Revista Puerto 14-05-2021 - Nelson Saldivia La Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Chubut dictó la Disposición 21/2021 por medio de la cual se suspendió la vigencia de una medida anterior que aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado «Disposición Final de Residuos Orgánicos Pesqueros presentado por Arcante S.A. Además, se dispuso «el cese de las actividades del proyecto que tiene como responsable legal a Arcante «hasta que no cumplimente con lo requerido por el presente acto administrativo». En consecuencia, la empresa Arcante «deberá presentar una Adenda al proyecto que se adecue al cambio de tecnología adoptada respecto al Estudio de Impacto Ambiental presentado y aprobado. En ese marco, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar el hecho y deslindar responsabilidades conforme a la Ley XI N° 35 Código Ambiental de Chubut. Es porque la aprobación del EsIA no implicaba una autorización para empezar a operar, sino hasta tanto cumpliera con determinados requisitos para comenzar con las actividades.
Informe técnico adverso

La cartera de ambiente había dictado la Disposición 3/21 del 19 de enero de 2021, por la que se aprobó de manera condicionada el estudio de impacto ambiental presentado, indicando en el artículo 3° de la citada que debe cumplimentarse antes del inicio de la obra.

Un informe técnico posterior del Ministerio «por el cual luego de la evaluación de la documentación presentada, que concluye expresando que visto el cambio de tecnología adoptada respecto al EsIA tratamiento de biopilas/landfarming, deberá presentarse una adenda al proyecto que contemple datos técnicos concretos sobre la metodología definitiva de tratamiento a aplicar.

El mencionado informe «continúa expresando que no queda claro en esta instancia, en qué consiste el mecanismo de tratamiento adoptado. No existe un balance de masas que justifique la dinámica de degradación esperada en el residuo. Asimismo, fueron descartadas, según se interpreta en la presente nota, alternativas de tratamiento con riego, ventilación forzada y material de aporte vegetal, principales componentes del EsIA aprobado», indica entre los fundamentos el instrumento público por medio del cual se ordenó el cese de actividades.
Operaba sin autorización

Por otro lado, la Dirección de Control Operativo Ambiental realiza una inspección el 4 de febrero donde «constata que la empresa se encontraba operativa y de acuerdo a los registros de ingresos de residuos la misma comenzó a funcionar el 19 de enero, fecha coincidente con la aprobación transitoria del EsIA».

En tanto, la Fiscalía de Estado informó que se mantenía la clausura dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Trelew sobre el predio en cuestión.

En otra inspección se le indicó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental que «se deberá solicitar documento que acredite el levantamiento de la clausura interpuesta por la justicia, se deberá solicitar se presenten todos los análisis de material tratado y/o en tratamiento. Se destaca que no se condice la información obrante en el Estudio de Impacto Ambiental, las respuestas aportadas a la Disposición 03/21 con lo constatado en la inspección, concluyendo que se debería presentar una adenda u otro documento ambiental que indique información concreta respecto a la metodología de tratamiento que se pretende implementar y los lineamientos a seguir en dicho caso. Asimismo, de la inspección se desprende que no se cuenta con cartelería indicativo de los sectores de trabajo, caminos y biopilas. El material de aporte proviene de biopilas más antiguas. Las biopilas estabilizadas no son utilizadas como compost o mejorador de sueldo tal lo indicado que se realizaría», señala la inspección que fue determinante para ordenar la clausura de Arcante por parte del Gobierno Provincial.
Renunció el representante técnico

Le atribuyen a Arcante haber iniciado actividades desde el 19 de enero, de acuerdo a los registros de ingresos de residuos orgánicos pesqueros al predio desde el día en que se aprobó el estudio de impacto ambiental, pero que en su artículo 3° se indicaba que previamente se debía cumplimentar con lo solicitado previo al inicio y ejecución de la obra».

A todo esto, la empresa Clasto SRL notificó al Ministerio de Ambiente que desde el 1º de mayo del corriente año dejaba de ejercer la representación técnica y administrativa de Arcante, por lo que no recibiría ni contestaría ninguna notificación relacionada con la empresa Arcante S.A.
Denuncia penal por “daño ambiental”

En tanto, el fiscal Dr. Fernando Rivarola recibió la denuncia interpuesta por el Director General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, José Manuel Pendón, por presunto «daño ambiental» en el predio de Arcante, lo que abre un nuevo frente judicial para el polémico emprendimiento.

La denuncia es por «infracción a Leyes 25.675 y 26.612 por contaminación del suelo desde diciembre de 2017 a la fecha; desobediencia a la autoridad contra la firma Arcante, los señores Damaso Ernesto Nogales y Daniel Nicolás Nogales socios de la firma», señala un tramo de la presentación judicial.

Pendón le explica al fiscal que Arcante comenzó a operar en diciembre de 2017 “sin haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental. Posteriormente, presentó la Descripción Ambiental del Proyecto (DAP), que fue recibida por la Dirección General de Evaluación Ambiental para su evaluación, la cual tramito mediante Expediente N° 1313/17 MAYCDS. Esta presentación, se efectúo omitiendo un dato clave (las toneladas que por día que se van a disponer en el predio) para que la Dirección General de Evaluación Ambiental le otorgue un trámite sencillo sin audiencia pública, cuando correspondía la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, tramitar por la Audiencia Pública y obtener la Declaración de Impacto Ambiental”.

Recordó que en 2018, la abogada madrynense Marcia Caminoa presentó un Amparo Ambiental que culminó con una sentencia definitiva el 26 de octubre de 2020, emitida por la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que hizo lugar a la acción de amparo contra la Provincia del Chubut y Arcante S.A., ordenándose la clausura de la actividad de la empresa en el centro de disposición hasta tanto obtenga la declaración de impacto ambiental (DIA).

La denuncia asegura también que “desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2019, Arcante enterró residuos industriales provenientes de la industria pesquera en trincheras sin impermeabilizar”.
Cruce de intereses políticos y familiares

La controversia sumó un nuevo capítulo y guarda relación con fuerte cruce de intereses políticos y familiares. La exintendente de Rawson y actual diputada Rossana Artero enrolada en el bloque ‘Chubut Unido’, una facción que se escindió del oficialismo de Mariano Arcioni, presentó en la Legislatura un pedido de informes sobre los centros de disposición de residuos pesqueros en la provincia, excepto del proyecto de Arcante, sobre el que no requirió ningún tipo de antecedente ni judicial ni ambiental.

A nadie escapa que el marido de la diputada Artero es un empresario pesquero de la flota amarilla que justamente semanas atrás ejerció una fuerte presión política ante la Municipalidad de Trelew, para que estos a su vez reclamen al Ministerio de Ambiente la reapertura de Arcante.

Algo no huele bien, y no son langostinos, precisamente.

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