Revista Puerto 03-12-2020 - Karina Fernández Se realizan conferencias con especialistas de todo el mundo que advierten sobre el impacto que ya está generando el cambio climático en las especies pesqueras, pero todo sigue manejándose por los mismos carriles que hace cuarenta años. Se pesca todo lo que se puede y más dentro de las zonas económicas exclusivas y se ignoran muchas recomendaciones de protección. La pesca en áreas internacionales es directamente obscena: matanza de especies comerciales amenazadas en su sustentabilidad y pesca indiscriminada de especies en riesgo de colapso, sin que nadie le ponga coto. No solo se pescan especies amenazadas y protegidas, sino que existen acabadas pruebas de violaciones aberrantes de los derechos humanos, como la esclavitud. A ello debe sumarse el avance de la industria petrolera en los espacios oceánicos, que aporta una mayor perturbación en el ambiente. Los Estados de la región parecen no comprender la magnitud del problema y la unión entre el sector privado, la ciencia y las organizaciones civiles puede ser la única vía posible para ensayar alguna solución.

En la Argentina se sobrepasan solapadamente las capturas máximas porque a pesar de tener legalmente todo muy bien ordenado, muchas normas son violadas sistemáticamente hasta con paraguas aprobados por las propias autoridades pesqueras. La investigación carece de presupuesto, los biólogos cobran sueldos de pobreza y los barcos con tecnología de punta operan muy por debajo de sus potencialidades por falta de dinero para mantener activas las campañas.

Solo las campañas financiadas por el sector privado han logrado en los últimos años mantener la serie histórica de especies como el langostino y la vieira, después de más de una década sin datos. Con el resto de las especies, desde hace décadas, se hacen malabares matemáticos para tratar de dar herramientas de manejo a las autoridades y las recomendaciones precautorias, por imposición de la falta de información, son muchas veces pasadas por alto.

Por otra parte, los datos crudos de la investigación pesquera no son compartidos con el resto de la comunidad científica; y otras instituciones e investigadores se ven privados de avanzar en el estudio del ambiente. Ello impide tener una visión más acabada de la dimensión que tiene en los ecosistemas marinos el cambio climático y la acción del hombre. La noticia, generada desde el CONICET, de que el Frente del Talud se está reduciendo por un desplazamiento de la corriente de Brasil, vino a mover el tablero (ver En Argentina no existen estudios que relacionen pesquería y cambio climático).

Argentina tiene un orden establecido regido por el principio precautorio que solo debe cumplirse, eso depende de los funcionarios. Si ellos conceden ir contra las normas no habrá quien las cumpla.

La pesca debe ser ejemplar en el acatamiento de las normas, lograr certificaciones de calidad y sustentabilidad, para poder enfrentarse a un grave problema que la amenaza, las explotaciones petroleras offshore. El avance de la exploración sísmica puede tener graves consecuencias sobre especies comerciales si se produce en áreas y épocas de desove, lo cual solo puede evitarse si esa actividad se rige por los más altos estándares de sustentabilidad, algo que no acontece en absoluto. El trabajo exploratorio se maneja por declaración jurada e informes de consultoras pagados por las empresas petroleras.

Las exploraciones sísmicas pueden frenarse únicamente con el avance de la protección de los océanos y es en este punto donde los científicos, ambientalistas y empresarios pesqueros tiene su punto de encuentro dentro de la Zona Económica Exclusiva. Solo la unión puede hacer fuerza ante la poderosa industria petrolera y el Estado, que parecen no preocuparse por los impactos ambientales, económicos y sociales que pueden generar. En Brasil y Uruguay existe el mismo problema.

Pero hay además otro problema para la pesca tanto o más grave que las exploraciones sísmicas: la pesca ilegal o no reglamentada y declarada (INDNR-IUU) que se practica en aguas internacionales adyacentes al Mar Argentino. Acá existe otro punto de encuentro entre la pesca, los científicos y los ambientalistas, a la que debieran sumarse los Estados.

En los últimos años Argentina ha capturado un promedio anual de tres barcos ilegales dentro de su jurisdicción, con un muy deficiente control de la frontera marítima, de lo que puede inferirse que el número de barcos que ingresa es muy superior. De hecho, a principio de año unos cien barcos asaltaron nuestra plataforma marítima, situación que el gobierno intentó negar a pesar de los registros satelitales con los que se contaba (ver 95 barcos pescando ilegalmente en el Mar Argentino).

