El Cronista Comercial 09-02-2021 - Carlos Boyadjian La guerra de las tarifas en el sector de transporte de cargas sumó hoy un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires, pese a que el viernes pasado el gobierno de Axel Kicillof y las cámaras empresarias llegaron a un acuerdo para ajustar en un 32% la tarifa de referencia para el agro.

Esta tarde un conjunto de entidades representativas del sector, integrado por las cadenas de valor agropecuarias y las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fé y Chaco, entre otras, alertaron que continúan los cortes de rutas, afectando la comercialización de la producción.

En concreto, denuncian que empresas de transporte de cargas desconocen el acuerdo alcanzado con las cámaras del sector y "generan cortes de suministro de materia primas a industrias e ingreso de mercadería a los puertos de la Provincia de Buenos Aires, poniendo en riesgo el comercio agrícola".

El comunicado lleva la firma de 23 entidades del sector, entre las que se cuentan Acsoja, Asagir, Argentrigo, Maizar, CEPA (avícola), semilleros, Carbio (biocombustibles), CIARA (aceiteros), cámaras de puertos privados, acopiadores, y productores como Coninagro, Federación Agraria y CRA, además de las mencionadas bolsas de cereales.

Las entidades manifiestan su "total repudio a las acciones adoptadas por un grupo de empresarios transportistas no representados en las instituciones del sector", que impiden el libre tránsito de camiones hacia las industrias y puertos del sur bonaerense, apuntan.

El gobierno bonaerense acordó con las cámaras empresarias y los sectores vinculado al transporte de cargas un aumento de casi 32% en la tarifa de referencia para el agro, llevando el valor para un tramo de 400 kilómetros a $ 2822 y a $ $3206,7 para un trayecto de 500 kilómetros, un incremento del 28,3%.

En el comunicado los integrantes de la cadena de valor agroindustrial, sostienen que es preciso "normalizar la actividad comercial de abastecimiento que se encuentra interrumpida hace más de 20 días en vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires".

Aclaran que esto ya está afectando la provisión de alimentos a industrias de la alimentación, procesadores y terminales portuarias, "con inexplicable pasividad de las fuerzas de seguridad".

Por ello, instan a los transportistas involucrados a acatar el acuerdo, y hace un llamamiento al gobierno bonaerense para que "arbitre los medios para garantizar el libre tránsito, evitando el amedrentamiento que nuestra legislación tipifica como un delito contra la seguridad pública".