Revista Puerto 18-03-2021 - Karina Fernández Desde hace unos años, cada verano en estas latitudes, “la pesca ilegal” resulta un tema de máximo interés para los medios nacionales. Es el único momento del año en el que la pesca importa lo suficiente como para ocupar más de una página o varios minutos de aire en horario central. Esa importancia se la da el carácter internacional, su impacto en la biodiversidad y las impactantes imágenes de una ciudad flotante con las que se puede ilustrar.

Que se hable de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es bueno para visibilizar el problema, pero es necesario comprender que seguir llamándola pesca ilegal nos aleja de una posible solución. Es que por definición de la FAO este encuadramiento no sería correcto; tampoco corresponde llamarla no declarada, apenas podríamos nombrarla como no reglamentada. Catalogarla como corresponde es quizás el primer paso para comenzar a controlarla y poder establecer fehacientemente su ilegalidad.

Los trecientos, cuatrocientos y hasta seiscientos buques que se han llegado a contabilizar en la milla 201 capturan las mismas especies que el sector pesquero argentino explota bajo normas de ordenamiento para garantizar la sustentabilidad y trazabilidad indispensable para ingresar a los mercados. Esta situación es injusta y desleal para las empresas argentinas, pero no necesariamente se trata de una situación ilegal.

Es que para la FAO pesca “Ilegal” es la realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso o contraviniendo su legislación. También la realizada por buques que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización.

Las organizaciones a las que hace referencia son las famosas ORP y las únicas que se reconocen en el Atlántico Sur según la FAO son la Comisión Técnica Mixta de Frente Marítimo y la Comisión del Atún Rojo del Sur.

El tratarse de aguas internacionales que no se encuentran bajo ningún tipo de legislación, nos impide poder catalogar a estos barcos como ilegales, salvo aquellos buques que ingresan al Mar Argentino. El número de barcos atrapados en aguas de nuestra jurisdicción es ínfimo respecto de la gran cantidad que se cuela diariamente en nuestra Zona Económica Exclusiva, pero al no ser capturados ni identificados el universo de barcos al que podemos llamar ilegales se reduce drásticamente.

Por otra parte, la FAO entiende por pesca “No Declarada” aquella que no ha sido revelada, o se ha falseado ante la autoridad nacional competente o la ORP a la que corresponda la zona. Al no existir ninguna norma que obligue a los buques a declarar sus capturas, también nos vemos imposibilitados de encuadrarla dentro de la pesca no declarada.

En cuanto a la pesca no reglamentada la FAO indica que se trata de aquella realizada en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que estas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades que incumben al Estado con respecto a la conservación de los recursos marinos vivos en virtud del derecho internacional.

La pesca no reglamentada es quizás el único término que puede definir cabalmente las actividades pesqueras de los buques extranjeros en el Atlántico Sur, aunque nos cueste asumirlo. Tanto China como España, como la mayoría de los países que envían sus buques a esta y otras latitudes distantes de sus países, debieran comportarse ante los recursos naturales bajo los mismos parámetros con los que se rigen en su país de origen y está claro que eso no sucede.

En el Atlántico Sur no hay reglas, todos pescan indiscriminadamente y generan un gran perjuicio al medio ambiente, impactan nocivamente sobre los recursos pesqueros y resultan en una competencia desleal para nuestra industria pesquera que al final de la cadena derivará en pérdidas de empleo y riqueza. Pero a pesar de ser absolutamente nociva, la ausencia total de reglamentación nos impide llamarla pesca ilegal.

Por supuesto que existen muchos indicios de que se trataría de pesca ilegal, como lo demuestra el hecho de que un número importante de barcos realiza trasbordos en altamar, catalogados por la FAO como actividad sospechosa de pesca ilegal; o apagan los sistemas de monitoreo obligatorios para la seguridad en la navegación, conducta también catalogada por esta entidad como actividad sospechosa. Cargar combustible en alta mar o realizar jornadas de trabajo que en ocasiones han sido denunciadas como inhumanas, también los trasforma en sospechosos de pesca ilegal.

Pero ser sospechoso de pesca ilegal no es lo mismo que ser ilegal y esto da cuenta de la complejidad del problema al que se enfrenta la Argentina. Y las limitaciones que se impone nuestro país ante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas complican más aún las cosas, porque impiden avanzar en la promoción de ORPs o incluso en adherir al programa de la FAO de Estado Rector del Puerto a pesar de ser una importante herramienta.

Desde el gobierno aseguran que no pueden hacer mucho más de lo que hacen, que es muy poco. Solo se puede contabilizar una mejor cobertura satelital por parte de las fuerzas de seguridad y nada más que revista seriedad. De los acuerdos de cooperación con China no se puede esperar nada, el último firmado en la última gestión de Cristina Fernández solo sirvió para que los chinos se vieran beneficiados con el ingreso de barcos poteros a nuestro caladero, mientras que la pesca ilegal no entró en agenda. Con ataduras económicas cada vez mayores es difícil creer que algo diferente ocurrirá en la gestión de Alberto Fernández.

Las limitaciones que impone el camino elegido por el actual gobierno ante el reclamo de soberanía sobre Malvinas y la relación cada vez más dependiente con el gigante asiático parecen dejarnos atados de pies y manos ante una situación que perjudica directamente los intereses de la industria pesquera argentina. Buscar alternativas de ordenamiento para la pesca en aguas internacionales debería ser prioritario para nuestros mandatarios; en lugar de discursos pomposos y patrióticos se requieren acciones.

Poder encuadrar la actividad de la flota extranjera en el Atlántico Sur como pesca ilegal aumentaría las posibilidades de resolver el problema, pero para ello se requiere de un trabajo interdisciplinario que hasta ahora solo existe en las gacetillas de Cancillería sin correlato en la vida real. Es necesario pasar de los discursos de generalidades brillantes a la acción.
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