Aire de Santa Fe 13-05-2021 - Germán de los Santos Quién se queda con una caja millonaria, como es la que genera la Cooperativa de Estibadores de los puertos del Gran Rosario, emporio que manejó por 50 años Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, hoy fuera del negocio, parece ser la batalla final. En el medio surgen denuncias y versiones cruzadas en medio de un clima tenso, tras la intervención que quedó en febrero en manos de Daniel Sorrequieta, con el sector agroexportador funcionando a pleno y el precio de la soja a más de 600 dólares.

Un grupo de estibadores de la cooperativa denunció ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, que tiene las riendas de esta entidad que agrupa a los trabajadores del sector portuario, transfirió 1.000 millones de pesos a la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenece al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei. Desde el otro lado señalan que “esa información es falsa” y que no se transfirió ese nivel de fondos. Advirtieron que la entrada del Grupo Unión la dio la intervención anterior.

El escrito, al que tuvo acceso Aire de Santa Fe, señala que en la reunión de gerentes de la cooperativa que se realizó el 26 de abril pasado se puso en conocimiento que el 19 de abril “se realizaron operaciones de transferencias de fondos. Los certificados de depósitos presentan sospechosas irregularidades”. Esas transferencias, de acuerdo a la denuncia, representan el 26,5 por ciento de las inversiones de la cooperativa y el 15,7 por ciento de su patrimonio”.
El precio internacional de la soja alcanzó un nuevo récord este martes en el Mercado de Chicago. La posición mayo, que está por vencer, cotiza en estos momentos a US$ 601,50 la tonelada, algo que no sucedía desde agosto del 2012.

El precio internacional de la soja alcanzó un nuevo récord este martes en el Mercado de Chicago. La posición mayo, que está por vencer, cotiza en estos momentos a US$ 601,50 la tonelada, algo que no sucedía desde agosto del 2012.
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“Lo más inquietante del caso es, además de las irregularidades que presenta la operación, la concentración de semejante cifra en esa sola entidad mutual, que constituye más del 40 por ciento del activo corriente de la entidad mutual”, advierte la denuncia presentada por el abogado Federico Jolly.

Estas maniobras representan “una actitud inexplicable por parte del interventor Daniel Sorrequieta, quien decide profundizar el conflicto disponiendo nuevos movimientos de inversiones por cifras muy superiores que comprometen el patrimonio de la cooperativa”, agrega la denuncia.

Lo llamativo de la denuncia de un grupo de estibadores de la cooperativa es que se presentó en la Cámara Federal de Rosario. Saltaron al juez federal Marcelo Bailaque porque consideran que es el que posibilitó “maniobras fraudulentas”, a través de una intervención “que no hace más que generar perjuicios económicos”.

“Creíamos que la nueva intervención iba a cortar la transferencia de fondos a la mutual del Grupo Unión pero nos equivocamos. En diciembre se habían transferido 150 millones de pesos, pero ahora el monto es muy superior y compromete el patrimonio de la entidad”, afirmó Jolly a Aire de Santa Fe. “No se hizo ningún cambio en el manejo de los fondos que se instrumentaron en la intervención anterior, porque el objetivo principal es la normalización”, señalaron fuentes cercanas a las nuevas autoridades.

Un sector de miembros de la cooperativa denunciaron que unos 1.000 millones de pesos fueron transferidos a una mutual controlada por los hermanos Whpei, que desde este último tiempo salieron públicamente a mostrarse a favor del impuesto a la riqueza, algo que generó bronca entre los trabajadores de LT3.

