Cristian Mira Aunque en la Casa Rosada dicen que se trata de un “gobierno de científicos”, porque las decisiones se toman sobre la base de la evidencia de los datos, en el caso de la carne prefieren apoyarse en los viejos mitos y no en lo que ya demostró la realidad.

La larga historia de restricciones y trabas al comercio de carnes que comenzó en 2005, que incluyó el cierre de las exportaciones, la suba de retenciones y el control de precios, provocó el cierre de más de un centenar de plantas frigoríficas, la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo y la liquidación del stock ganadero en una diez millones de cabezas.

Esas medidas no lograron el propósito de beneficiar a los consumidores con una baja de precios. Solo sacaron partido de esa situación los países competidores de la Argentina en el comercio mundial de carnes. Del tercer lugar que ocupaba el país entre los diez mayores exportadores en 2005, cayó al onceavo lugar en 2015. En ese lapso, además, los frigoríficos brasileños se expandieron por todo el mundo.

Lo que tampoco parece advertir el Gobierno es que el negocio de ganados y carnes se maneja por ciclos de inversión y producción de mediano plazo. Pasan tres años desde que nace el ternero y se transforma en un novillo de 400/500 kilos. En ese ciclo hay diferentes actores en el circuito económico que responden a las señales económicas y también políticas.

Cuando crece la intervención del Estado en el negocio, los criadores, por ejemplo, comienzan a pisar el freno en su trabajo: siembran menos pasturas y dejan de comprar toros y vacas para aumentar el rodeo. Esta conducta defensiva tiene efecto en el mediano plazo y provoca la reducción de la oferta de ganado para producir más carne. Al final, otra vez, el precio tenderá a subir.

Pero además de no considerar las evidencias del pasado, la decisión del Gobierno de cerrar por 30 días las exportaciones de carnes reabre un frente de conflicto con el campo. Pese a que Alberto Fernández, después de ganar las PASO de 2019, había dicho que la disputa por la 125 había quedado atrás y que iba a consultar a la Mesa de Enlace si tenía que adoptar una medida crítica, esta medida abre la posibilidad que el ruralismo responda con una medida de fuerza. Esto ya ocurrió a principios de este año, cuando el Gobierno cerró por doce días las exportaciones de maíz.

Aunque no solo con el ruralismo dinamita los puentes. También lo hace con un sector más amigable con el Gobierno como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que había propuesto un proyecto de ley para otorgar estabilidad fiscal y financiera a las exportaciones del agro por diez años con el propósito de incrementar las exportaciones anuales de US$65.000 a US$100.000 millones. Todo esto sin afectar al mercado interno. En el caso de la cadena de la carne vacuna, la restricción afecta a un complejo exportador que había generado divisas por unos US$2700 millones en 2020.

Con esta medida, además, la Argentina le dice al mundo que no es un proveedor confiable. Rompe otro puente. Los importadores chinos, europeos, chilenos e israelíes, principales destinos de la carne argentina, ya saben que les conviene negociar con empresarios brasileños, uruguayos o paraguayos. Quieren evitar sorpresas desagradables.

Con esta receta de corto plazo que aplica el Gobierno, la evidencia demuestra que sus resultados han fracasado.
Cristian Mira