El Cronista Comercial 09-02-2021 - Carlos Boyadjian Las declaraciones del presidente Alberto Fernández ayer en un matutino porteño sobre la posibilidad -cada vez más cierta- de subir alícuotas de las retenciones para contener la suba de los precios de alimentos o imponer cupos de exportación, no pasaron desapercibidas en el campo.

En una reunión muy tensa hoy por la mañana, los presidentes de las cuatro entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) discutieron los pasos a seguir y aseguraron que las retenciones constituyen "una medida devastadora para la producción".

En un duro comunicado emitido hace instantes, tras el encuentro de casi dos horas y media, Daniel Pelegrina y Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro), manifestaron su "más absoluta consternación ante las declaraciones del Presidente de la Nación, Alberto Fernández".

Concretamente, entienden que el mandatario "acusa a todos los productores argentinos y al campo en general de ser los responsables del aumento de los precios", y destacaron que "los amenaza con implementar un aumento de retenciones o cupos de exportación, dos medidas devastadoras para la producción".

Todesca, los precios, el juego de la oca y el margen para subir las retenciones

Los dirigentes del campo sostienen que "pocas veces en la historia democrática se vio a un presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos".

Y consideran además que el mandatario los amenazó públicamente frente a la ciudadanía y el mundo "a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento".

"Parece mentira que debamos reiterar algo que ya expresamos en innumerables ocasiones y que las autoridades deberían saber y reconocer: los productores no somos formadores de precios", aseguran, y una vez más enfatizan que la actividad primaria "incide ínfimamente en el precio final de los alimentos".

En su argumentación, la Mesa de Enlace destaca que hay otros componentes de los costos que tienen impacto en el precio final que los consumidores pagan en las góndolas, y ponen el foco en el peso de los impuestos y tributos, y costos generados en otros eslabones de la cadena de producción.

"Sería mucho más fácil para el Gobierno eliminar o reducir esos impuestos -incluso en forma segmentada si lo quisiera- que fijar nuevas alícuotas o cupos a la exportación, tan necesaria por cierto para la generación de divisas y la creación de empleo, subraya el comunicado conjunto.

Las entidades del campo se encuentran hoy en una encrucijada, entre la presión de las bases en numerosas localidades del interior del país, que piden medidas fuertes y contundentes frente a lo que consideran un ataque al sector productivo, y la necesidad de encontrar caminos de diálogo con el Gobierno, para evitar males mayores.

Por eso, pese a la dureza del comunicado emitido tras la reunión concluyen que, con el objetivo de "hablar sobre nuestras propuestas y aclarar las dudas que aún hoy pueda tener el Presidente sobre nuestro sector, quedamos a disposición para reunirnos con el primer mandatario".

Los dichos de Alberto Fernández finalmente dejaron en claro que las declaraciones de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, el jueves pasado a radio El Destape, no fueron al pasar ni producto de una ingenuidad por parte de una funcionaria clave en el equipo económico, sino una idea que el Gobierno viene madurando desde hace tiempo.

Hacia adelante, el horizonte no luce para nada despejado. Los dirigentes del campo aseguran que "de avanzar en este sentido errado, se desataría un nuevo conflicto con el campo".

Esto se anticipa mientras el Gobierno abona el terreno para una nueva suba de las alícuotas, que vale recordarlo le reportará más costos que beneficios. A menos que lo que se busque sea un impacto político más que económico o una medida para contener la inflación en los alimentos.

Es que la soja ya tributa el 33% y sus derivados (harina, pellets, aceite) el 30% y no podrían subir más, salvo una intervención del Congreso. En el caso del trigo y el maíz, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre de 2019, le permite llegar hasta el 15% de derechos de exportación, mientras que hoy pagan el 12%.

Queda la carne vacuna que hoy debe dejar en el fisco el 9% de los montos exportados, pero la ecuación en este sector es compleja, en un mundo que vio caer los precios de los cortes exportados entre 15% y 30% producto del desplome de la actividad turística y gastronómica en el mundo por la pandemia de Covid-19.