La Voz del Interior 11-01-2021 - Alejandro Rollán Son los pesimistas los que reclaman ahora el derecho a tener la razón. Para ellos, la promesa realizada por el propio presidente de la Nación Aníbal Fernández, de que volvían para ser mejores, no incluía al agro.

La suba de retenciones, en diciembre de 2019 y en marzo pasado, y el cierre reciente a la exportación de maíz retrotrajo al sector a un vínculo conflictivo con el Gobierno. Para esos pesimistas, esa relación será cada vez más agitada de cara al futuro, lo que obliga a plantar resistencia.

Mientras tanto, la dirigencia rural busca hacer pie en un terreno propio que no se encuentra consolidado y que no la muestra unida.

La intervención comercial dispuesta sobre el mercado del maíz demostró, una vez más, lo que le cuesta a los referentes del sector encolumnarse detrás del reclamo de los productores.

Si bien en el seno de la Mesa de Enlace había coincidencia de que la decisión del ministro de Agricultura, Luis Basterra, de cerrar las exportaciones del cereal hasta marzo, debía de ser rechazada con énfasis, no hubo consenso para anunciar una medida de fuerza.

Esa falta de acuerdo unánime fue la que había llevado a la cúpula del ruralismo a postergar por 24 horas la convocatoria al cese de comercialización para cereales y oleaginosos. Hay dirigentes que se permiten dudar de que la puesta en vigencia del cepo al maíz era conocida por algunos colegas.

Algo similar a lo acontecido en el seno del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), cuando el Gobierno dispuso restaurar el diferencial arancelario entre el grano de soja y sus derivados.

En el sector primario sostienen que entidades vinculadas a la industrialización de la oleaginosa sabían de antemano del regreso de las retenciones diferenciales.

Río revuelto

En este escenario, marcado por diferencias, es donde el Gobierno aprovecha para tomar medidas contra el sector, más allá de los resultados.

Los antecedentes inmediatos marcan el fracaso de este tipo de intervenciones comerciales, pero también las dificultades del agro para conformar un frente común y lograr revertir sus efectos.

Los pedidos de las bolsas de cereales del país y del CAA para dejar sin efecto la medida tuvieron respuesta contundente por el lado del Gobierno, aunque con un particular vocero: el ministro de Obras Públicas.

Fue Gabriel Katopodis quien aseguró que no se van a “mover ni un centímetro” de la resolución tomada, ante la decisión del agro de llevar a cabo una medida de protesta.

“Lo que está claro es que el Gobierno no se va a mover un centímetro, va a marcar y a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos”, aseguró el funcionario.

Con su posición, el Gobierno volvió a marcarle la cancha al sector. Mientras negociaba con el CAA la presentación de leyes que estimularan la producción y la inversión en el sector, en forma unilateral decidió poner el freno y enfriar posibles acuerdos.

Es que ahora en el sector hay más preocupación por las medidas que pueda tomar el Poder Ejecutivo, similares a las adoptadas con el maíz, que por avanzar en una agenda de previsión para la actividad.

Sabe que cualquier resolución intervencionista hecha por tierra cualquier marco de previsibilidad. Es que la desconfianza volvió a sentarse a la mesa.