Bichos de Campo 22-02-2021 - Matias Longoni Luis María Migliaro es un reconocido militante de la UCR especialista en el comercio agrícola, que siempre colaboró con Marcelo Rossi en la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA). En las últimas horas, el coordinador agropecuario de la Fundación Alem difundió un texto donde menciona algunas posibles razones que podrían haber forzado la precipitada salida del Ministerio de Agricultura de este reconocido técnico radical y hasta del propio secretario Julián Echazarreta.

“Marcelo siempre manifestó a sus superiores que nunca se apartaría de las misiones y funciones del organismo, que son la de velar por la transparencia y libre concurrencia de los operadores en el mercado”, describió Migliaro en su texto. Así vinculó el despido -comunicado a Rossi el viernes a las 23,30 por un funcionario de segunda línea- con el rechazo de Rossi a cumplir ciertas órdenes que le llegaban de la máxima conducción política del Ministerio.

¿Qué órdenes?

“Comenzaron durante el 2020 desde la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agricultura, a lo que Marcelo se opuso en forma terminante. Pedían beneficiar a las cooperativas de trabajo creadas sobre frigoríficos cerrados, permitiéndoles comprar animales y vender carne”, explicó Migliaro (en la foto jutno a Rossi).

Reveló así la existencia de una presión política directa de la jefa de Gabinete del Ministerio, Diana Guillen, para que la ex ONCCA beneficie a una serie de cooperativas de trabajo que manejan frigoríficos, especialmente en el conurbano bonaerense.

El asunto es muy espinoso, aunque parezca muy romántico colaborar con este tipo de empresas recuperadas. La industria frigorífica organizada ha denunciado desde hace años una “competencia desleal”, ya que detrás de este tipo de cooperativas se esconderían grandes matarifes que operan en el mercado de la carne con todo tipo de ventajas, pues no pagan Ingresos Brutos ni Ganancias, ni pagan aportes patronales ni cargas sociales ni vacaciones a su personal, entre otras ventajas que corresponden a las cooperativas.

“En realidad pasan a ser instituciones que están manipuladas por capitalistas hampones de la carne (amigos del poder), que usufructúan esa figura y a los integrantes de las mismas, para realizar operaciones marginales”, confirmó Migliaro, mano derecha de Rossi en la ex ONCCA.

En agosto pasado, tanto Fifra como Cadif, dos cámaras del sector, pusieron el grito en el cielo por la ofensiva de ciertos sectores ligados al kirchnerismo para habilitar este tipo de cooperativas. Bien inscriptos (salario, contribuciones, ART, aguinaldo) cada trabajador de la carne debía tener un costo cercano a los 100 mil pesos. Pero las cooperativas pagaban mucho menos que eso. Y a veces, completaban los salarios de sus “socios” hasta con bolsas semanales de carne.

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Según pudo reconstruir Bichos de Campo, Guillen -que llegó a Agricultura desde el Instituto Patria y responde directamente a Cristina Kirchner- reclamaba desde hace meses al ahora ex secretario de Agricultura Echazarreta que la Dirección Nacional comandada por Rossi modificara la Resolución 21/2017, que contiene el listado de actividades que deben inscribirse obligatoriamente en el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria) para contar con una matrícula que las habilite.

Allí, en el inciso 4.5, se define la figura del matarife abastecedor como “quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros”, pero también se deja expreso que, para evitar la competencia desleal, “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.

Era esa la línea que Guillen pedía borrar de cuajo. Su principal interés radicaba en lograr la autorización como matarife abastecedor de una serie de cooperativas con lazos políticos con el oficialismo y sobre todo con intendentes poderosos del conurbano. Entre ellas figuraban La Foresta y también la Coopera­tiva de Trabajo Frigocarne de Máximo Paz.

Esa ultima firma figura en el RUCA habilitada para operar como matadero frigorífico y despostadero. Es decir que podía sacrificar hacienda de terceros y no propia, y luego trozarla para vender la carne. Pero lo que no puede hacer es operar con hacienda propia. Esto se hace para evitar algo que siempre sucede en el negocio de la carne: como las cooperativas no cuentan con capital propio, siempre aparece un “capitalista” que aporta el ganado, pero permanece oculto detrás de la máscara de la cooperativa. “Así se llenan de guita a costa de las cooperativas, como pasó siempre”, comentó una fuente que conoce el negocio.

“El argumento para no darnos la autorización básicamen­te es por ser una cooperativa, nosotros, al estar bajo el amparo de la Ley 20.337, estamos exentos del pago de Ganancias e Ingresos Brutos. Entonces el argumento histórico en contra de las cooperativas es por la competencia desleal. Nadie quiere tomar la decisión política de otorgarnos la inscripción”, se quejaban voceros de Frigocarne en junio pasado. Basterra y Guillen, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, parecían bancar esta posición.

