Diario Alfil 27-04-2021 - Gabriela Origlia La Argentina vive inmersa en crisis permanentes y en problemas urgentes que suelen impedir mirar las cuestiones estructurales. En días vence la concesión de la hidrovía. Se trata de la autovía fluvial para clave para el país por la que circulan al año casi 5.000 embarcaciones que transportan 125 millones de toneladas de producción agropecuaria e industrial, casi el 75% de las exportaciones del país. Para Córdoba –clave en la producción de granos argentinos- el tema es crucial.

El tema está en la órbita del Ministerio de Transporte y lo manejaba el fallecido Mario Meoni. Hoy hay una reunión del Consejo Federal que el gobernador Juan Schiaretti pidió integrar y allí podría haber noticias.

A comienzos de febrero el presidente Alberto Fernández aseguró: “No pensamos en prorrogar la concesión”. Desde el Ministerio de Transporte prometieron los pliegos de licitación para este mes y establecieron 180 días hábiles administrativos para todo el proceso. O sea que a fin de año o comienzos de 2022 estará el nuevo concesionario. Si no hay prórroga, ¿quién operará la hidrovía hasta entonces?

La incertidumbre sobrevuela a operadores portuarios, exportadores e importadores. A mediano plazo las autoridades ya dijeron que se mantendrá la figura de la concesión, que el Estado no se hará cargo sino que la creación de una sociedad del Estado (51% por Nación y siete por ciento por representantes de siete provincias) es para el control. Transporte convocó para el 26 de este mes a la segunda reunión del Consejo Federal de la Hidrovía; en la primera no hubo nada trascendente pese a que el reloj ya corría de manera riesgosa.

No se trata de una concesión menor, no sólo por el volumen del negocio sino por el rol que juega para el comercio exterior en un país sediento de dólares. El vencimiento del contrato no toma por sorpresa a nadie como para estar corriendo con la elaboración de los pliegos. Desde hace 26 años la red está en manos del consorcio que integran la belga Jan de Nul y la argentina Emepa (del empresario Gabriel Romero quien aparece en la causa “de los cuadernos”). La concesión, originalmente, iba a durar diez años pero se prorrogó sucesivamente. La última vez lo decidió Cristina Kirchner en 2010.

Las dudas existentes sobre qué haría la actual administración terminaron empujando al senador oficialista Jorge Taiana a hacer un pedido de informes. Ahí fue cuando Fernández negó la prórroga y Meoni prometió pliegos para 30 días después. Más tarde, el titular de la Unidad Especial Ejecutora Temporaria de la Hidrovía, Pablo Barbieri, fue más preciso respecto a los plazos. Hasta fines de este año no se conocería al ganador.

La lista de interesados es corta pero importante: hay pocos grupos en el mundo en condiciones y con capacidad de gestionar la hidrovía argentina. El tramo en el país va desde el kilómetro 1238 del río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata; son 1200 kilómetros los que se concesionarán para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. La extensión la deja como el segundo canal más importante del mundo detrás del Misisipi en Estados Unidos; por la longitud y por las bajantes y crecidas del río es un desafío que requiere de empresas de envergadura y experiencia internacional.

Por esas características la lista de interesados es corta pero potente: además de Jan de Nul (sin Emepa), otra belga, Deme Group; las holandesas Royal Boskalis y Royal Van Oord y la china Shangai Dredging Company. La Argentina no tiene dragas en condiciones para asumir la responsabilidad del calado sino se prorroga la concesión, por lo que ya todos descuentan que esa será la decisión final.

Para avanzar en que puedan navegar barcos de gran calado se requiere de un acuerdo entre la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, en zonas de jurisdicción compartida, y otras de exclusiva soberanía argentina. Esa posibilidad bajaría los costos logísticos.

Es extraño que en todos los temas el Gobierno pareciera necesitar llegar hasta los límites, sumar incertidumbre en un país donde es lo que sobra. La administración de Fernández no se llevó una sorpresa respecto del contrato. ¿Por qué no plantear qué se hará y dar un GPS a un sector clave para la economía del país?