Ambito Financiero 04-05-2021 - Mariano Martín La empresa láctea Mayol de la ciudad bonaerense de Gobernador Udaondo, exhibida como bandera de una supuesta extorsión sindical por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contaba con más trabajadores informales que registrados. El dato surge del acta que las propias autoridades de la pyme industrial firmaron ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. Además de esas irregularidades los directivos se comprometieron a regularizar pagos, aportes y categorías que se encontraban en mora o sin reconocimiento hasta el inicio del conflicto con el gremio de la actividad, Atilra.

La compañía, propiedad de la familia del mismo apellido, quedó en el foco de atención cuando en plena disputa con el sindicato su dueño, Hugo Mayol, difundió un video en el que lloraba y reclamaba ayuda para que le sacaran “esta lacra de encima” en relación con las protestas que llevaban adelante sus trabajadores con apoyo de la organización. A continuación recibió el apoyo y la visita de Bullrich junto con otras dirigentes del PRO como Florencia Arietto y Carolina Píparo. El argumento de los empresarios y sus protectores políticos era que la compañía era objeto de un apriete de Atilra a pesar de haber obrado conforme la legalidad.
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De todos modos, las actas del entendimiento que días atrás puso fin a la puja, firmadas ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires, dan cuenta de que de un total de 15 operarios apenas siete se encontraban “correctamente encuadrados en la convención colectiva de trabajo 2/88” de Atilra en tanto que otros ocho registraban al menos una irregularidad en su inscripción administrativa: con dos de ellos se comprometieron a incorporarlos de manera inmediata al convenio, con otros cuatro lo hicieron en un plazo de 90 días, y a dos más, en el lapso de doce meses.

El documento al que accedió este diario señala que la láctea, representada por su apoderada, Paulina Mayol, asumía además el compromiso de “corregir de modo inmediato la fecha de ingreso” de los operarios mal inscriptos o sin registración. También, a “realizar de modo correcto todas las liquidaciones de haberes conforme la registración corregida”. La firma del entendimiento implicará para la empresa el pago de haberes adeudados por las irregularidades de modo retroactivo. Atilra había denunciado que parte de los operarios no se encontraban inscriptos formalmente y que otros figuraban registrados bajo el convenio colectivo del gremio de Alimentación en categorías con menores salarios que los del personal lácteo.

En otros párrafos del escrito Mayol garantizaba que saldaría el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social indebidamente retenidos o no efectuados así como de la cuota de afiliación o abono solidario que no hubiesen sido depositados a favor de Atilra. Además, aseguraba que no descontaría días de huelga de los salarios de los trabajadores que habían realizado huelgas y protestas ni tomaría represalia alguna en su contra. La empresa había suspendido a cuatro de los operarios y había radicado una denuncia penal por los supuestos delitos de “robo agravado, daño, amenazas coactivas, resistencia a la autoridad y desobediencia en concurso real” en su contra por las medidas de fuerza llevadas a cabo durante el conflicto.

A fin de abril Patricia Bullrich publicitó en sus redes sociales una visita a la planta industrial de Mayol junto a Arietto y Píparo para respaldar a las autoridades. “La familia Mayol lleva adelante su fábrica desde 1936. Por el apriete sindical producen a media máquina, con la amenaza de perder su lugar de trabajo. Vine a apoyarlos y a mostrarles que estamos contra las mafias. Queremos un país de gente honesta y no de extorsionadores”, publicó la exministra de Seguridad de Cambiemos en su cuenta de tuíter y acompañó el escrito con un video de su recorrida con las autoridades de la empresa.