Revista Puerto 09-12-2020 - Karina Fernández En una extensa carta dirigida al Presidente de la Nación, el exsecretario general del SOMU, Omar Suárez, denunció graves irregularidades que estarían sucediendo en el sindicato y la Obra Social como la falta de balances. Le pide “al compañero Alberto” que lo escuche y que tome intervención. También expone la última negociación paritaria como parte de un modus operandi instalado por la intervención que en 2016 lo sacó del gremio y lo llevó a la justicia, hecho que lo mantiene con prisión preventiva y una tobillera. Se defiende de las acusaciones y acusa de vaciamiento a los interventores nombrados por el juez Canicoba Corral en la Obra Social –su cuñado Tejada– y por el poder Ejecutivo, Gladys González, Porcel y Bertonasco y a la actual conducción de Raúl Durdos. Dice Suárez que no pretende arrebatar el gremio a la dirigencia de Durdos, dice que solo volvería por la puerta grande elegido en elecciones. “Volvimos para ser mejores”, le dirá al compañero.

“Me dirijo a usted mi presidente, al solo efecto de transmitirle brevemente la situación que atraviesa hoy el SOMU, a la vez de poner a su evaluación, un petitorio tendiente a dar solución a una crisis institucional, terminal hace tiempo, y que se continúa actualmente para el sufrimiento de toda la familia marítima”, comienza diciendo Omar Suárez en la misiva de dieciséis páginas.

Cargando las tintas sobre el expresidente Mauricio Macri, lo acusa de haber pretendido desaparecer la institución. “No por nada fui denominado el peor de todos y con pasaje a Marte!! Vos sabés que sí, compañero Alberto”, señala con la proximidad de un amigo. Más tarde se referirá a la Vicepresidente como mi queridísima Cristina.

Tras describir las idas y vueltas judiciales que derivaron en la intervención judicial del SOMU y su posterior encarcelamiento, puso en conocimiento que a la llegada de la senadora Gladys González como interventora del SOMU, a la que llamará en todo el escrito “La Gladys”, “el patrimonio de la organización era de 28 millones de dólares, según balance auditado y peritado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema, quien dictaminó, balances sin irregularidades”, afirma.

Comienza denunciando que se aplicaron procedimientos violatorios del estatuto sindical a la hora de llevar a cabo las elecciones y acusa a la actual dirigencia, encabezada por Raúl Durdos, de haber sido elegida por la intervención. El vínculo, para Suárez, queda a la vista en la complacencia de los nuevos dirigentes al no solicitar auditoría sobre lo actuado por los funcionarios del gobierno y por el propio cuñado del juez Canicoba Corral, Carlos Tejada, al frente de la Obra Social. “En clara alusión a pactos pre-existentes”, asegura.

“La Obras Social siguió intervenida un año y cuatro meses más y al retirarse, el interventor recibió plaqueta por parte de Durdos por los servicios prestados” y “Durdos se acomodó en el cargo y hoy continua ahí. Se deben 5 balances tanto en el sindicato como en la Obra Social. Hoy a toda la organización le faltan 600 millones … Dónde están”, exclama Suárez.

Respecto de la situación actual de la Obra Social, señala que mientras en el pasado contaban con un plan “OSDE 310”, desde marzo de este año “se paga cápita sin recibir una prestación” y enumera: permanente postergación de prácticas quirúrgicas, traslados a cargo del afiliado, dilación en tratamientos oncológicos y falta de medicación; prácticas con bono adicional, suspensión de servicios como el de anestesia hoy a cargo del afiliado, falta de servicio de pediatría, de servicio odontológico y de atención en farmacias por obra social cortada.

Suárez afirma que “la obra social fue vaciada deliberadamente” y finalmente denuncian que se realizó un cambio de prestadora a escondidas de las propias autoridades de la Obra Social de la actual Comisión Directiva, hecho que habría sido denunciado por los propios dirigentes.

Sostiene Suárez que el 11 de marzo de 2020 el vicepresidente de la Obra Social, Daniel Mereles, quien es también Secretario Adjunto del SOMU y el Secretario de Acción Social enviaron cartas documento a Raúl Durdos, intimándolo a convocar al Consejo Directivo dado que este no había sido convocado para realizar el cambio de prestadora. Y que tras efectuarse el pase de prestadora sin realizar la convocatoria, se le impidió a Mereles ingresar al edificio de la Obra Social, hecho que habría quedado registrado en una denuncia por averiguación de delito, en sede policial.

Por todos estos motivos y porque las denuncias presentadas ante la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Trabajo no fueron atendidas, dice Suárez, es que requiere a través del presidente “se constituyan en la Obra Social funcionarios de la Dirección Nacional de Obras Sociales para dar curso a una investigación que saque a la luz las irregularidades y saqueo que se ha consumado, y se sigue consumando hoy”.

“Hoy es tiempo de desbande institucional y cada uno se roba lo que puede y parece que pueden bastante… intuyen que se acaba lo que fue su oportunidad en la vida”, dice Suárez en referencia a la actual conducción del SOMU y suma denuncias sobre acuerdos salariales a la baja mediante un método repetido sistemáticamente, a su criterio.

“Desde que asumió la actual conducción, el SOMU se ha convertido en una mera caja sindical que drena hacia los bolsillos de una dirigencia voraz y que ha instrumentado su plan de negocios basado en: entrega de convenios, toda paritaria a la baja, saqueo permanente, no presentación de balance alguno, vaciamiento de la obra social, desidia, hostilidad hacia el afiliado, listas negras y persecución al que piensa distinto”, asegura Suárez y dice que esto afecta “a la pesca, la arena y piedra, mercante, remolcadores, casino y Buquebus, producto de una situación de inconducción (sic) y desmadre institucional sin precedentes” en los 117 años de historia del sindicato, concluye el escrito.