La Voz del Interior 02-11-2020 - Alejandro Rollán La contradicción ha pasado a ser el sustrato sobre el cual el sector agropecuario se ve forzado a desarrollarse.

Mientras que desde el Gobierno se lo alienta, con beneficios impositivos temporales, a generar divisas con la venta de sus granos y a seguir invirtiendo para alcanzar el año próximo ingresos por más de 40 mil millones de dólares, desde la misma administración hay quienes fomentan su hostigamiento, por ejemplo, alentando la toma de campos.

Como si ya no fuera suficiente con la incidencia del clima y la volatilidad de los precios para condicionar su negocio, ahora el productor observa cómo la vulnerabilidad de la propiedad privada puede poner en peligro su patrimonio.

Desde mucho antes de que Argentina comenzara a construir su perfil de productor y proveedor mundial de alimentos, la propiedad privada está garantizada en el territorio nacional. Su primer mojón protector fue el Estatuto Provisional de 1815, luego ratificado por la Constitución Nacional de 1853. Se trata del derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo con la ley.

Lo sucedido en los últimos días en la estancia Casa Nueva, en la localidad entrerriana de Santa Elena y propiedad de la familia Etchevehere, implica retrotraer 200 años el Estado de derecho.

Debía ser la Justicia la encargada de resolver el conflicto familiar planteado en torno de la propiedad del establecimiento. La ocupación del campo generó un precedente negativo. Más si se tiene en cuenta que, como se denuncia, hubo funcionarios del Gobierno que apoyaron esa modalidad de resistencia.

“Resulta incomprensible el silencio y la inacción de una clase política que, al no manifestarse sobre las usurpaciones, las avala implícitamente y bastardea nuestra Constitución”, se quejó la Sociedad Rural de Jesús María, al mismo tiempo que se declaró en estado de alerta.

Pedido a cuenta

En este escenario, y sin ningún pronunciamiento por parte de las autoridades que logre disipar las dudas que genera este tipo de intromisiones, al sector se le pide que siga produciendo. Desde septiembre pasado y hasta diciembre, el productor agrícola va a invertir sólo en la siembra de soja y de maíz más de 7.000 millones de dólares. Una contribución que lo que menos requiere es seguridad jurídica para poder llevarla a cabo.

El Gobierno es el primer interesado en que al agro le vaya bien en la próxima cosecha. A tal punto que ya está contando plata a cuenta de los futuros ingresos.

Según el economista del Ieral de la Fundación Mediterránea Juan Manuel Garzón, la cosecha de soja y de maíz podría aportar –en función de la evolución del clima y con precios normales– entre 33 mil millones y 40 mil millones de dólares; significaría entre 137 millones de dólares menos y 6.800 millones más que la última campaña.

Sobre esa hipotética caja, que recién comenzaría a generar divisas a partir de abril próximo, descansa la estrategia oficial para contener el dólar, según la estrategia del Ministerio de Economía, y no tener que recurrir a la devaluación.

En un escenario de alta volatilidad como el que transita la economía nacional, pensar en una solución para dentro de seis meses es al menos arriesgado. Que lo normal sea acostumbrarse a lo peligroso no significa que sea lo correcto.