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“Whpei plantea que todos aquellos como él, que poseen un “patrimonio significativo”, tienen la “obligación ética y moral de poner el hombro en un momento de crisis excepcional” como el de la actual pandemia. La iniciativa no merecería el más mínimo reproche si no fuera porque se trata de la misma persona que hace años abandonó de manera intempestiva la reconocida AM 680, dejando a la deriva a sus casi 50 empleados, los mismos que siguen hoy manteniendo en el aire la emisora a pesar de que hace tiempo no perciben sus salarios”, señaló en su momento el diario El Ciudadano. Whpei tuvo un rol muy activo además con la Fundación para la Democracia, que funciona en Rosario, donde hace un par de años invitó a una decena de premios Nobel para que ensayaran mensajes sobre la paz.

Lo que está en juego es la vaca sagrada del sector portuario, como es la cooperativa de estibadores, que históricamente controló Vino Caliente, pero que tras ser detenido en agosto de 2019 fue intervenida. Lo que sospechan los trabajadores es que hay maniobras financieras que dejan sospechas de que los Whpei buscan controlar la entidad. Del otro lado señalan que hay otros intereses vinculados a los medios de comunicación que están detrás de la cooperativa.
Lo denuncia de un grupo de estibadores portuarios se presentó en la Cámara Federal de Rosario para "saltar" a un juez que consideraban involucrado en las maniobras fraudulentas. 

Lo denuncia de un grupo de estibadores portuarios se presentó en la Cámara Federal de Rosario para "saltar" a un juez que consideraban involucrado en las maniobras fraudulentas.

La cooperativa de estibadores estuvo hasta febrero pasado bajo la intervención de Roberto Pascualino, un hombre de perfil técnico de la Universidad de Buenos Aires, que a causa de la pandemia, según señalaron fuentes del gremio, viajó muy pocas veces a Puerto General San Martín, donde está la sede de la cooperativa. Le endilgan que la cooperativa perdió presencia en el mercado al no presentarse a varias licitaciones por sumas millonarias.

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El 12 de febrero pasado asumió al frente de la cooperativa, que manejó históricamente un negocio millonario, Daniel Sorrequieta, un dirigente del peronismo que fue intendente de Puerto General San Martín y tiene nexos de parentesco y políticos con el Movimiento Evita. El nombre de Sorrequieta, que fue sugerido desde el Instituto de Asociativismo y Economía Social (Inaes), trajo tranquilidad en un principio luego de la pasividad que mostró durante la pandemia el interventor anterior. Llevó calma al volcán que detonó en el cordón industrial cuando afirmó que pretendía “empezar el camino de normalización” y de la “devolución” a sus socios “a través de elecciones libres y democráticas para que se elija un consejo de administración”. La misión de la intervención, según señalaron fuentes cercanas a Aire de Santa Fe, es que en 90 días se normalice la cooperativa y en otros 90 días se llame a elecciones para terminar el proceso.

Los estibadores se habían movilizado el día de la asunción de las nuevas autoridades de la cooperativa frente a los Tribunales Federales de Rosario para reclamar el apartamiento de la causa del juez federal Marcelo Bailaque, cuyo accionar este sector sindical critica desde un principio. Ahora los cuestionamientos se renovaron.

La situación estalló en el gremio y la cooperativa desde que Herme Juárez fue detenido el 1º de agosto de 2019 en una causa por defraudación y lavado de dinero en el manejo de los fondos del imperio que construyó Vino Caliente durante más de 50 años, donde atendía de los dos lados del mostrador: negociaba el cobro de las tarifas en dólares con la cooperativa de los trabajadores que estaban dentro del gremio que controlaba. “Esto era un desastre. Una entidad conducida por un sultanato”, afirmaron desde la intervención.
La casa de Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, con el personal de la Policía Federal.

La casa de Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, con el personal de la Policía Federal.

En octubre pasado Juárez, extitular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), fue habilitado por la justicia a retornar el control del gremio, que está actualmente intervenido. Un mes antes, el juez Charvay mandó la causa al juzgado de Balaque, que no delegó, como es frecuente, la investigación en un fiscal sino que quedó a cargo de una instrucción que, por lo que señalaron fuentes del gremio, no tuvo movimientos.

