Revista Puerto 26-02-2021 - Karina Fernández En noviembre de 2020 la diputada Graciela Camaño presentó un proyecto de ley que busca crear el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, dirigida al estudio científico y a la conservación de la naturaleza, sin actividades comerciales por su categoría de estricta. Abarca un área de la plataforma por fuera de la Zona Económica Exclusiva, dentro de los límites de la Plataforma Continental Argentina extendida conforme su nueva demarcación. Aseguran que no existe extracción comercial de especies bentónicas en esa zona, que no generará impacto económico en el sector pesquero nacional y que constituye una barrera para la actividad de la pesca presuntamente ilegal que realizan barcos extranjeros. Desde Pampa Azul se encuentran trabajando para ampliar el proyecto y ya cuentan con apoyo de Greenpeace.

“En la actualidad, el 8,2% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas. Incrementar este porcentaje redundaría en beneficios ambientales, económicos, sociales y estratégicos, reforzando la intención de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de conservación de la biodiversidad marina”, señala la diputada en los considerandos del proyecto. Además, destaca que sería la primer Área Marina Protegida (AMP) en la Plataforma Continental Argentina extendida.

El Agujero Azul es una región de alta productividad primaria cuya dinámica es temporal y espacialmente predecible. La zona es área de alimentación de varias especies de gran importancia económica (tales como la merluza, la anchoíta, la vieira patagónica y el calamar) y de muchas especies de aves y mamíferos. Debido a la abundancia de recursos biológicos, el sector lindero a la Zona Económica Exclusiva registra una intensa actividad pesquera extranjera que se centra en la captura del calamar”, según describen desde Pampa Azul al área que se pretende proteger.

Por otra parte, señalan que el impacto de la pesca sobre la biodiversidad y las cadenas tróficas es en gran medida desconocido, por lo que urge obtener información fidedigna para promover el manejo sustentable de los caladeros y establecer acciones de protección de las especies afectadas.

En esos conceptos se basa el proyecto de ley presentado por la diputada Camaño. Señala que además de su importancia biológica, el área tiene características que la destacan por intereses económicos y políticos: “Alta productividad, profundidades menores a los 200 metros y aguas internacionales constituyen una combinación que han marcado el destino de este sector, que lleva décadas de alta presión pesquera y es además escenario de pesca no declarada y no reglamentada presunta o verosímil en el Atlántico Sudoccidental”.

La creación de esta AMP, aseguran, permitiría conservar un sistema de cañones submarinos en el área del talud; cuidar especies bentónicas vulnerables, constructoras de complejas estructuras que generan espacios de refugio y condiciones para la reproducción y cría de otras especies y se protegería el único sector de plataforma en aguas internacionales, actualmente escenario de intensa actividad pesquera legal e ilegal. Como agregado que no tiene relación con la cuestión biológica, indican que, además, se honraría el sector donde yacen los restos del submarino ARA San Juan.

En el texto original del proyecto se asegura que en la zona no se explotan recursos bentónicos y que “su protección no afecta intereses económicos nacionales, pero permitiría prevenir la explotación pesquera por parte de flotas internacionales”.

A la vez se indica que la proyectada ley permitirá fortalecer la presencia argentina en el mar; promover la colaboración en las relaciones internacionales estratégicas; al tiempo que se consolidaría la estrategia de diplomacia científica, tecnológica y de innovación, mediante el mayor conocimiento de los ecosistemas marinos.

Se asegura que el proyecto mejora el estado de las especies bentónicas; fortalece la legislación argentina en un enfoque ecosistémico y que contribuye al desarrollo de actividades relevantes para las economías regionales de la costa patagónica, como el turismo basado en fauna, que no se encuentran subsidiadas y nos hacen competitivos a escala internacional.

El proyecto se trató en la última reunión del Comité de la Iniciativa Pampa Azul y fuentes de ese espacio informaron a la agencia oficial Télam que «se está conformando una comisión especial para elaborar un proyecto alternativo y superador, que mantenga el espíritu del original pero que se apoye en Parques Nacionales como autoridad de aplicación, que recoja la opinión de los organismos especializados en las distintas materias y que tengan en cuenta todos los intereses involucrados, incluyendo los pesqueros e hidrocarburíferos”.

La autora del proyecto, por su parte, indicó a esta agencia que «el problema allí no es solo la pesca ilegal sino el tipo de pesca que arrasa con todo, afectando a las especies que buscan refugio para su reproducción y cría en sus cañones submarinos, algunas de ellas amenazadas regional o globalmente» y agregó que, además, «están las explosiones que se generan en el área para la búsqueda del petróleo, lo que también es altamente perjudicial».

“Desde Greenpeace apoyamos el proyecto de ley de Área Marina Protegida en Agujero Azul, un primer paso para la protección de este sitio especial en el Mar Argentino más allá de la zona económica exclusiva” indicó dicha organización en su página oficial y agregó: “Cuando esta ley sea promulgada las flotas de las potencias pesqueras verán su actividad limitada a la columna de agua y deberán recibir las inspecciones sobre sus elementos de pesca que la Argentina determine, para asegurar que no se utilicen redes o cualquier aparejo que impacte el fondo marino”.

Por otra parte, desde Cancillería se han referido al proyecto, haciendo alusión a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido y que «el principal desafío en la gestión de los ecosistemas marinos es integrar los diferentes intereses económicos y sociales garantizando la salud del mar y su biodiversidad y promoviendo la utilización sustentable de sus recursos». En ese sentido indicaron que nuestro país buscará «un tratado que refleje un equilibrio entre los diferentes intereses, a la vez que resguarde la soberanía, jurisdicción y derechos de los Estados ribereños».
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