La prohibición para que estas cooperativas de trabajo operaran como “matarife abastecedor” fue adoptada en 2017. En aquel momento, el gobierno de Cambiemos también recibió “presiones” de todo tipo para reabrirlas y Rossi también se opuso, según contó en aquel momento el presidente de otra cámara de la industria frigorífica, Miguel Schiariti, de CICCRA.

Con el cambio de signo político en el gobierno, Máximo Paz y el resto de las cooperativas venían reclamando recuperar ese salvoconducto especial. Una crónica de junio de 2020 da cuenta de que Rossi y su equipo habían rechazado ya ese pedido formal, ajustándose a la letra de la normativa vigente. Luego de eso comenzaron las presiones de la política.

Guillén comenzó a requerir directamente a Echazarreta que le diera la orden a Rossi y se modificara finalmente la Resolución 21. Para el kirchnerismo, la épica de las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas son parte central en el relato. La posibilidad de que haya evasión poco importa.

-Si quieren que hagamos esos cambios, que lo pidan por escrito- contestaba siempre Rossi cuando el secretario de Agricultura le trasladaba las presiones que recibía.

En efecto, nunca se originó un expediente para modificar la Resolución 21 ni hubo un pedido formal por escrito de parte de las autoridades políticas de la cartera que conduce Luis Basterra. Echazarreta, que proviene del movimiento cooperativo institucionalizado (fue gerente de ACA durante muchos años), siempre respaldó la posición del ex director de control comercial agropecuario de no apartarse una coma de la letra.

Peor frente a las visibles presiones, Rossi no se quedó quieto y mantuvo una serie de reuniones con Mario Cafiero -que falleció a fines del año pasado- y varios directores del INAES (Instituto Nacional de Economía Social), que tiene a su cargo la regulación de cooperativas y mutuales. En esas reuniones, propiciadas también por Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro que forma parte del directorio del INAES, se analizó el caso de las cooperativas de trabajo en el sector de la carne: Además de Máximo Paz y La Foresta, se analizaron los casos de las cooperativas SUBGA de Berazategui, y las de Suipacha y Bragado.

Según consta en una serie de actas que documentaron ese trabajo de fiscalización realizado por el INAES, en todos esos casos quedaron de manifiesto muchas irregularidades incluso en el proceso de conformación de dichas organizaciones de la economía social, que no presentaban sus balances, ni los libros de actas, ni el listado de socios ni toda otra documentación requerida para acceder a los beneficios previstos en la Ley 20.337, que generó el nuevo régimen para cooperativas.

Que no puedan operar con hacienda de terceros no impide en los hechos que esas cooperativas sigan trabajando ni resulta una amenaza para las fuentes de trabajo. En rigor, Máximo Paz faenó 145.793 cabezas en 2020, SUPBGA lo hizo con 169.201, La Foresta operó con 56.565 vacunos, la Cooperativa de Bragado sacrificó 15.123 animales y finalmente Suitrab de Suipacha mató 42.877 bovinos. Suman esas cinco cooperativas casi 430 mil cabezas, que equivalen a más del 3% de una faena total de 14,2 millones de animales. En total en el país hay 400 lugares de faena de bovinos.

“Los directores del INAES pudieron confirmar que lo que decíamos nosotros era cierto. En el sector agrícola hay 300 cooperativas que funcionan perfectamente y cumplen con todo lo que dice la ley. Pero en el sector de la carne pasa todo lo contrario y las cooperativas se suelen utilizar para evadir”, comentó una fuente de la ex ONCCA que participó de ese monitoreo.

Como el proceso de sanciones dentro del INAES es muy lento y las multas aplicables no llegan a los 6.000 pesos, la intención era firmar un convenio de cooperación entre ambos organismos, para poder suspender a esas cooperativas de trabajo del RUCA si se verificaba que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos para utilizar esa figura legal.

Eso sucedió en diciembre. El convenio no llegó a firmarse, Echazarreta fue reemplazado de su cargo por Jorge Solmi y Marcelo Rossi fue despedido de mal modo, pues se enteró por los medios el viernes casi a la medianoche. En su reemplazo, Basterra y Guillen colocaron a Luciano Zarich, un contador que fue nombrado subinterventor en el fallido intento de expropiar Vicentin y que ya había ocupado la dirección que se ocupa de administrar el RUCA hasta 2015.

En aquella época, según demostraron algunas investigaciones periodísticas, ese Registro era un colador en el cual se habilitaban empresas agrícolas muy dudosas, que luego terminaban recibiendo permisos de exportación (ROE) que luego traficaban en el mercado. También proliferaban las matrículas truchas que permitían a los matarifes operar sin problemas en el negocio de la carne.

En los próximos días sabremos cómo se comportará Zarich frente a las mismas presiones políticas que resistió Rossi y que posiblemente hayan sido uno de las razones de su intempestivo despido. Será fácil enterase siguiendo el derrotero de la famosa Resolución 21/2017.