El regreso de Juárez, un hombre que ni la justicia ni la pandemia pudieron domar a los 79 años, a la conducción de un gremio clave en el sector agroexportador, comenzó a tomar más fuerza luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejara “sin efecto” la medida cautelar que derivó en la intervención del sindicato, después de que el dirigente fuera detenido el 1º de agosto de 2019 en su mansión en San Lorenzo, acusado y luego procesado como organizador de una asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos por el juez federal de Zárate Campana Adrián González Charvay.

El sector opositor a Vino Caliente, encargado en Marcelo Vergara, uno de sus sobrinos, amenazó con hacer estallar un nuevo conflicto en el sector que exporta el 85 por ciento de la soja del país. El Ministerio de Trabajo de la Nación logró calmar las aguas tras sellar un acuerdo entre ambos sectores con la promesa de que cuando la justicia lo habilite podría haber elecciones, que por ahora no se pueden llevar adelante por la pandemia.

La intención de Juárez de retomar el control de esa caja millonaria y estratégica que se moldeó luego de que en setiembre pasado la Cámara Federal de San Martín confirmara el procesamiento del empresario y dirigente sindical por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. En ese fallo retiraron las imputaciones por asociación ilícita y coacción agravada y acotaron los posibles delitos sólo al manejo de la cooperativa. Pero actualmente Herme Juárez no maneja nada. Esa caja millonaria es lo que está en disputa.

Este fallo de la Cámara de San Martín motorizó al fiscal general Juan Manuel Domínguez a pedir que se levante la medida cautelar que ordenó la intervención del gremio. “No obran elementos probatorios que permitiesen tener por acreditado que las personas humanas se hayan valido de su condición sindical para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de su estructura para fines ajenos a los meramente gremiales”, puntualizó el fiscal en un dictamen el 15 de octubre pasado.

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La causa que inició el juez Charvay en Zárate-Campana está ahora en manos de Bailaque. El magistrado bonaerense se excusó de seguir adelante con la investigación por estar alejado del territorio donde se produjeron los hechos.

En esa investigación, el juez federal de Campana encontró indicios de que había delitos relacionados con el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa, que tenía el aspecto de una empresa.

En 2017 el patrimonio de la cooperativa, según consta en el expediente, que se dedica a la estiba de los barcos que cargan soja y productos derivados en los puertos, ascendía a 2.100 millones de pesos.

De acuerdo al informe que consta en la causa, la cooperativa tuvo un excedente de 439.000.000. “La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron 1.156 millones de pesos en el ejercicio 2017, y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior”, señala un informe que consta en la causa.

Ese excedente, según sospechan los investigadores, “eran principalmente fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo, y acciones en la sociedad “Bunge Limited” radicada en el Reino Unido”.

A la par de estos registros contables hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios sobre el manejo de los fondos de la cooperativa, que Juárez habría usado para su beneficio personal. Se montaron una red de empresas a nombre de los hijos de Juárez y firmas que serían financieras para manejar y multiplicar, como se sospecha en la causa, los dividendos de la cooperativa.

El 31 de enero 2018 pasado -de acuerdo al expediente- Juárez llamó a un agente financiero de un banco con el objetivo de replantear las inversiones. El bróker “lo puso al corriente de las inversiones existentes bajo su titularidad, indicando que tiene casi 2.000.000 de dólares en LETES (Letras del Tesoro de la Nación) que se vencerían el 28 de junio, junto con otros 16.000.000 de pesos en un fondo de inversión”.

“Pueden observarse los altos rendimientos que tiene la cooperativa, que opera en la práctica como una verdadera sociedad comercial, evidenciados en el importante patrimonio de quienes la dirigen”, señala el procesamiento dictado por el juez Charvay, que alcanzó a Juárez, a su hijo Oscar, y a una decena de dirigentes.

“Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en 15.000.000 de pesos que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay”. Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en esa ciudad, en el complejo inmobiliario “Imperiale Luxury Condominiums”.