Revista Puerto 07-05-2021 - Karina Fernández La empresa Moscuzza hizo usufructo durante más de tres décadas de cupos de captura en sus buques Stella Maris I, Itxas Lur y Don Cayetano que nacieron del permiso de pesca del buque Santa Eugenia, declarado nulo de nulidad absoluta por primera vez en 2003. La justicia ordenó que se retrotrajera el permiso de estos buques a la situación en que se encontraban antes de recibir los cupos en 1992, pero la administración nacional pesquera le permitió seguir operando. En 2018 otro fallo ratificó la nulidad, pero los barcos siguieron pescando. Recién en 2020, ante un fallo de alzada de la Cámara de Apelaciones, se ejecutó la orden judicial. Desde el Consejo Federal Pesquero emitieron nuevos certificados, otorgándoles incluso más de lo que les correspondía. Sin embargo, la firma que conduce José “Pototo” Moscuzza, disconforme, protestó ante el CFP, exigiendo se le otorgue lo que la justicia ya le retiró hace 18 años. En el Acta 9 del Consejo Federal Pesquero los consejeros rechazaron con profusa argumentación los recursos presentados y dieron por agotadas la instancia administrativa. Solo le queda al quejoso la Corte Suprema de Justicia.

Un año atrás se tomaba conocimiento del fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones que ratificó los emitidos en 2003 y 2018 respecto de la situación irregular de los barcos Stella Maris I, Itxas Lur y Don Cayetano por haber recibido parte del permiso de pesca del buque Santa Eugenia, declarado nulo de nulidad absoluta e insalvable.

El Consejo Federal Pesquero, a partir de la información suministrada por la Autoridad de Aplicación, mantuvo todos los cupos originales y cuotas de captura de los barcos y ordenó la emisión de nuevos certificados de permisos de pesca. Mantuvo, incluso, la ampliación de esos cupos y las cuotas que lograron obtener en 2010 apelando a una medida cautelar, que fue posteriormente desestimada por la justicia. Tampoco se hizo reclamo monetario por las ganancias mal habidas de la empresa. Mucho menos se revisó la situación legal de los barcos Itxas Lur y Stella Maris, señalados como ilegales en el Informe de la UBA y de la Procuraduría Nacional.

A pesar de la benevolencia con que ejecutó el Consejo Federal Pesquero la sentencia judicial, el propietario de los barcos, José Moscuzza, no quedó conforme y en enero de 2021 presentó recursos de reconsideración contra la decisión adoptada por el CFP y los nuevos certificados emitidos por el Registro de la Pesca.

Moscuzza indicó que le habían ocasionado grandes pérdidas, que la Autoridad de Aplicación no había esperado a que la sentencia estuviese firme para ejecutar la nulidad del permiso y que el Consejo se había excedido al dar de baja el permiso del Santa Eugenia. La desfachatez del empresario no conoce de límites.

En el Acta 9 se conoció la respuesta del Consejo, tras señalar que solo había dado cumplimiento a la orden judicial, dando una pauta de ordenamiento registral de los permisos originales y las cuotas.

El CFP no solo no le exigió el pago retroactivo del usufructo de esas 7 mil toneladas durante 28 años, sino que además resolvió permitirle conservar las cuotas de merluza a pesar de haber sido otorgadas mediante una cautelar, que fue desestimada por la justicia. A Moscuzza se le permitió salir prácticamente airoso de la situación y los consejeros son conscientes de ello.

Por tanto, cuando se refirieron a la queja del empresario de que se le habrían causado pérdidas y daños, los consejeros le contestaron que no solo no ha dicho cuáles son esos daños, sino que se le recordó también que ya había dado su consentimiento a lo decidido por el Consejo, “cuando solicitó se asignaran las CITC (cuotas de merluza hubbsi) a su nombre”.

Respecto de la acusación de no haber esperado una sentencia firme para declarar la nulidad y emitir nuevos certificados, los consejeros respondieron que “con una sentencia de primera instancia declarativa de la nulidad de actos administrativos, confirmada por la instancia siguiente, respecto de la cual se interpuso el recurso extraordinario que fue declarado inadmisible, no hay obstáculo legal para ajustar los registros administrativos al contenido material de la sentencia, con la debida diligencia”.

Pasaron 17 años desde el primer fallo y 28 desde que Moscuzza comenzó a hacer usufructo de esas 7 mil toneladas de captura. Es inaudito que no deba devolver lo que le robó al Estado, pero más increíble es que se arrogue el derecho de reclamar, incluso de cuestionar que se haya extinguido el permiso del Santa Eugenia, que la justicia declaró ilegal.

Los consejeros desestimaron cada uno de los cuestionamientos y rechazaron los recursos dejando de esta forma agotada la instancia administrativa para el caso Santa Eugenia, aclarando que esto no impide que el empresario acuda a una instancia judicial superior.

La Corte Suprema parece ser la única instancia que le queda ahora a Moscuzza. Una gran oportunidad para que todos los permisos de la empresa sean revisados, los señalados como ilegales por el informe de la UBA y la Procuraduría General de la Nación y también, por qué no, el del José Américo, barco con permiso ilegal del propio Moscuzza que hoy pesca miles de toneladas de langostino en el Mar Argentino.

puerto