En el Atlántico Sur operan aproximadamente 600 barcos que pescan sin ley y sin control. En esta región un solo país ha adherido al acuerdo del Estado Rector del Puerto de la FAO, por lo tanto es el único con capacidad de generar una lista de barcos ilegales o sospechados de ilegalidad, denunciándolos ante los organismos internacionales. Ese país es Uruguay; pero lejos de ocupar el lugar de guardián de la sustentabilidad, hace usufructo de esta flota como su mayor proveedor de bienes y servicios.

Cuando aludimos a la Pesca INDNR no solo estamos hablando de destrucción del medio ambiente sino también de flagrantes violaciones a los derechos humanos. La organización Ocean5 ha financiado investigaciones en el puerto de Montevideo que dejaron al descubierto el arribo sistemático de muertos proveniente de esa flota, hecho recientemente ratificado por la Prefectura Naval Nacional de Uruguay. (ver DINARA habló sobre los fallecidos que llegan a Montevideo y la pesca ilegal).

Recientemente, editoriales del prestigio de National Geographic y el ganador del Pulitzer Ian Urbina han publicado informes sobre los desastres ambientales que genera la flota china y sobre violaciones, tortura y estafa a tripulaciones de barcos taiwaneses en aguas internacionales.

“Supri, que como muchos indonesios solo tiene un nombre, contó en una entrevista telefónica con National Geographic que el capitán lo atacó cinco veces. Estos ataques, cuenta Supri, incluían encerrarlo en un congelador cuando aún estaba mojado tras darse una ducha, darle palizas, mojarle la cara con una manguera y darle descargas con una pistola eléctrica”, escribe Rachel Forbar sobre la denuncia del tripulante que hoy, ya en tierra, padece problemas físicos y psicológicos tras la traumática experiencia a bordo del pesquero.

Poner freno a la Pesca INDNR en el Atlántico Sur es un deber, pero los países de la región no lo miran con la seriedad que merece. No lo hace Argentina, una de las más perjudicadas, vendiendo la idea de que, con un simple ajuste tarifario de las multas, logrará reducir el impacto. Mucho menos Uruguay, poniendo al servicio de esa flota los mecanismos que le permitan exportar como productos de la pesca sustentable, los frutos de ese saqueo.

Pero tampoco hace nada Brasil. Semanas atrás, en la Conferencia sobre Océanos celebrada en Uruguay, el diputado Rodrigo Agostinho, presidente de la Comisión de Ambiente de ese país, denunció que la Secretaría de Pesca de Brasil “está liberando la pesca de forma peligrosa y desregulando todas las reglas. Los barcos pesqueros de todo el mundo están limpiando nuestras poblaciones de peces, dañando la pesca artesanal y la biodiversidad”.

“Nuestro Ministerio de Medio Ambiente se ha convertido en un gran enemigo de nuestro equilibrio ambiental, desmantelaron consejos y cuerpos colegiados; desmantelaron fondos y todo el sistema de financiamiento de las políticas ambientales. Nuestro presupuesto para el año pasado nunca ha sido tan bajo, esto es visible en el departamento de forestación y nuestro departamento de áreas protegidas ha sido desmantelado”, afirmó Agostinho.

Si nadie en la región va a mirar seriamente lo que ocurre en el Atlántico Sur y acciona pronto para revertirlo, será imposible que algo cambie y peor aún el problema se agravará. Argentina, Uruguay y Brasil deben trabajar de forma mancomunada; y bajo el concepto de que se está tratando de entender al océano como un solo mar parece ser la única manera de lograrlo. Incluso con una visión más amplia desde el punto de vista de la sustentabilidad, se debería incluir a Chile y Perú, que casualmente son víctimas de los mismos barcos de esta flota depredadora, en el Pacífico.

Mientras el Atlántico Sur es saqueado, los tripulantes abusados, las exploraciones sísmicas se van consolidando y el calentamiento global viene avanzando, los Estados actúan como si se tratara del problema de otro.

No sirve que Uruguay sea Estado Rector del Puerto si no va a combatir la pesca INDNR, no sirve que Brasil extienda sus Áreas Marinas Protegidas si no son efectivas y permite el ingreso de barcos extranjeros sin ningún control; y tampoco sirve que Argentina declame una vigilancia y control de la que carece. Al revés de lo que reza el refrán popular, no solo hay que parecerlo sino que además hay que serlo.

Es evidente que lo que no genere e impulse el ámbito privado en unión con los investigadores y las organizaciones civiles, no saldrá de otros espacios. Frenar la pesca INDNR, regular o prohibir las exploraciones sísmicas y proteger áreas sensibles se presenta como una prioridad y el más importante desafío para el sector.

puerto