Letra P 12-02-2021 - Damián Belastegui Pulgar abajo para el pliego que el directorio asumido con Vidal apuró para otorgar una millonaria concesión. La gestión Kicillof ancla presencia. Tensión.

En el Puerto San Nicolás, se acentúan los cortocircuitos por el timón de mando entre el directorio asumido durante el gobierno de María Eugenia Vidal –ligado al poder municipal de JxC- y la presidenta del Consorcio designada por la gestión de Axel Kicillof. Uno de los ejes de esta disputa gira en torno a la licitación para la entrega a un privado de un negocio millonario: la concesión del elevador de granos, que está casi en desuso desde hace 25 años pero cuya puesta en valor dotaría a los granos del norte bonaerense de una boca de salida alternativa a Santa Fe.


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Como adelantó Letra P, la titular del Consorcio, Cecilia Comerio, requirió a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios que habilitara la intervención de los organismos de control provinciales al advertir que el llamado a licitación que hizo el directorio días antes de que ella asumiera en el cargo estaba plagado de cuestionamientos jurídicos de empresas interesadas que no pudieron presentarse: tenía plazos “excesivamente cortos” y cánones “irrisorios” y aseguraba una posición monopólica por 20 años a la empresa que ganase la concesión, la que, además, podía fijar incrementos tarifarios a gusto. Todo, sin pasar por la lupa del control estatal, cuando se trata de bienes del Estado.



A finales de enero, la Asesoría General de Gobierno, a cargo de Santiago Pérez Teruel, se expidió focalizando en esa ausencia de control, por lo que “correspondería dejar sin efecto el llamado a licitación”. Así, Comerio dio una nueva prórroga de 90 días a la apertura de sobres, a la espera de un dictamen de la Contaduría General y la Fiscalía de Estado que, de darle la razón en los cuestionamientos planteados, sería el aval necesario para dar definitivamente de baja ese llamado a licitación.



En ese sentido, este miércoles se expidió la Contaduría. En un informe remitido al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, el contador general de la Provincia, Carlos Baleztena, fue en línea con la visión de la Asesoría y aseguró que “corresponde dejar sin efecto el llamado a licitación” y, oportunamente, “proceder a efectuar una nueva convocatoria”. No solo eso. En el texto, al que tuvo acceso Letra P, Baleztena destaca que, “ante un eventual perjuicio fiscal generado por los incumplimientos señalados, se manifiesta que los funcionarios intervinientes serán responsables patrimonialmente”.



El naufragio inminente del llamado a licitación bajo los términos pretendidos por el directorio vidalista exacerba los ánimos allí, teniendo en cuenta que los directores vienen resaltando que no corresponde la intervención de los Organismos de Asesoramiento y Control de la Provincia, ya que “el Consorcio se rige por las normas de su creación” y es una persona jurídica de derecho público no estatal.



Sin embargo, desde la gestión del FdT destacan que en el propio estatuto del Consorcio (artículos 4 y 38) se establece la intervención de esos organismos, cuando se trata de bienes estatales, como es el caso. En el directorio se habla de interponer recursos administrativos y acciones judiciales.


Quien es quien

En medio de un clima denso, al dar cuenta del informe de la Asesoría General (el 21 de enero), Comerio convocó a una reunión extraordinaria al directorio, teniendo en cuenta que el 25 de enero era la fecha estipulada para la apertura de sobres. Sin embargo, en los considerandos de la resolución que aplazó dicha apertura de sobres por 90 días, la titular del Consorcio detalló que esa convocatoria al directorio no prosperó “producto de la negativa de los directores Carlos Hugo Capra, Fernando Azcoitia y la falta de respuesta por parte del director Baltasar Schubert”.


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Capra, es director en representación del municipio al comando de Manuel Passaglia. Azcoitia, en tanto, es gerente del Grupo Globaz, que en San Nicolás mantiene un fuerte lazo con la Municipalidad. Una de sus empresas, ENTRE S.R.L., está a cargo del tratamiento de residuos locales. Además, Azcoitia (que integra con Passaglia la Agencia de Desarrollo local) supo formar parte de la comitiva enviada a China por la comuna nicoleña años atrás para reforzar lazos comerciales con el gigante asiático. Fue en 2017, mismo año en que Azcoitia figuró como aportante de campaña de Cambiemos.



Baltasar Schubert, por su parte, es gerente de Relaciones Institucionales de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás (donde Azcoitia también tiene su anclaje). Licenciado en Comercio Exterior de ascendencia libertaria, Baltasar simpatiza con José Luis Espert y es coordinador del área económica de la Fundación LibreMente, que articula también otras ramas de la derecha doméstica como el espacio “Valores”, de Cinthya Hotton.



En alguno de los textos que escribió para esta fundación, Schubert asegura que "ninguna economía puede sustentarse en el tiempo" con "políticas de fuerte aumento del gasto público”, pero es precisamente Baltasar y los directores Capra, Azcoitia, Darío Felicevich, José María Ceriotti y Antonio Negro quienes están acusados por Comerio de haber percibido viáticos mensuales sin la correspondiente rendición, por una suma total de más $4.5 millones. Por estos gastos sin documentación respaldatoria, la actual presidenta del Consorcio presentó un informe a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios ante una "posible malversación de fondos y/o administración fraudulenta".



Este jueves, Comerio recibió en San Nicolás a las y los titulares de todos los consorcios portuarios. Costa, participó de manera virtual.

Todo esto alimenta un escenario de tensión entre un directorio que asumió a principios de 2019 con tres años de mandato y Comerio, que busca reforzar una estructura propia que choca contra este bloque ligado a la familia Passaglia.