Revista Puerto 01-12-2020 - Roberto Garrone Los barros extraídos de la zona del área de giro en el dragado de 2017 en el puerto de Mar del Plata y que paradójicamente fueron tratados con la intervención de una empresa ambiental que los colocó en geotubos, se mantienen en una disputa judicial.

El viernes se realizó una audiencia pública entre los actores involucrados y el juez federal Santiago Inchausti decidió mantener la medida de no innovar sobre esos sedimentos que están ubicados en la zona del predio de los silos.

La denuncia fue interpuesta por Roberto Maturana quien entiende que la metodología aplicada, los geotubos, para reducir el impacto de barros contaminantes extraídos por la draga española, no está habilitada por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

“La OPDS se desdijo de su propia legislación aduciendo no tener nada que ver, en la cara del Fiscal y Juez Federal” le dijo el querellante a este medio. “Deben traer por orden del Juez toda la documentación requerida jamás presentada: estudio de impacto ambiental, análisis bacteriológicos de aguas y barros del puerto. Lo notable es que el especialista contratado por el Consorcio (Carlos Marcovecchio) no pudo conectarse a la audiencia virtual”, amplio Maturana.

El Consorcio Portuario había solicitado levantar la medida cautelar que rige desde febrero de 2019. El Juez se basa en un informe de análisis pericial de la Superintendencia Federal de Bomberos, que arrojaron resultado positivo en aceites, grasas y materia orgánica no polar, que deben ser considerados residuos peligrosos de acuerdo al Anexo II de la Ley 24.051

Ahora Inchausti mantiene la medida cautelar hasta tanto el Consorcio Portuario y la OPDS presenten la documentación ambiental referida al tratamiento y disposición final de los residuos. El costo estimado para tal objetivo ronda los 10 millones de dólares. Algo así como tres futuros dragados.

El fiscal General, Daniel Adler, partícipe de la audiencia, también se mostró favorable a mantener la cautelar. Al argumentar la posición tomada, el fiscal entendió como determinante lo dicho por la ingeniera de la OPDS Silvina Ambrosio, quien participó de la audiencia.

“Como autoridad de aplicación ambiental en la provincia de Buenos Aires dijo que no habían recibido las muestras y por lo tanto no tenía un diagnóstico suficiente sobre el residuo de la geomembrana, que pidieron análisis complementarios a quien hoy pide el levantamiento de la medida cautelar, el Consorcio Regional del Puerto y no fueron remitidos”, sostuvo el fiscal.

En el Consorcio cuestionan el informe de Bomberos y aseguran haber hecho muestras de todos los geotubos y resultados, que fueron negativos, remitidos a La Plata. Hay mucho malestar en la administración portuaria con la OPDS porque entienden que en lugar de avalar esas pericias solicitan otras nuevas adicionales que implican una gran erogación presupuestaria.

Y tomó en consideración también lo expuesto por la oficial Natalia Salmaso, de la División Ensayos y Análisis Pericial de Superintendencia Federal de Bomberos, quien ratificó el informe que consta en la causa respecto de la toxicidad del material, que permanece contrapuesto con lo dicho por el especialista en oceanografía química, Jorge Marcovecchio.

El representante del Ministerio Público Fiscal reparó en que “no tenemos hoy opinión de la autoridad ambiental sobre si los residuos que están en los piletones hace muchísimo tiempo, son o no son contaminantes”.

«No tenemos que tener respuestas formales sino materiales. Tenemos la obligación ética y legal de cuidar el medio ambiente no solamente para nosotros sino también para las futuras generaciones; eso es lo que impone la Constitución Nacional”, señaló el fiscal en la audiencia.

Desde el Consorcio rechazaron cualquier posibilidad de que este fallo ponga en riesgo el plan de licitación para el dragado que se realizará el año que viene, obra para la cual la Nación transfirió 200 millones de pesos.

Justamente uno de los pendientes que tiene el proceso administrativo para que se publiquen los pliegos es el visto bueno ambiental de la OPDS luego que se enviaran las muestras tomadas en distintos sectores del espejo interior para determinar la condición de los sedimentos y si los mismos podían arrojarse mar adentro o debían refularse y tratarse como se hizo en 2017.

Fuentes allegadas a Gabriel Felizia aseguraron que las muestras no detectaron elementos contaminantes por lo que estaban en condiciones de arrojarlos mar adentro.

El fiscal General, con el acompañamiento de funcionarios y personal de la Fiscalía Federal N° 2 y la intervención de la Unidad No Penal del Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata, había promovido la realización de la audiencia dada la particularidad del caso, que expone por un lado divergentes intereses en juego, sumado ello a los resultados disímiles que arrojaron los informes periciales incorporados al expediente.
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